El debate legislativo nacional en torno a las modificaciones de la Ley de Salud Mental generó un fuerte rechazo y profunda preocupación entre los profesionales de la salud.
Desde el Colegio Profesional de Psicólogos y Psicólogas de Chubut, la postura fue categórica: advirtieron de manera tajante que los cambios impulsados en el Congreso no apuntan a resolver el fondo de los problemas estructurales que colapsan los centros asistenciales, donde la demanda de atención crece a pasos agigantados tanto en el ámbito público como en el privado.
Durante una presentación institucional, Natalia Andraca (matrícula 778), secretaria e integrante de la comisión directiva de la entidad provincial, remarcó que la norma original sancionada en 2010 por unanimidad posee un sólido consenso técnico y social. En esta línea, enfatizó que las graves dificultades operativas cotidianas no nacen de fallas en el texto legal, sino del histórico desfinanciamiento y la falta de recursos que castiga al sistema sanitario.
Demanda en aumento, déficit de profesionales y rechazo a los manicomios
El posicionamiento del sector detalla que el exponencial incremento de consultas en los hospitales públicos responde de manera directa a la compleja coyuntura socioeconómica y a la pérdida masiva de fuentes laborales, factores que erosionan severamente el bienestar de la comunidad. Ante este panorama crítico, los especialistas subrayan que la prioridad absoluta debe ser la inyección de los fondos necesarios para aplicar plenamente la ley en todo el territorio provincial.
Asimismo, la entidad advirtió sobre el alarmante déficit histórico de recursos humanos especializados como psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales en ciudades clave como Comodoro Rivadavia, lo que satura las guardias y a los equipos interdisciplinarios encargados de atender urgencias y tratamientos prolongados.
Otro de los puntos más cuestionados gira en torno al temor latente de que las modificaciones presupuestarias desfinancien las políticas de abordaje comunitario, abriendo la puerta a la reintroducción de los antiguos modelos manicomiales. Por el contrario, los profesionales exigen potenciar los dispositivos intermedios, tales como casas asistidas, viviendas de medio camino y acompañamientos terapéuticos personalizados.
Criterios estrictos para internaciones y redes de apoyo comunitario
Para llevar claridad sobre el manejo clínico de los pacientes, el sector profesional ratificó que las internaciones involuntarias se continúan rigiendo bajo estrictas evaluaciones de equipos interdisciplinarios integrados por médicos, psicólogos y trabajadores sociales, aplicándose exclusivamente ante situaciones de riesgo cierto e inminente.
La prioridad institucional debe enfocarse en garantizar redes de contención sostenidas dentro de la propia comunidad para evitar la desprotección de los sectores más vulnerables.