La Auditoría General de la Nación incluyó en su plan de control el proceso de adjudicación de la Vía Navegable Troncal. La concesión a 25 años otorgada a Jan De Nul y Servimagnus enfrenta cuestionamientos de la fiscalía por discrecionalidad, advertencias de Estados Unidos y denuncias sobre socios ocultos ligados al oficialismo.
La Auditoría General de la Nación (AGN) incluyó formalmente en su Programa de Acción para 2027 el examen sobre la licitación y adjudicación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una de las concesiones estratégicas de mayor impacto económico para la Argentina. La medida, aprobada por el Colegio de Auditores a la espera de la ratificación de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, pondrá bajo lupa el contrato firmado en julio pasado con el consorcio integrado por la firma belga Jan De Nul y la compañía local Servimagnus.
La Vía Navegable Troncal es una arteria clave por la que circula cerca del 80% de los ingresos por exportaciones del país y que genera una facturación estimada de entre u$s200 y u$s300 millones anuales durante el período de concesión establecido a 25 años.
Observaciones del Ministerio Público Fiscal y reproches internacionales
El proceso de adjudicación acumula severos cuestionamientos institucionales. El fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, en representación del Ministerio Público Fiscal, advirtió sobre:
“Una grave vulneración al principio de transparencia debido a la carencia de parámetros objetivos para la calificación de ciertos aspectos de las ofertas técnicas. La ausencia de reglas claras otorga a la Comisión Evaluadora un margen de discrecionalidad excesivo, habilitando la posibilidad de que los criterios de calificación sean adaptados de forma subjetiva o arbitraria”, señaló la presentación judicial.
A la impugnación del fiscal se sumaron los reparos de la diplomacia de Estados Unidos, que expresó sospechas sobre presuntas conexiones no declaradas con capitales de China, a pesar de que los pliegos de la licitación excluían expresamente a empresas con participación estatal de esa nación asiática.
Exclusiones en la licitación y denuncias en Comodoro Py
El proceso licitatorio fue eliminando a otros actores del sector naval internacional:
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DTA Engenharia (Brasil): Su propuesta fue declarada «inadmisible» en la primera fase por inconsistencias en las garantías de oferta.
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DEME (Bélgica): Quedó en segundo término con 162,14 puntos, frente a los 186,2 puntos asignados al consorcio ganador.
Asimismo, la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, a través de Fernando Miguez y la abogada Marcela Scotti, promovió una denuncia penal ante la Justicia Federal de Comodoro Py y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). La presentación judicial denunció una presunta maniobra de direccionamiento mediante un pliego «a medida» para beneficiar al operador actual y estimó un perjuicio potencial para el Estado de u$s7.000 millones, bajo imputaciones de fraude a la administración pública, asociación ilícita y negociaciones incompatibles.
La trama empresarial y los vínculos con Neuss Capital
Uno de los ejes que analizará la AGN es la participación del Grupo Neuss (Neuss Capital) como subcontratista clave en el esquema operativo diseñado tras la firma del contrato.
Los directivos de la firma, los hermanos Juan y Patricio Neuss, han cobrado relevancia en el mapa corporativo y político reciente:
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Mecenazgo político: El grupo empresarial es señalado como uno de los principales aportantes de la Fundación Faro, la usina de formación política de La Libertad Avanza dirigida por Agustín Laje y Francisco Caputo.
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Diversificación de negocios: A través de la firma Edison Energía, constituida un año atrás, obtuvieron la licitación de Transener por u$s300 millones en sociedad con Genneia.
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Composición del consorcio: La operadora local Servimagnus pertenece a la familia Román (Ricardo, Leonardo y Karina Román), quienes comparten la prestación de servicios de dragado y balizamiento en el entramado de empresas adjudicatarias.