Tras la masiva movilización y los incidentes frente al Congreso, la Casa Rosada tildó la protesta de «política» y cerró la puerta a una negociación general con el CIN. Desde las casas de estudio denuncian que la falta de respuestas financieras convierte al sistema en una «olla a presión».
Tras una nueva jornada de protesta nacional, el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario ingresó en una etapa de máxima tensión. Luego de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional calificó la manifestación como un acto estrictamente «político», descartó reabrir negociaciones colectivas con los rectores y ratificó su pauta presupuestaria de equilibrio fiscal.
En la vereda opuesta, las autoridades de las casas de altos estudios lanzaron una dura advertencia sobre el impacto de la falta de partidas: aseguraron que el sistema es una «olla a presión» y que, de no encontrarse una solución económica en el Congreso o la Justicia, la continuidad de las actividades en el ciclo lectivo 2027 estará en serio riesgo.
La postura del Ejecutivo: rechazo a la marcha y mesa de diálogo individual
La Quinta Marcha Federal Universitaria volvió a movilizar a miles de estudiantes, docentes y no docentes en los principales centros urbanos del país. No obstante, el cierre de la jornada en las inmediaciones del Congreso nacional estuvo cruzado por disturbios entre manifestantes encapuchados y las fuerzas de seguridad, que dejaron un saldo de más de 30 detenidos.
Desde la Casa Rosada restaron legitimidad al reclamo y apuntaron contra la presencia de referentes de la oposición y de sectores sindicales. «De universitaria tuvo poco. Cuando ves las imágenes de los encapuchados enfrentándose con la policía, ahí no hay mucho universitario que digamos», argumentaron altas fuentes oficiales.
En esa misma línea, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionó los incidentes ocurridos al término del acto y remarcó el carácter partidario del evento: «Así los universitarios reclaman sus derechos. Como toda marcha política, puede embanderarse detrás de un reclamo genuino con el intento de generar un conflicto y mostrar una imagen de disturbio».
Asimismo, desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, dejaron en claro que el Gobierno no recibirá a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para entablar negociaciones de conjunto. La estrategia oficial será entablar contactos individuales «uno por uno» con rectores de manera bilateral, como la reciente reunión concretada junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, con las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán.
Disputa presupuestaria: el reclamo de 11 billones de pesos
El centro de la controversia está fijado en la discusión del Presupuesto 2027 que analiza la Cámara de Diputados. Mientras que el proyecto girado por el Ejecutivo asigna un monto cercano a los $7,3 billones para el conjunto de las universidades nacionales, las proyecciones elaboradas por el CIN demandan más de $11 billones para garantizar el funcionamiento operativo, los salarios docentes y la infraestructura básica.
Desde el Gobierno reiteran que no flexibilizarán las metas monetarias: «Los recursos son finitos, no podemos disponer de ellos de manera que no tenga una contrapartida o reflejo en el gasto. Hay una premisa en el Presupuesto, que es el equilibrio o el superávit fiscal», señalan en los pasillos de Balcarce 50.
Las universidades advierten por el ciclo lectivo y miran al Congreso
La postura del Ejecutivo generó una profunda preocupación entre los referentes de las instituciones públicas de educación superior, quienes denunciaron el vaciamiento de los canales institucionales de diálogo.
«Hoy no hay ningún diálogo. Esta semana demostraron, con la virulencia y todos los ataques, poca voluntad para dialogar», planteó una alta fuente del ámbito universitario, señalando además que dentro del organigrama oficial «nadie se hace cargo» de la gestión del conflicto.
Frente al congelamiento de los recursos, las autoridades académicas advierten sobre la imposibilidad material de sostener la normalidad en las aulas durante los próximos meses.
«La universidad es una olla a presión, es inevitable. Esto no arranca el año que viene si no se resuelve. Por condiciones objetivas salariales y materiales, y por el estado de ánimo de la comunidad universitaria», alertaron.
Ante el estancamiento de la vía administrativa, la estrategia del sistema universitario apunta a dos frentes concurrentes:
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La vía judicial: Tras la cautelar del juez federal Martín Cormick a favor de la actualización de salarios y becas fijada en la Ley de Financiamiento Universitario —cuya apelación oficial llegó hasta la Corte Suprema—, los rectores reconocen que la resolución de fondo «va a llevar tiempo».
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La vía parlamentaria: La apuesta central pasa por incluir una partida de $9,7 billones en el Presupuesto 2027 para dar cumplimiento efectivo a la ley impulsada por el Congreso. «Lo racional sería que incorporen la Ley de Financiamiento en el Presupuesto. Cumplen con la ley y se resuelve el problema», explicaron fuentes del sector, confiando en tejer acuerdos con bloques opositores y gobernadores de Provincias Unidas para torcer el rumbo de la votación en la Cámara Baja.