El respaldo político y financiero que recibió Javier Milei en Estados Unidos convive con la preocupación de las petroleras por la iniciativa de soberanía nacional y la incertidumbre sobre el costo social de la transición económica.
La reciente gira de Javier Milei por Washington expuso con nitidez la brecha entre el entusiasmo que despierta el potencial energético argentino en los centros financieros internacionales y las tensiones sociopolíticas que atraviesa el país en el plano interno. Tras ser condecorado en la Cámara de Comercio de Estados Unidos por su defensa de la libre empresa, el mandatario ratificó el rumbo de su gestión, calificado por él mismo como un “milagro”, mientras en Buenos Aires se registraban duros enfrentamientos frente al Congreso durante las manifestaciones por el presupuesto universitario.
Este contraste marca la agenda que analizan con detenimiento diplomáticos, inversores y analistas norteamericanos: la capacidad del Gobierno para consolidar las reformas de largo plazo sin que el malestar social comprometa la gobernabilidad o los resultados electorales de 2027.
La «ley Malvinas» y la preocupación del sector petrolero
A pesar de la fuerte afinidad ideológica y la sintonía estratégica entre la administración argentina y el entorno de Donald Trump, en los despachos norteamericanos emergió una inquietud concreta relacionada con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
Impulsada desde la Secretaría Legal y Técnica y con la venia de Santiago Caputo, la norma busca sancionar a empresas que exploten recursos en las Islas Malvinas sin autorización. Sin embargo, en Washington advierten que la iniciativa podría generar un «efecto bumerán» al levantar barreras operativas para las propias inversiones que el Ejecutivo pretende atraer a Vaca Muerta y a los proyectos de Gas Natural Licuado (GNL).
La industria hidrocarburífera global opera mediante una red interconectada de grandes proveedoras internacionales que frecuentemente prestan servicios tanto en el Atlántico Sur como en los yacimientos continentales. Casos como el de la firma Bluewater —proveedora de monoboyas para el oleoducto Vaca Muerta Sur liderado por YPF y vinculada a Sea Lion— o Fugro —investigada por sus tareas en Malvinas pero contratada para el proyecto Argentina LNG— demuestran cómo la rigidez normativa podría encarecer costos, frenar exploraciones o paralizar la actividad energética.
Paralelamente, aunque Trump utilizó la «ambigüedad estratégica» al sugerir una revisión de la postura norteamericana sobre el archipiélago, analistas en la capital estadounidense aclaran que Washington no prevé abandonar su tradicional neutralidad diplomática en el reclamo de soberanía.
Proyecciones energéticas y compromisos de largo plazo
A pesar de los reparos regulatorios, los números del sector energético sostienen el interés de las multinacionales. Desde YPF proyectan que el desarrollo de los yacimientos permitirá sumar más de US$ 30.000 millones anuales en exportaciones hacia 2030, alcanzando un superávit comercial energético de US$ 45.000 millones a partir de 2031.
En tanto, firmas privadas como Pan American Energy (PAE), integradas en el consorcio Southern Energy, formalizaron acuerdos para exportar a Alemania dos millones de toneladas anuales de GNL por un período de ocho años comenzando en 2027, lo que representa divisas estimadas en más de US$ 7.000 millones.
Tres escenarios para 2027 y el desafío de la transición
En la banca internacional que sigue el riesgo argentino se analizan actualmente tres hipótesis políticas de cara a las próximas elecciones presidenciales:
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Reelección de Javier Milei: Considerada la alternativa más probable, sustentada en la consolidación del equilibrio fiscal y la llegada de inversiones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
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Un peronismo moderado: La emergencia de un gobierno de signo opositor que conserve la orientación pro-mercado y el marco normativo energético, pero con mayor foco en el consumo interno y la producción local.
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Reversión del modelo: Un escenario considerado de menor probabilidad debido a los contrapesos parlamentarios, el rol de los gobernadores provinciales interesados en la minería y el petróleo, y las divisiones internas en la oposición.
Finalmente, analistas de Wall Street y Washington coinciden en que el mayor desafío inmediato del Gobierno no pasa únicamente por la macroeconomía, sino por gestionar el costo social de la transición. ADvierten que la reasignación de empleo desde los sectores urbanos rezagados hacia los polos energéticos y mineros no ocurre a la velocidad que exige el calendario electoral, por lo que sugieren complementar el ajuste con herramientas de crédito y alivio fiscal para evitar que la tensión social condicione la continuidad del programa.