El diputado Michel liquidó la privatización y alertó por fuertes tarifas.
Una durísima denuncia sacudió el escenario político e institucional del país luego de que el diputado nacional por Unión por la Patria, Guillermo Michel, cuestionara severamente las condiciones bajo las cuales el Gobierno de Javier Milei pretende privatizar la empresa de agua y saneamiento AySA.
Denuncia por precio regalado, conflicto de intereses y la AGN en alerta
El legislador peronista advirtió que la operación busca entregar el 90% del paquete accionario de la compañía estatal por apenas 340 millones de dólares, una cifra totalmente irrisoria si se toma en cuenta que la firma generó ganancias operativas por 273 millones de dólares durante el año pasado.
Con cuatro millones de conexiones activas, el precio estimado representa tan solo 100 dólares por usuario conectado, una valuación que, según Michel, implica vender una concesión otorgada por 360 meses a cambio de lo que facturarían en tan solo tres meses de prestación.
Sumado a la cuestión económica, el parlamentario alertó sobre un grave conflicto de intereses dentro del consorcio adquirente, debido a que entre los nuevos dueños participan firmas que actualmente se desempeñan como proveedoras habituales de AySA. «Ellos van a estar de los dos lados del mostrador.
Van a ser los dueños de AySA, que a su vez se dan vuelta y contratan a sus propias empresas. ¿Qué valor van a pagar por esa materia prima o esos servicios? ¿A un valor que le sirva a AySA o a un valor que le sirva a sus empresas privadas?», cuestionó en declaraciones radiales, exigiendo la intervención urgente y de lleno de la Auditoría General de la Nación (AGN), replicando el esquema de control ya utilizado sobre la Hidrovía.
Impacto en tarifas del conurbano, vías judiciales y el modelo YPF
Las consecuencias de esta transferencia de control golpearán de lleno a más de 16 millones de usuarios en el conurbano y la provincia de Buenos Aires. Michel subrayó que el acceso al agua constituye un derecho fundamental e inalienable, expresando una profunda preocupación por el inminente escenario en el que se apliquen aumentos tarifarios descomunales o cortes masivos del suministro a los vecinos.
Actualmente, existen dos causas en trámite para frenar e investigar el proceso privatizador: una radicada en la Justicia en lo Contencioso Administrativo y otra impulsada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
Frente a la entrega total de la gestión, el diputado propuso un esquema alternativo de participación mixta inspirado en el funcionamiento de YPF, donde el Estado nacional mantenga un 51% accionológico para fijar planes de obras y congelar tarifas desmedidas, licitando el 49% restante en mercados transparentes para captar inversiones.
Asimismo, instó al gobierno de la provincia de Buenos Aires a sumarse a las presentaciones judiciales para frenar una medida que afectará de manera directa e irreversible la economía familiar de millones de bonaerenses.