Contestaron la polémica frase sobre las pensiones y el número de guerras.
Un durísimo cruce institucional estalló luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, justificara el cuestionamiento oficial hacia las pensiones no contributivas por invalidez laboral asegurando que su crecimiento en los últimos 20 años —al pasar de 75.947 a 1.221.977 beneficiarios entre 2001 y 2023— representaba un número «similar a países que tuvieron o tienen guerras».
La polémica frase sobre las pensiones y la cruda realidad de la pobreza
Frente a esta aseveración, el Foro Permanente de Discapacidad emitió un categórico descargo afirmando que la postura oficial está «cargada de silencios que no permiten dar cuenta del motivo de dicho crecimiento», recordando que el incremento se debió a una decisión de política pública que eliminó el cupo rígido de 80.000 prestaciones y salió a respaldar a personas en situación de extrema vulnerabilidad, incluyendo a niños en edad escolar golpeados por la pobreza estructural.
La organización civil enfatizó que, si bien el país no atravesó conflictos bélicos armados en el periodo mencionado,padece desde hace décadas una pobreza estructural profunda que enferma, desnutre y genera discapacidades permanentes al impedir el acceso básico a la salud, medicamentos, rehabilitación e integración social.
La entidad fue tajante al responder a la administración central: «Sr. vocero, en sus palabras vemos ignorancia de datos internacionales y nacionales respecto del número de personas con discapacidad», detallando que existen al menos 1.500.000 personas con discapacidad sumergidas en la pobreza en Argentina que requieren indefectiblemente del acompañamiento estatal para subsistir.
Datos inconsistentes, el 0,0086% de error y la denuncia de criterio selectivo
El Foro desarmó técnicamente el argumento del Gobierno nacional al demostrar la inconsistencia del porcentaje de irregularidades detectadas. La entidad expuso que sobre 21.812 pensiones suspendidas, las autoridades solo fundamentaron irregularidades concretas en 105 casos, lo que representa un ínfimo 0,48% del total suspendido y un casi inexistente 0,0086% sobre el padrón general de beneficiarios, dejando al descubierto que se intenta estigmatizar al conjunto del colectivo a partir de un margen de error insignificante que no justifica el recorte sobre derechos elementales.
Finalmente, el colectivo puso el foco en la doble vara del vocero presidencial al señalar que se guarda un absoluto silencio ante las denuncias por supuestos sobreprecios y compras no justificadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) imputadas a exfuncionarios del propio oficialismo.
«Pareciera existir en Ud. un criterio selectivo: los indicios de corrupción que merecen ser comentados son únicamente aquellos que involucran a la oposición», sentenciaron desde el Foro, advirtiendo que se busca instalar una narrativa estigmatizante en la opinión pública para validar futuros ajustes sobre la población con discapacidad.