Las reglas de juego para los grandes proyectos de inversión en la Argentina acaban de sufrir una modificación sustancial que enciende las alarmas en el entramado productivo nacional.
A través de una resolución oficial publicada en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo decidió redefinir quiénes pueden abastecer de insumos y obras a los megaemprendimientos,abriendo la puerta de par en par a compañías de capitales foráneos en un segmento que hasta hoy funcionaba como resguardo para las firmas locales.
Las empresas extranjeras que se encuentren radicadas en el país podrán calificar como proveedores locales del RIGI, quitándoles de este modo la exclusividad del cupo mínimo del 20% que estaba destinado a las compañías de capital nacional.
Qué cambia el Decreto 1366/2026 en la Ley 27.742
La modificación fue instrumentada mediante el Decreto 1366/2026, como parte de una batería de retoques aplicados por la administración de Javier Milei sobre los criterios reglamentarios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (regulado por la Ley 27.742). Originalmente, la normativa exige que los proyectos adheridos comprometan al menos el 20% del monto de inversión destinado a la compra de bienes y obras en proveedores locales, siempre que exista oferta disponible en condiciones competitivas de precio y calidad.
Con la nueva disposición, el Gobierno alteró la definición regulatoria clave: se eliminó la exigencia previa que obligaba a combinar la radicación física con el control societario local, reemplazándola por un criterio exclusivo de constitución y domicilio legal en la Argentina. En la práctica, cualquier firma constituida y domiciliada en territorio argentino pasa a ser considerada formalmente un proveedor local.
El impacto directo en la industria argentina y las pymes
Este giro normativo otorga una ventaja competitiva de peso al capital internacional dentro del propio mercado interno. Bajo el nuevo esquema, una compañía de patrimonio íntegramente extranjero constituida en la Argentina que fabrique equipamiento para proyectos mineros podrá computar perfectamente dentro del cupo obligatorio del 20% de compras locales, sin importar que el cien por ciento de sus accionistas residan en el exterior.
Como consecuencia directa de este cambio de reglas, alcanzar el piso porcentual exigido por la ley ya no asegura que las contrataciones favorezcan prioritariamente a empresas controladas por capitales argentinos, lo que plantea un escenario de fuerte competencia y preocupación para las pymes y la industria nacional.
