El diputado Glinski presentó un proyecto de ley para reactivar Chubut usando el 2% al 5% de las retenciones a los hidrocarburos.
En una propuesta legislativa orientada a revertir la crisis por el declive de la producción petrolera convencional en la Patagonia, el diputado nacional por Chubut, José Glinski, presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para crear el denominado «Aporte Hidrocarburífero para la Acuicultura».
Glinski busca usar la renta petrolera para desarrollar la acuicultura en Chubut
La iniciativa parlamentaria establece que entre un 2% y un 5% de lo recaudado por derechos de exportación de petróleo y gas sea redirigido de manera directa al Fondo Nacional para el Desarrollo de Actividades Acuícolas (FONAC), incrementándose al techo del 5% cuando el barril de crudo de referencia internacional alcance o supere los 80 dólares.
La medida busca diversificar la matriz económica, promover alternativas sustentables y generar nuevos puestos de trabajo en provincias golpeadas por la baja de la actividad hidrocarburífera. «Presentamos un proyecto de ley para capturar parte de la renta hidrocarburífera y utilizar esos recursos para financiar una actividad que tiene un enorme potencial para Chubut y para la Argentina: la acuicultura, es decir, la cría y el cultivo de peces y mariscos», detalló el legislador, ejemplificando el éxito de Chile, donde este sector genera unos 80.000 empleos y exportaciones por 6.000 millones de dólares.
Sin nuevos impuestos: auxilio prioritario a las cuencas maduras en declive
Glinski remarcó categóricamente que la iniciativa normada no impone nuevos tributos ni modifica las alícuotas o cargas fiscales vigentes que abonan las empresas operadoras del sector energético. «No estamos planteando sacarle más plata a las petroleras.
Estamos proponiendo que una parte de las retenciones que ya cobra el Estado nacional se utilice para desarrollar una nueva actividad productiva y generar trabajo», fundamentó el parlamentario, remarcando la necesidad urgente de reconvertir el modelo productivo regional antes del agotamiento definitivo de los yacimientos.
El texto de la norma impone un criterio distributivo federal, exigiendo que al menos el 30% de los fondos destinados a proyectos productivos e infraestructura acuícola se asigne prioritariamente a las provincias productoras de hidrocarburos.
El beneficio dará preferencia estricta a aquellas jurisdicciones que enfrenten caídas sostenidas en la producción convencional, cierre de áreas o pérdida de puestos de trabajo. El esquema prevé líneas de financiamiento para infraestructura, emprendimientos, investigación, capacitación y tecnología, priorizando a cooperativas y pequeños productores de la región.