Todas las fuerzas políticas avanzaron en comisión para garantizar la continuidad de prestaciones clave.
En una jornada de alta relevancia institucional, el Senado de la Nación dio un paso decisivo hacia la consolidación de un marco de protección social para las personas con discapacidad.
Acuerdo transversal en el Senado para asegurar los derechos en discapacidad
Un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano —encabezadas por el senador libertario Agustín Monteverde y la legisladora peronista Alicia Kirchner— logró un amplio consenso transversal para emitir dictamen favorable al proyecto de ley de discapacidad.
La iniciativa cuenta con el firme respaldo de La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, la UCR y diversas bancadas provinciales, fijando su tratamiento definitivo en el recinto para la sesión del próximo 19 de noviembre.
El texto acordado conserva los beneficios esenciales contemplados en la normativa de emergencia previa. Al respecto, la jefa del bloque oficialista,Patricia Bullrich, celebró la vocación de diálogo al manifestar que la necesidad de superar la coyuntura crítica impulsó al Congreso a buscar salidas constructivas en lugar de profundizar la confrontación.
Compatibilidad laboral, beneficios patronales y respuesta a los aliados
Uno de los pilares centrales de la propuesta radica en mantener de forma plena la compatibilidad entre la percepción de la pensión por discapacidad y la inserción en el mercado de trabajo formal.
Bullrich enfatizó que el empleo constituye la herramienta fundamental para afianzar la autonomía personal e integración social, destacando además la prórroga de los incentivos fiscales para empleadores que concreten contrataciones por tiempo indeterminado, el fortalecimiento del régimen de empleo protegido y la cobertura integral de salud.
La obtención de esta ley resulta determinante para la estrategia del Poder Ejecutivo, ya que permite dar una respuesta concreta a las demandas de los bloques aliados.
Cabe recordar que estos sectores exigían un instrumento legal expedito que garantice la continuidad ininterrumpida de los servicios asistenciales, ante el próximo vencimiento de la ley de emergencia votada el año pasado por la oposición y posteriormente vetada por el presidente Javier Milei.