Un gravísimo caso de presunta negligencia médica conmueve a la comunidad patagónica tras conocerse la imputación formal contra una profesional de la salud.
La dramática situación no solo dejó secuelas físicas irreversibles en una joven madre, sino que también truncó sus sueños de inserción laboral en plena juventud.
La jueza de garantías Laura Martini dispuso la apertura de una investigación penal por el plazo de seis meses contra una licenciada en obstetricia del Hospital de Rawson, identificada como L.R., tras ser imputada por el delito de lesiones graves culposas. El aberrante hecho se desató el pasado 20 de marzo, cuando una paciente de 22 años acudió al nosocomio capitalino para la colocación de un implante anticonceptivo subdérmico y la profesional le habría administrado una sustancia desconocida en lugar del anestésico habitual (lidocaína), provocándole una severa necrosis en el brazo izquierdo que obligó a una urgente intervención quirúrgica para extirpar el dispositivo.
Daños colaterales, pruebas claves y el avance de la causa judicial
Durante la audiencia formal, la víctima relató que las consecuencias físicas vinieron acompañadas de un duro revés emocional y personal, ya que la lesión arruinó los trámites y exámenes médicos que venía realizando con gran esfuerzo para lograr su ingreso a la Policía de la Provincia, sumado a la total pérdida de confianza en el sistema sanitario.
El requerimiento de apertura fue impulsado por la abogada de Fiscalía Daiana Sandoval, bajo la supervisión del fiscal general Leonardo Cheuquemán Levill. Entre los contundentes elementos probatorios incorporados al expediente se destacan historias clínicas, informes forenses, testimonios de familiares y profesionales del hospital, además de evidencias recolectadas durante un allanamiento en el centro de salud. Por su parte, el codefensor de la imputada, el letrado Emilio Galende, no formuló oposición a la investigación ni a la calificación legal, por lo que la magistrada ratificó los seis meses de plazo para profundizar las pruebas e instó a evaluar posibles salidas alternativas al conflicto mientras avanzan las responsabilidades penales.