La Libertad Avanza buscará avanzar este miércoles en la Cámara de Diputados con la aprobación del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional —conocido como ley Malvinas— y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
La sesión, convocada para las 12 por el presidente del cuerpo, Martín Menem, y formalizada por el secretario parlamentario Adrián Pagán, se desarrollará en medio de un clima de negociación abierta con los bloques dialoguistas debido a las objeciones sobre diversos artículos penales de la iniciativa.
El principal foco de conflicto radica en el Título VII del proyecto, denominado “Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales”, que introduce modificaciones en los códigos Electoral y Penal de la Nación. Pese a que el Poder Ejecutivo ofreció cambios en la redacción tras una reunión entre legisladores y la subsecretaria de Planeamiento Estratégico, Paula Taddei —quien asistió en reemplazo de María Ibarzabal Murphy—, las correcciones no lograron destrabar el rechazo de la oposición dialoguista.
El rechazo de los aliados al capítulo sobre injerencia extranjera y expresión
Según fuentes legislativas que habitualmente acompañan al oficialismo en la construcción de mayorías, el reclamo de los bloques aliados consiste en la supresión total del apartado cuestionado y no en una mera reformulación. Para su aprobación, ese capítulo requiere una mayoría absoluta de 129 votos afirmativos, dado que altera la normativa electoral vigente.
La diputada radical Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) ratificó su postura contraria al señalar que no comparte la incorporación de tipos penales vinculados a la expresión, al considerarlos innecesarios para el objeto de una ley de defensa nacional. En una línea crítica aún más enfática, la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade advirtió que su espacio mantiene una posición inalterable contra el proyecto, al sostener que el Ejecutivo busca contar con una herramienta de control social y político.
El debate técnico se concentra en la figura de “campaña de injerencia extranjera”, con la que el Gobierno propuso reemplazar la mención original a las “campañas coordinadas de desinformación masiva”. Aunque el nuevo borrador excluye expresamente al periodismo, la diplomacia, la investigación académica y la representación abierta de intereses, mantiene penas de cinco a 12 años de prisión para actuaciones clandestinas o engañosas vinculadas a agentes extranjeros, un punto que los aliados consideran difícil de probar y riesgoso para la libertad de expresión.
Sanciones en Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
Más allá de la controversia penal, el núcleo del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional establece un severo régimen sancionatorio contra quienes exploren o exploten recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La iniciativa contempla penas de prisión, multas valuadas en barriles de petróleo, inhabilitaciones y restricciones económicas —como la imposibilidad de contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales—, además de cambios en las estructuras de seguridad nacional e inteligencia.
En paralelo, el recinto tratará en segunda revisión la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que regresa desde el Senado con modificaciones en su artículo tercero. La Cámara alta eliminó la exigencia de una mayoría especial de dos tercios de ambas cámaras para remover a los miembros del Directorio, manteniendo únicamente el acuerdo del Senado para su designación, un cambio que había sido reclamado por el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, para equiparar los criterios de nombramiento y destitución.
Durante el tratamiento previo en el Senado, la senadora oficialista Patricia Bullrich había defendido el espíritu de la norma argumentando la necesidad de impedir que la autoridad monetaria continúe financiando al Tesoro mediante emisión, reforzando así la preservación del valor de la moneda, nuevas reglas para la distribución de utilidades y la independencia del organismo.
Acuerdos internacionales, traspaso judicial y Pymes en el temario
La agenda parlamentaria dispuesta para este miércoles se completa con un paquete de acuerdos internacionales y medidas de gestión institucional que el oficialismo busca sancionar antes del cierre del período ordinario:
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Acuerdos comerciales: Se someterán a votación el Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y el Mercosur, junto con la Enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del bloque regional.
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Transferencia de competencias judiciales: Se debatirán los convenios suscriptos en julio entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para traspasar al Poder Judicial porteño competencias penales de la Justicia Nacional y la función judicial en materia criminal y correccional de menores.
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Régimen MiPyME: Se incluye un dictamen que modifica el artículo segundo de la Ley 24.467 con el objetivo de habilitar a las cooperativas a tramitar y obtener el certificado MiPyME.
