La fiscal Paula Ochoa apunta al uso de recursos estatales tras el escape de Bolsonaro.
Un verdadero estallido judicial y diplomático salpica a los organismos nacionales tras el avance de la causa que investiga el escape de territorio sudamericano del excandidato a presidente de Brasil, Flávio Bolsonaro.
La Justicia sospecha el uso de fondos públicos en el escape a Estados Unidos
La fiscal federal Paula Ochoa solicitó formalmente una batería de medidas de prueba de alta sensibilidad para determinar si se utilizaron fondos públicos y estructura del Estado argentino para facilitar la huida del dirigente brasileño hacia los Estados Unidos,habiendo ingresado de manera clandestina o irregular por la provincia de Misiones para volar posteriormente rumbo a Miami.
El requerimiento fiscal fue presentado de manera directa ante el despacho de la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Con esta presentación, el Ministerio Público busca profundizar las responsabilidades administrativas y penales sobre el itinerario que permitió el despegue del político opositor brasileño desde el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú,burlando los controles fronterizos continentales.
Cámaras de seguridad, alertas de Migraciones y pedidos a Cancillería
La causa, radicada en el Juzgado Federal N° 5, ya contaba con medidas preliminares ordenadas por la jueza Capuchetti.Entre las primeras instrucciones impartidas, la magistrada dispuso la preservación urgente de los registros audiovisuales de las cámaras de seguridad que registraron el trayecto completo de Flávio Bolsonaro: desde su ingreso formal o informal por la frontera misionera, su paso por los puestos de Migraciones y su permanencia en la terminal aérea de la ciudad de Puerto Iguazú antes de abordar el vuelo internacional.
Asimismo, la Justicia requirió informes oficiales con carácter de urgencia tanto a la Cancillería argentina como al Ministerio de Seguridad de la Nación. El objetivo central es determinar si pesaba alguna alerta roja, restricción de circulación u orden de captura internacional sobre el dirigente al momento de cruzar el territorio nacional, teniendo en cuenta que su fuga se ejecutó inmediatamente después de que el Poder Judicial de Brasil dictara la prohibición expresa para que abandonara su país.