Se anunciaron una serie de medidas para intentar calmar el descontento de los sectores vulnerables, pero hay temor de que no alcancen. Crecen las presiones del kirchnerismo y el enojo de la clase media.

TN. – En un clima de creciente conflictividad social, el Gobierno lanzó una serie de medidas para intentar contener el malestar de los sectores más vulnerables, que suele acrecentarse con la llegada de diciembre. En clave electoral, el kirchnerismo presiona para que la respuesta incluya a la clase media trabajadora, afectada por la inflación y la inseguridad.

En forma paralela, la advertencia de las organizaciones sociales es clara: los cortes y acampes van a ser moneda corriente si el Ministerio de Desarrollo no cumple con la promesa de reforzar las partidas alimentarias para los comedores comunitarios y la entrega herramientas para las cooperativas, y amplía el alcance del bono de $45.000, beneficio que ya empezó a pagarse a quienes están en estado de vulnerabilidad y no cuentan con ninguna asistencia estatal.

A esto se suma lo que por estas horas más preocupa el kirchnerismo duro y que tiene como eje a los sectores trabajadores cuyos ingresos no alcanzan a cubrir las necesidades básicas, y los jubilados que se encuentran en una situación similar.

La urgencia de pasar fin de año
Junto con la inseguridad, la inflación sin freno es uno de los temas que mayor malestar generan en la clase media y el Gobierno parece no encontrarle salida. Aun con revisiones paritarias, son pocos los gremios que lograrán ganarle a la suba de precios este año.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en septiembre, los salarios acumularon un alza del 61,2% en los primeros nueve meses del año y perdieron contra la inflación, que sumó 66,1% en el mismo período.

Más lejos aún quedo el salario mínimo, que alcanzará un aumento del 93,6%en diciembre y quedará algunos puntos por debajo de la inflación proyectada por el Gobierno por encima del 95% para este año.

Con estos datos sobre la mesa, el kirchnerismo presiona al Gobierno para que oficialice un bono tanto para estatales como para el sector privado, que permita mejorar el humor social para pasar las fiestas de Fin de Año y patear para enero las cuestiones más de fondo.

En forma paralela, en un intento por contener la inflación, el ministro de Economía, Sergio Massa, avanzó primero con la reformulación del programa Precios Cuidados, y luego con el congelamiento en el programa Precios Justos, al que en las últimas horas le sumó los combustibles, uno de los componentes con fuerte incidencia en todas las cadenas productivas que dependen del transporte.

Preocupados por el malestar en el territorio, los intendentes bonaerenses se comprometieron a controlar el cumplimiento de estos programas (tanto en precios como en abastecimiento), con todas las expectativas puestas en que den el resultado esperado de pisar la inflación.

Plan contención de los reclamos piqueteros
Pero pasar diciembre no solo es clave para la clase media trabajadora, si no también para los sectores más vulnerables. El Gobierno lanzó el pago de un bono de $45.000 en tres meses para quienes no cuentan con ninguna asistencia del Estado y tienen ingresos por debajo de la línea de indigencia, pero para las organizaciones sociales no oficialistas es insuficiente.

Pese a que en los últimos días se decidió un aumento del 40% en los montos de la Tarjeta Alimentar, que reciben titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH); mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación; personas con discapacidad, y titulares de Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos e hijas, el malestar es creciente.

Unidad Piquetera se encuentra en estado de alerta y define acrecentar el plan de lucha con nuevos cortes de calles y de rutas y la amenaza latente de acampes. Quieren que el bono de $45.000 se universalice, y cuestionan la decisión de frenar el ingreso de beneficiarios a los planes sociales.

En el Gobierno miran de cerca la posibilidad de que la conflictividad social se recaliente en diciembre, pero los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) condicionan las decisiones de aumentar la asistencia