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Al asistir este mediodía al Parque Rivadavia, donde se realiza una colecta solidaria para homenajear a su hijo al cumplirse el primer aniversario del crimen, Silvino Báez señaló que «el mejor recuerdo para Fernando es haciendo este tipo de colecta».

El padre de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en Villa Gesell, pidió hoy que se haga justicia por el crimen porque su hijo «se lo merece» y aseguró que desde hace un año vive «con el dolor a cuesta».

“Tiene que haber justicia porque se lo merece mi hijo, se lo merece la sociedad argentina que lo apoya, y lo merecemos nosotros por lo que era Fernando, un chico bueno” sostuvo Silvino.

En diálogo con Télam, el padre de Fernando expresó que después de un año del crimen de su único hijo están “un poquito más calmados, pero con el dolor a cuestas. Queremos justicia por mi hijo y eso me pone de pie todos los días para levantarme y seguir luchando y pedir justicia”

En el encuentro que fue convocado para el día de hoy, el padre del joven solicitó que la gente de buen corazón se acerque a colaborar, “y así recordar a Fernando cómo era él, un chico bueno, maravilloso y siempre dispuesto para ayudar a los demás”.

Los padres del joven fueron acompañados por amigos y compañeros del Colegio Marianista, al que concurría Fernando.

En dialogo con Télam, una joven amiga recordó a Fernando: “Estamos honrando sus valores, de solidaridad y de ayuda al prójimo”.

La idea de la colecta surgió cuando se cumplieron dos meses del fallecimiento de Fernando, pero debido a la pandemia tuvieron que suspenderlo, comentó Silvino.

Entonces, familiares y amigos decidieron hacer la colecta, “con mucho cuidado, y con todos los protocolos que nos dijo la comuna”, afirmó Silvino, quien además expresó que el apoyo de la gente «tiene mucho valor y significa que no se olvidan de Fernando, eso es muy importante porque nos da la fuerza para seguir adelante”.

Finalmente, el padre del joven asesinado reiteró el pedido de justicia: «Que se haga justicia verdadera, perpetua a los culpables. Hasta ahora no tenemos fecha de juicio y estoy preocupado porque queremos que se haga justicia”.

Así de mala está la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial que cuando el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas, llama al gobernador Mariano Arcioni, no le atiende el teléfono. Esto lo reveló el ministro Alejandro Panizzi, calificando como “nula” la relación entre los dos poderes del Estado.

En diálogo con Cadena Tiempo, el ministro del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Alejandro Panizzi, realizó un balance del año y también detalló los pormenores de la reunión que mantuvieron con el vicegobernador Ricardo Sastre.

Sobre la misma dijo que fue “casi social, y tratamos temas que pasaron por alto este año y son relevantes para nosotros. Por otro lado, queríamos saludarlo al vicegobernador y eso hicimos”.

Contó Panizzi que Sastre “habló rápidamente con los legisladores sobre uno de los temas que estaba postergado que es la exigencia del requisito de ser abogado para ser juez de Paz. A nosotros eso nos dificulta muchísimo para cubrir vacantes por la vigencia de ese requisito”. Por eso contemplan suspenderlo al menos durante la situación de emergencia que se transita por la pandemia.

“Este hombre no habla”

Consultado sobre el diálogo que se tiene con el gobernador Arcioni sobre otros proyectos que se han presentado, por ejemplo el de la Reforma Judicial, Panizzi fue categórico al afirmar que “la relación del Poder Judicial con el Ejecutivo es nula”.

“No hay diálogo, este hombre no habla, toma decisiones que van a repercutir en el Poder Judicial y no habla con nosotros. Vivas, presidente del Superior lo ha llamado en reiteradas ocasiones y no contestó el teléfono, no hay relación, no le contesta el teléfono. Es inexistente la relación”, describió.

Sobre la Reforma Judicial anunciada por el gobernador “no sabemos de qué se trata”, reconoció Panizzi. “Arcioni habló del fuero ambiental y el contencioso administrativo, tema del cual ya habíamos hablado hace un tiempo con el gobernador y nos pareció ventajoso que así sea”.

El ministro sostiene que hay cuestiones de políticas públicas “que no se pueden tomarse sin someterse a consenso, hay cuestiones como la Reforma Judicial que lo más saludable es someterla a los expertos, a los colegios de abogados, la academia y los sectores del Poder Judicial a quien le concierne esta decisión”.

“Así son las reglas del juego democrático, el diálogo es un elemento fundamental en la democracia”.

Resaltó Panizzi que por el contrario a Arcioni, con los diputados provinciales “tuve una charla muy saludable por la aprobación del presupuesto judicial, y me pareció muy saludable. Ellos pidieron explicaciones, se las brindamos, quedaron satisfechos, y se aprobó”.

Atraso salarial

El ministro del Superior Tribunal, en el balance que realizó de 2020, remarcó que fue muy difícil por la pandemia, pero también remarcó que antes de la misma, desde 2019, los trabajadores venían cumpliendo medidas de fuerza por los atrasos salariales.

“Nos han llegado a adeudar tres meses de sueldos más el aguinaldo y ahora estamos cerca a esa situación otra vez con el aguinaldo de diciembre”, destacó.

Concluyendo que para el futuro cercano “no se vislumbra la luz al final del túnel, no se percibe una solución desde quienes conducen los destinos de la provincia. Yo no veo manifiestamente un plan que no sea de renegociación de la deuda y tirar la deuda para adelante y dejarla para el gobierno que viene”, concluyó el vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia.

Fuente: Jornada

En las horas previas a tomarse casi tres semanas de licencia, el gobernador Mariano Arcioni brindó una entrevista televisiva en la que cuestionó duramente al Poder Judicial de la provincia por manejarse «como una casta» y darse aumentos que fueron «una bofetada» para el resto de la gente.

Aseguró no tener dudas de que hay discrecionalidad en las investigaciones, con causas que avanzan y otras que quedan archivadas, y anticipó que en enero enviará a la Legislatura un proyecto de Reforma Judicial que incluirá la propuesta para cubrir las cuatro vacantes que hay en el STJ dando la oportunidad de participar a la oposición de los nombres.

Además, puso de relieve la buena relación que existe en el cierre del año con el vicegobernador Ricardo Sastre, manifestó que ordenar las cuentas es el principal objetivo en 2021 para saldar la deuda salarial en los primeros 6 meses, y volvió a insistir en dar el debate por el proyecto de zonificación minera para la Meseta.

En declaraciones realizadas al programa «Sin Hilo» por Canal 12, afirmó en alusión a la ley sancionada por el oficialismo que «logramos que el Poder Judicial se desenganche porque es injusto para el resto de la provincia ya que a muchos trabajadores estatales les debemos parte de los salarios». 

«En el Poder Judicial, viven en otro mundo. Se aumentaron un 39% los sueldos y la plata sale sólo del Tesoro. Es una bofetada que se aumenten un 39% de salarios por una acordada. El Poder Judicial se maneja de manera autónoma como si fueran una casta», aseguró el mandatario.

Respecto a las novedades de avances en la denuncia de la diputada Lloyd Jones, el Gobernador señaló que «la Justicia actuó con mucha diligencia para ciertas causas y para otras no. En 2 días, lo imputaron a Antonena y –por otro lado- los incendios a Legislatura y Casa de Gobierno no prosperaron. El Poder Judicial juega políticamente. Tuvimos una persecución a funcionarios de una manera poco antes vista».

«Hay causas de casos de corrupción que quedaron archivadas y me voy a constituir como querellante. Yo respeto la autonomía pero no el Poder para hacer daño», afirmó el Gobernador, y anticipó que  «vamos a trabajar en una Reforma Judicial en la que ya está trabajando todo el equipo jurídico para lograr los consensos. A mediados de enero, vamos a mandar los 4 pliegos y ya están los nombres. Va a ser una Reforma Judicial muy profunda con creación de Foros Contenciosos Administrativos y un Foro Ambiental entre otras cuestiones. Hay que implementar la Oralidad y el Juicio por Jurados», que dijo, no es cierto que no haya presupuesto para aplicarlo, ya que se dan aumentos salariales.

SALARIOS

El gobernador Arcioni dijo por otra parte que el principal problema a resolver es el ordenamiento de las cuentas de la provincia que quedaron afectadas a causa de la baja de ingresos por la pandemia, y sostuvo que «ya tenemos los recursos para poder pagar el 8 de enero la totalidad de los sueldos. Con el anuncio de hace una semana del arreglo con los bonistas, nos permite un oxígeno financiero para poder proyectar. Trabajamos para mediados del 2021 tener ese equilibrio fiscal. Tenemos una buena proyección para los primeros 4 meses del año que viene», por lo que dijo, espera poder saldar en ese lapso la deuda con los trabajadores estatales.

Respecto a las dudas por el inicio de clases, afirmó que «a mediados de enero, se van a iniciar las conversaciones con el gremio docente que tuvo un reconocimiento salarial. Siempre les cumplimos. En febrero, les saldamos todas las ‘cláusulas gatillo’ y no comenzaron las clases. Vamos a trabajar para que comiencen las clases».

A modos de repaso, afirmó que «desde marzo, la provincia perdió más de 8.000 millones de pesos por regalías petroleras. También tuvimos una disminución de 7.000 millones de pesos por la coparticipación. Durante el año, pagamos 80 millones de dólares por la deuda. Ahí está el déficit de la provincia. En el presupuesto se redujeron 1.750 vacantes, y un 20% de la planta política».

«MACRI Y MENA SÍ EJERCÍAN PRESIÓN POR LA MINERÍA»

Consultado por los dichos del diputado Gustavo Menna de que el impulso por el desarrollo de la Minería obedece a una presión del gobierno de Alberto Fernández, dijo «de ninguna manera es un proyecto nacional, al contrario, la presión la ejercía el presidente del diputado Menna (Mauricio Macri) que nos llamaba y extorsionaba para que sacaramos la Minería cueste lo que cueste, sin tener estudios, análisis ni ningún sustento económico. El presidente Macri y el diputado Menna ejercían una presión. Jamás cedí a las imposiciones a pesar de la situación económica».

Indicó que «hoy podemos demostrar con un sustento académico, científico y tecnológico que no se contamina el río Chubut porque es una cuenca endorreica que está dicho por geólogos de la Universidad San Juan Bosco, por el Director de Geología que fue investigador del Conicet, el señor Carlos Scatizza del SEGEMAR. No hay riesgos de la mínima contaminación. También, se prohíbe utilizar cianuro, se zonifica, no se toca la cordillera. Lo estamos haciendo en la meseta para desarrollar la provincia. Queremos dar la discusión y vamos a abrir el debate».

Afirmó que «están los académicos y los científicos que lo dicen. No controla sólo el Estado sino también las ONG internacionales, el Poder Ciudadano. Todos están invitados a controlar este tema».

Consultado sobre la falta de licencia social, sostuvo que «hemos tenido un apoyo impresionante en la provincia. ¿Hace cuanto no ven 15.000 personas que se hayan movilizado? Hace más de 60 días que escucho las opiniones por todos los medios. Tuvimos 70 reuniones con los distintos actores del mundo académico y político. Seguramente, a las Asambleas Ciudadanas, se las va a convocar –próximamente- en la Legislatura pero a discutir con respeto y las cartas sobre la mesa».

Ante la pregunta por la falta de respaldo de la mayoría de los intendentes al proyecto de zonificación, dijo que «la decisión es mía como gobernador y hay parte de los Intendentes que pretenden seguir gestionando subsidios antes que generar empleos. Hay Intendentes que pretender seguir generando subsidios o con los bolsones de alimentos antes que generar empleos», ratificó.

Ante la posibilidad que la Legislatura trate y apruebe el proyecto de la ‘Iniciativa Popular’, dijo que «lo veremos en el momento si es que se veta o no. Quiero una provincia digna y que las matrices productivas de la provincia estén bien diferenciadas. Lo voy a pelear desde los sustentos y no desde la arrogancia o de la imposición. El proyecto del gobierno es perfectible. El espacio del debate es la Legislatura, y quiero el mejor proyecto posible».

DENUNCIA

También opinó Arcioni que las apariciones de denuncias a causa de audios y videos no son casuales y señaló «las declaraciones de la diputada Lloyd Jones se tienen que probar en la Justicia y luego se verán si fueron irresponsables o no sus declaraciones. Me parece que el diputado Sebastián López se defendió muy bien respecto de la atemporalidad del video y demás. Los casos no son casuales. Vamos a esperar que se expida la Justicia».

Ante la pregunta por la gran resistencia a la minería y las multitudinarias manifestaciones en contra, dijo Arcioni que «el consenso social de muchos quiere el desarrollo productivo de la meseta. Es muy fácil cuando vos estás con la seguridad del sueldo del Estado decir ‘No’ o impedirle a cualquier cabeza de familia que no querés un desarrollo productivo cuando uno tiene la tranquilidad que te están pagando los sueldos o los impuestos».

Indicó que «no está descartado que el proyecto se trate en sesiones extraordinarias» pero aclaró que la prioridad pasa por convocar para tratara creación de la Agencia de Recaudación que «es lo que más me interesa que salga ahora, porque si no no podemos recaudar. Se ha ordenado toda la cuestión tributaria. Voy a insistir con este tema».

CONVIVENCIA

Finalmente, previo al traspaso de mando al vicegobernador Ricardo Sastre, sostuvo que hay un nuevo escenario en la Legislatura y que «la relación con Ricardo ayudó mucho. Al comienzo del año, hubo diferencias pero -luego- con la madurez, el cariño y el respeto que nos tenemos lo fuimos solucionando. Hoy tenemos una solidez muy importante. Hubo algunas diferencias que algunos interlocutores pueden haber potenciado hicieron que tengamos un cortocircuito mayor al que deberíamos haber tenido. Pero hoy, tenemos solidez que le hace bien al funcionamiento de la Cámara y a la provincia».

Sobre las aspiraciones políticas de su vicegobernador, indicó que «Sastre tiene las «cocardas» suficientes para poder aspirar a cualquier cargo que él desee. Ganó todas las elecciones, fue diputado provincial, ministro, dos veces intendente».

Y por último, consultado sobre posibles cambios en el gabinete, dijo «estoy contento con el compromiso de los ministros. Nadie es perpetuo y será materia de análisis en las vacaciones. Hubo un desgaste a lo largo de este tiempo, pero lo voy a estar analizando».

Fuente: ADN Sur Agencia Rawson.

 

“Yo no soy un chorro, a mí nadie me coimeó, y entonces necesito para no hacerlo por la vía civil en la Justicia que la señora diputada pida disculpas a los que no cobramos”, insistió Roddy Ingram.

Entre las manifestaciones por la gravedad institucional y la indignación, tres diputados oficialistas rechazaron este jueves en la hora de preferencia de la sesión virtual de la Legislatura las acusaciones de la vicepresidenta de la cámara, Leila Lloyd Jones, en torno a supuestas prebendas para habilitar la minería en Chubut. Roddy Ingram, Juan Pais y Mary Cativa le pidieron que diera los nombres de manera pública, más allá de su presentación en la Justicia.

“Lo que no puedo permitir, y esta cámara tampoco, es que se nos ensucie gratuitamente como hemos sido ensuciados; en el honor, en la familia, porque las redes sociales son muy ingratas. La gente nos acusa de haber cobrado de 10 millones de pesos”, justificó Ingram.

“Es muy grave, si la señora diputada dio nombres a la Justicia, en este recinto hay corruptos y tenemos la obligación de saberlo. Esto es una joda”, sostuvo.

“A la Justicia voy a ir de vuelta, con acciones civiles, porque a mí nadie me puse un mango, nadie me pagó, lo hago por la gente de la Meseta, por la gente que necesita trabajar, necesita comer, no por 10 palos roñosos como me dijeron, pero han ensuciado a mi familia, acá se tendría que debatir y decir, esto es el pleno, es una falta de respeto”,  argumentó.

Fuente: Radio 3 de Trelew

La diputada Leila Lloyd Jones se presentará a la justicia tras la viralización de un audio privado donde se acusa que dipustados cobraron 10 millones de pesos.

Hay un audio que sería de la diputada Lloyd Jones que circula hace varios días entre los diputados de Chubut . Esta mañana la misma diputada Leila Lloyd Jones confirmó por su cuenta de twitter que se presentará ante la justicia

La diputada Lloyd Jones ratificará o rectificará las gravísimas acusaciones ante un fiscal. En el mensaje se escucha a Lloyd Jones tras la discusión con los manifestantes pro mineros que escracharon su domicilio «Me piden en el video que les consiga laburo.

No, le dije, vayan a conseguirle laburo a los diputados que votan a favor, que a ellos les pagaron 10 millones de pesos y les dan unos contratos que los pueden hacer trabajar a ustedes en las mineras. Después se los voy a pasar los teléfonos de los que votan a favor para que les vayan a pedir laburo ustedes» denuncia.

Es así que se esperan sus declaraciones en la justicia en medio de la ratificación por el tratamiento sobre el proyecto minero que hizo esta mañana el gobernador Arcioni y la cámara oculta al diputado Sebastián López del PRO donde pide «100 lucas».

Lloyd Jones va a la justicia tras el audio por la denuncia a diputados que cobraron 10 millones para votar la minería

El juez del concurso de la agroexportadora Vicentin, Fabián Lorenzini, intervino este jueves la conducción de la empresa mediante la designación de dos coadministradores y sin “desplazamiento del actual directorio” por un plazo de 90 días y prohibió modificar “la tenencia y composición” del capital accionario, según informaron fuentes judiciales.

El magistrado designó como interventor de la cerealera, que está en concurso de acreedores, a Andrés Shocron, quien se venía desempeñando como uno de los veedores en la compañía.

El interventor tendrá facultades de «similar rango a la de Presidente del Directorio», dispuso el juez e indicó que, «en lo sucesivo, todo acto de administración o que demande la previa autorización judicial, deberá contar con su expresa conformidad», según publicó Telefe Noticias.

El juez Cesar Zaratiegui deberá dictaminar en las próximas horas si le da validez o no a la querella que el polémico ministro pretende llevar adelante contra el periodista de Cholila Online, Darío Fernández. Los abogados de Fernández denunciaron que es ilegal y en una pormenorizada exposición le demostraron al magistrado por qué están seguros de ello. Ahora bien, si Zaratiegui le falla en contra a Massoni lo dejaría expuesto a una eventual contradenuncia de Fernández y entonces: ¿cuál será la determinación que tomará el juez? ¿Hay presiones desde el Gobierno para que su dictamen favorezca a Massoni?

La audiencia preliminar en donde quedó expuesto de esta manera el caso, que se lleva adelante en la Oficina Judicial de Rawson de manera remota, a través de videoconferencia, se realizó a mediados de semana y Massoni no estuvo presente.

Él, acusa a Darío Fernández de haberlo calumniado en un informe periodístico en el que aparece involucrado en un sospechoso manejo de dineros públicos, pero el documento judicial en donde denuncia a Fernández carece de valor porque no lo firmó y tampoco puso otros datos que son esenciales y obligatorios, tales como su número de DNI o el domicilio donde vive. Ahí directamente Massoni, como burlándose de la Justicia, colocó “Fontana 50”; la dirección donde queda en Rawson Casa de Gobierno. 

Así, con ese papel “trucho” Massoni y su abogado Martín Castro, pretenden llevar adelante la querella contra Fernández. Aunque esta irregularidad no es la única, hay varias. Hasta tergiversaron las expresiones de un jurista, al citarlas en un párrafo del escrito con el que desarrollan su pretendida acusación hacia el periodista. Una verdadera vergüenza.

A la par de esta mal pretendida querella, el cuestionado ministro de Seguridad fue más allá y le pidió al mismo juez Zaratiegui, hace casi un mes, un “bozal legal” para que –increíblemente pese a que es funcionario público—no se lo mencione en el portal de noticias Cholila Online y Zaratiegui le falló a favor admitiendo una clara maniobra anticonstitucional de “censura previa”, en una resolución por la que ahora –también en las próximas horas—deberá el magistrado decidir si continua beneficiando a Massoni o hace que se respete el artículo 14 de la Constitución Argentina, que garantiza a todos los habitantes de la Nación el derecho de ‘publicar sus ideas por la prensa sin censura previa’.

Notas relacionadas:

Massoni no pudo ponerle bozal legal a Cholila Online

 

Un hombre que había pedido a la Justicia que le permitieran ser tratado en base a ibuprofeno inhalado, una fórmula considerada “compasiva”, murió sin recibir ese tratamiento pese a que finalmente su uso le había sido autorizado.

Según publicó La Opinión Austral, el pedido para aliviar a Benito Juárez, internado en el Hospital Regional, lo había realizado su hija Vanina, por medio de un amparo judicial.

De acuerdo con lo indicado, el miércoles pasado la hija de Juárez, un paciente que se encontraba desde hacía una semana internado en la Terapia Intensiva del Hospital Regional de Río Gallegos, presentó un amparo para que a su padre le aplicaran ibuprofeno inhalado.

La medida cautelar fue solicitada ante el juez Francisco Marinkovic, ya que el Ministerio de Salud de Santa Cruz no aprobó la aplicación de este tratamiento por no estar autorizado por la ANMAT.

“Lo que la hija de Juárez pretendía era que se condenara a las autoridades del Regional a liberar a los médicos para que le dieran el tratamiento denominado compasivo”, se indicó.

Sin embargo, el paciente falleció el sábado, veinticuatro horas después de la que Fiscalía convalidara la presentación y sugiriera al juez la aceptación de la demanda, que era la primera en su tipo desde que se desató la pandemia.

“El accionar del personal del Hospital de Río Gallegos, resulta manifiestamente contrario al orden jurídico vigente… potenciando la gravedad de mi salud, la demora en la resolución administrativa que me otorgaría la posibilidad de obtener la medicación indicada para eliminar mi dolencia”, se leía en la presentación que publicó La Opinión Austral, y que solicitaba una medida cautelar para que se ordene la aplicación “inmediata del tratamiento de ibuprofeno inhalado”.

Lo dijo el diputado de Chubut Al Frente, Emiliano Mongilardi, en respuesta a las manifestaciones expresadas por el dirigente de APEL, Ángel Sierra, quien aseguró que para el gremio legislativo las sesiones virtuales son ilegitimas.

Dijo que hasta que dure la pandemia las sesiones seguirán de forma virtual y aseguró que se realizan de esa forma solo por esta situación “y no con otro fin”, señaló Radio Chubut.

La Justicia de Ecuador pidió el sello rojo de Interpol para la captura del expresidente Rafael Correa, quien vive en Bélgica y fue sentenciado a ocho años de prisión por corrupción, y para otros sentenciados por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, pero por el momento el organismo internacional no se pronunció por aceptar o rechazar la solicitud.

«Nuevo ridículo para Ecuador, pero, por supuesto, habrá que gastar nuevamente en abogados, limitaciones de viajes, etc. Así buscan quebrarnos. Por si acaso, Iván León, juez TEMPORAL, es un corrupto completo», escribió de inmediato Correa en su cuenta de Twitter.

No es la primera vez que el Gobierno ecuatoriano solicita la notificación roja contra Correa: En 2018 fue pedida por el caso del secuestro de un opositor en 2012 en Colombia, pero Interpol la rechazó.

La nueva resolución, fechada ayer por la Corte Nacional de Justicia, estableció «que se proceda con la notificación roja de Interpol» contra el exmandatario y otros 14 sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016″, refirió el medio MetroEcuador.

Además de Correa, la lista incluye a la exministra María de los Ángeles Duarte, el exsecretario Walter Solís, el exministro Vinicio Alvarado, la exasambleísta Viviana Bonilla, el exlegislador Christian Viteri, informó el periódico El Comercio.

La completan Alberto Hidalgo, Víctor Fontana, Édgar Salas, Ramiro Galarza, Bolívar Napoleón Sánchez, William Phillips, Rafael Córdova, Teodoro Calle y Mateo Choi.

El juez Iván León manifestó que ya existe una sentencia condenatoria “debidamente ejecutoriada” y también señaló que se desconoce el paradero de los 15 sentenciados luego de transcurrir 13 días (hasta el 6 de octubre de 2020), desde que se dispuso la localización y captura y la correspondiente emisión de las boletas.

Como parte de la solicitud de notificación roja, el juez pidió que se remita “de manera inmediata” el respectivo oficio al jefe de la Unidad Nacional de Interpol, texto que “estará acompañado de la documentación certificada pertinente”.

Si Interpol concede el pedido, cualquier fuerza del orden de todo el mundo podrá localizar y detener provisoriamente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar; sin embargo, la entidad no puede obligar a las autoridades de ningún país a detener a la persona.

Correa (2007-2017) fue juzgado en ausencia y sentenciado por sobornos a favor de su partido a cambio de contratos con diversas empresas durante su gobierno.

El expresidente, de 57 años, fue vinculado al caso por 6.000 dólares que ingresaron a su cuenta bancaria y que alega que eran de un préstamo de un fondo de su partido.

En diciembre de 2018, la Interpol rechazó el pedido de sello rojo contra Correa por el caso del secuestro de un opositor en 2012 en Colombia.

El juicio por secuestro está suspendido debido a que el expresidente no puede ser juzgado en ausencia por ese delito, castigado con hasta siete años de cárcel.

El expresidente niega su participación en el secuestro y considera que los juicios en su contra son una persecución del Gobierno de Lenín Moreno, su sucesor y exaliado.