Se trata de una sociedad entre el grupo Socma S.A. y Omextil S.A que habría sido utilizada por la familia del Presidente para realizar operaciones ilegales de autocréditos durante la vigencia de los seguros de cambio. Todavía está activa. Todos los detalles.
A meses de estallar el escándalo por los Panamá Papers, se conoció una denuncia por una nueva empresa offshore en la que estaá vinculado el Presidente de la Nación, Mauricio Macri. La misma fue creada a principio de los años 80 y piden que se investigue si fue usada por la familia presdiencial para realizar peraciones ilegales de autocréditos durante la vigencia de los seguros de cambio.
Según la investigación que publicó el diario Ámbito Financiero, y que ya está en manos del fiscal Federico Delgado, el primero de los vínculos entre Omexil y los Macri es Icaza, González-Ruiz & Aleman. Los datos fueron aportados por el historiador e investigador de la deuda externa, Alejandro Olmos Gaona (h).
Según los documentos oficiales del Registro Público de Panamá, Omextil S.A. fue anotada el 23 de marzo de 1981 por el estudio de abogados Icaza, González-Ruiz & Aleman. Posee el número de ficha 69.037. La inscripción se hizo en el asiento 6.139 del Tomo 145 del organismo estatal, y el capital inicial fue de apenas u$s 500.
Según explicó Olmos Gaona, el bufete de Icaza, Gonzáez-Ruiz & Aleman «es el mismo que constituyera otras offshore del Grupo Macri, como Cadocsa, Kagemusha y Fiat Automóviles Interamericana, lo que muestra una absoluta identidad en cuanto a las formas operativas de recurrir al estudio que junto con el Mossak-Fonseca, constituyen las firmas que se ocupan de la constitución de este tipo de sociedades».
Tres de estas empresas fueron creadas en 1981 y todavía permanecen activas: Omexil, el 23 de marzo; Kagemusha el 11 de mayo, y Fiat el 16 de noviembre. Cadocsa fue inscripta el 11 de mayo de 1971 y hoy está disuelta. Sideco Americana S.A. es del 10 de junio del mismo año.
«(Las fechas) revelan una habitualidad del Grupo, mediante la constitución de diversas sociedades, con fines no explicitados, pero que tanto en el caso de Cadocsa y Omexil S.A. sirvieron para beneficiarse ilícitamente de los seguros de cambio y la posterior estatización de deudas creadas ficticiamente como lo demostró la investigación llevada a cabo por los auditores del Banco Central en 1985», remarcó Olmos en el escrito entregado a Delgado según contó Ámbito.
Tras solicitarle al fiscal que avance en la pesquisa con estos nuevos datos, el asesor parlamentario de Fernando «Pino» Solanas subrayó que una de las «dificultades» más evidentes para la investigación de las empresas offshore y sus verdaderos dueños es que en «la mayoría de los casos nunca aparecen los nombres de sus reales accionistas, siendo sustituidos por personas que prestan sus nombres, a los efectos que aquellos no queden identificados».
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