Una dura contraposición política sacude al arco opositor tras los intentos de ciertos sectores de revisar o anular los marcos jurídicos de inversión vigentes.
En este escenario, el diputado nacional por Entre Ríos y exdirector general de Aduanas, Guillermo Michel, salió al cruce de las posturas más extremas encabezadas por dirigentes como el gobernador Ricardo Quintela, rechazando rotundamente la idea de derogar o modificar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sin ponderar el severo impacto económico y legal que acarrearía para la Argentina.
Seguridad jurídica y el fantasma de juicios en el CIADI
Desde una postura alineada con el peronismo federal y diferenciada del ala kirchnerista, Michel enfatizó la necesidad crítica de que el país respete la continuidad de los actos del Estado y las condiciones pactadas. El legislador advirtió sobre la ligereza con la que algunos dirigentes proponen dar de baja el RIGI, recordando que las empresas adheridas accedieron a esquemas de alícuotas reducidas en el Impuesto a las Ganancias, exenciones de derechos de importación y exportación, y mayor flexibilidad cambiaria.
En esa línea, remarcó que la mayoría de los proyectos eligieron la jurisdicción del CIADI para resolver eventuales disputas arbitrales. » Escucho a muchos compañeros que dicen ‘volteamos el RIGI y vamos para adelante’… ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a meter a la Argentina en marañas interminables de reclamos judiciales como ocurrió en el pasado?», cuestionó el dirigente entrerriano.
El cumplimiento de los contratos con el FMI y bonistas privados
Para el exdirector de Aduanas, el respeto por los contratos firmados constituye la columna vertebral del orden macroeconómico nacional. Bajo esta premisa, sostuvo que el Estado debe cumplir de forma estricta los compromisos asumidos tanto con los acreedores privados como con el Fondo Monetario Internacional (FMI), proponiendo abordar este último entendimiento desde una doble dimensión: la técnica y la política.
Finalmente, Michel remarcó que el contexto actual no equivale a las estatizaciones de principios de siglo, destacando la presencia de megainversiones con capitales mixtos como el caso de YPF. Ante esto, alertó sobre la complejidad del entramado legal que dejará la administración de Javier Milei y pidió actuar con cautela y sofisticación técnica en lugar de apelar a soluciones simplistas.