La tendencia de recuperación económica evidenciada desde fines de 2024 sufrió un freno en los primeros meses de este año.
En un contexto marcado por el deterioro de los ingresos y la aceleración inflacionaria, la pobreza subió al 30% en el primer trimestre de 2026, mientras que la indigencia alcanzó el 6,5%. Los datos implican un incremento de 0,1 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente, en relación con el último trimestre de 2025.
Las cifras surgen de las estimaciones elaboradas por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), en base a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec. Si bien en la comparación interanual se advierte un descenso respecto del primer trimestre de 2025 —cuando la pobreza se ubicó en 31,4% y la indigencia en 6,9%—, los números confirman un viraje en la dinámica social reciente.
Entre el tercer trimestre de 2025 y el primero de 2026, la cantidad de argentinos en situación de pobreza se incrementó en alrededor de 1,3 millones de personas. Desde la consultora ExQuanti remarcaron que «la evidencia sugiere que existe un cambio de tendencia respecto de la fase de recuperación registrada durante 2025».
Las regiones más golpeadas y los seis factores detrás del aumento
El impacto de la crisis presenta marcadas asimetrías según la zona geográfica. En el desglose por aglomerados urbanos, las mayores tasas de pobreza se registraron en Concordia (52,5%), Gran Resistencia (49,7%), Posadas (42,6%), Gran Santa Fe (39,7%) y Corrientes (38,4%).
En cuanto a la indigencia, las cifras más elevadas se observaron en Gran Resistencia (24,3%), Concordia (11,2%), Posadas (10,7%), Gran Santa Fe (10,4%) y Corrientes (9,1%).
Según el análisis realizado por Agustín Salvia, director del ODSA, existen seis motivos centrales que explican el deterioro social registrado en el arranque del año:
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Pérdida de fuerza en los precios relativos: Durante el primer trimestre de 2026, la Canasta Básica Alimentaria aumentó un 11,6% y la Total un 9,6%, superando al índice salarial total (8,6%) y a los salarios registrados (7%). Esto provocó que los ingresos dejaran de cubrir las líneas de pobreza e indigencia.
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Debilitamiento del mercado de trabajo: Aunque las tasas de empleo y desocupación no mostraron variaciones drásticas, la subocupación subió 1,1 puntos y la informalidad creció 2,2 puntos, alcanzando al 44,2% de los trabajadores.
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Desigualdad en la distribución del ingreso: Pese a que los ingresos subieron 35,6% nominal interanual, la mejora no fue homogénea. El coeficiente de Gini pasó de 0,435 a 0,442, resultando insuficiente para los hogares más vulnerables.
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Menor dinamismo de la actividad económica: El PBI desaceleró su crecimiento al 2,3% interanual en el primer trimestre de 2026, con caídas en sectores clave como la industria manufacturera (-1,7%) y la administración pública (-1,4%).
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Pérdida del poder protector de las asignaciones: Jubilaciones, pensiones y programas sociales sufrieron el rezago de dos meses en sus actualizaciones frente a la aceleración de precios.
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Presión de los gastos fijos: Las tarifas de luz, gas, transporte y los alquileres se incrementaron por encima del nivel general de precios y de los salarios.
Una economía «partida» y el desafío del empleo de calidad
Desde el ODSA enfatizaron que para lograr una reducción sostenida de los índices de vulnerabilidad es indispensable que la expansión económica se traduzca en empleos productivos, protegidos y mejor remunerados.
Sin embargo, las perspectivas a corto plazo muestran un escenario complejo debido a la coexistencia de dos realidades opuestas en la estructura productiva: mientras actividades como el agro, la energía y la minería registran avances constantes, los rubros intensivos en mano de obra —como la industria, la construcción y el comercio— continúan anotando retrocesos.