Tras el paréntesis registrado durante el sexto mes del año, las finanzas del Estado nacional volvieron a terreno positivo
De acuerdo con un informe técnico elaborado por la consultora LCG, el saldo primario a favor de la Administración Pública Nacional (APN) habría alcanzado los $2,4 billones en julio, sostenido por una nueva contracción del gasto público que permitió compensar la caída persistente en la recaudación.
El desempeño observado durante el séptimo mes del año representa un giro favorable respecto de junio, período en el que el Sector Público Nacional Financiero (SPNF) anotó su primer resultado deficitario primario y financiero del ejercicio, impactado por el pago de aguinaldos y la acumulación de compromisos de corto plazo.
Caída de ingresos y ajuste en las erogaciones
La recuperación del excedente fiscal se alcanzó en un contexto macroeconómico complejo, caracterizado por un retroceso sostenido en los recursos del Tesoro.
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Ingresos a la baja: Los recursos totales de la APN profundizaron su tendencia decreciente en julio, registrando una caída real del 6,7% interanual.
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Contracción del gasto: Para neutralizar la menor recaudación, las erogaciones primarias del Estado anotaron una baja real del 2,7% anual, cortando con dos meses consecutivos de expansión interanual.
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Efecto de la deuda flotante: Al descontar el impacto del traslado de pagos pospuestos desde junio hacia julio, los analistas de la consultora estiman que el recorte efectivo sobre el gasto público superó el 5% anual en términos reales.
Normalización de compromisos y pasivos de corto plazo
El reporte privado pone de relieve la normalización en el manejo de la deuda flotante durante el inicio del segundo semestre de 2026. Durante junio, el Ejecutivo había incrementado dicho pasivo hasta el 7,3% del gasto devengado acumulado en el semestre (0,5% del PBI) como mecanismo de contención financiera ante la liquidación del sueldo anual complementario.
En el cierre de julio, ese indicador descendió al 2,4% del crédito devengado acumulado en los primeros siete meses (0,2% del PBI). Este nivel ubica el stock de compromisos pendientes por debajo del promedio registrado en los últimos tres años para el mismo tramo del año, devolviendo previsibilidad a las cuentas de la administración central.