Los hechos de represión y violencia sufridos por el pueblo mapuche el 10 y 11 de enero lejos de ser aislados, forman parte de un accionar histórico del Estado nacional con los pueblos originarios en Argentina que Amnistía Internacional viene reclamando hace años.
En Argentina, las comunidades indígenas no cuentan con el reconocimiento legal de sus tierras acorde a sus formas de uso y ocupación tradicional. Esto deriva, tal como apuntó el Relator de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas en su visita al país en 2012, en la «desposesión histórica de grandes extensiones de sus tierras por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras».
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene en Argentina rango supra-legal y establece que siempre que sea posible, los pueblos indígenas tienen derecho a regresar a sus tierras tradicionales. La comunidad (lof) Resistencia del departamento de Cushamen decidió volver a su territorio en marzo de 2015 en donde se encuentra la estancia Leleque de la multinacional Benetton (que cuenta con cerca de un millón de hectáreas en la Patagonia Argentina).
Desde entonces, han venido sufriendo sucesivas represiones y denuncias que por lo general funcionan como estrategia de desgaste y persecución y que sirven para silenciar reivindicaciones históricas de los pueblos originarios. Particularmente, desde diciembre del año pasado hemos advertido una deliberada campaña en contra del pueblo mapuche. Ello motivó que Amnistía Internacional –junto con un grupo de organizaciones y referentes del movimiento indígena– se pronunciara a través de un comunicado denunciando la alarmante política del Gobierno de estigmatización del pueblo mapuche como amenaza para la seguridad nacional.
En esa oportunidad dimos a conocer un informe de gestión del Ministerio de Seguridad de la Nación de agosto de 2016 en el que, bajo el eufemismo «revalorización de la ley penal», colocaba a las reivindicaciones territoriales mapuches de las provincias de Neuquén, Rio Negro y Chubut como amenazas a la ley que deben ser abordadas por medio de la aplicación de la normativa antiterrorista. En ese mismo documento, se reconoce expresamente que el Gobierno estaría llevando adelante tareas de inteligencia sobre las organizaciones mapuches.
La construcción de un discurso «securitista» funciona en estos casos como una plataforma que da vía libre para avanzar en medidas represivas y violentas fundadas en la presunta protección del Estado.
Cruzando la frontera, el escenario del país vecino reproduce las mismas repudiables estrategias de persecución. En Chile, las propias comunidades hablan de una «militarización» de la zona. La constante presencia policial y las denuncias de uso excesivo de la fuerza han sido persistentes y reiteradas por años, sin investigación ni sanción. Está vigente la Ley Antiterrorista chilena, dictada en 1984, en plena dictadura militar. Pese a sus sucesivas reformas, todavía sigue siendo una ley duramente cuestionada por diversos organismos internacionales.
Resulta oportuno recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado chileno en 2014 por entender que la calificación de «terrorista» aplicada a los líderes indígenas se realizó con argumentos estigmatizantes, violó la presunción de inocencia y la obligación estatal de definir las conductas delictivas con precisión y claridad.
Otros órganos de la ONU como el Comité de Derechos Humanos y el Relator Especial sobre derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, recomendaron al Gobierno Chileno que desista de aplicar la Ley Antiterrorista para procesar y condenar a personas acusadas de delitos cometidos en el contexto de la protesta social.
En Argentina hemos asistido a este tipo de discursos que, bajo el paraguas de la protección nacional, sirven como excusa para cometer las atrocidades más oscuras. Es inaceptable que el Estado califique a lucha mapuche por su territorio como un problema de seguridad nacional que requiere la intervención de fuerzas de seguridad y la aplicación de leyes violatorias de los derechos humanos. Es inadmisible también subestimar, no solo los compromisos internacionales en materia de derechos humanos incorporados a nuestra Constitución, sino estándares y decisiones de organismos del sistema internacional de derechos humanos al que Argentina históricamente ha honrado.
Mariela Belski es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina
