El relevamiento se llevó a cabo en el «Puesto Baigorria», en donde los peritos inspeccionaron diferentes áreas y tomaron muestras de tierra, agua, flora y fauna.
Especialistas de la Policía Federal investigan si la poderosa sustancia con la que habrían sido envenenados los 34 cóndores andinos en la zona mendocina de Los Molles, contaminó cauces o napas de agua y la flora y fauna del lugar.
Según confirmaron fuentes judiciales, este jueves un equipo de expertos de la División Delitos contra el Ambiente de la Policía Federal, integrado entre otros especialistas por biólogos y veterinarios, concurrió al lugar en el que aparecieron los cadáveres de las aves junto a otros animales, y extrajo muestras que serán analizadas.
El relevamiento se llevó a cabo en el «Puesto Baigorria», en donde los peritos inspeccionaron diferentes áreas y tomaron muestras de tierra, agua, de la flora, un gorrión en buen estado y una piedra con residuos donde estaba apoyada la cabeza del puma que también apareció muerto junto a los cóndores.
La medida fue ordenada por la Unidad Fiscal de Malargüe a cargo del fiscal Javier Giaroli debido a la toxicidad del veneno que se usó para matar a los animales.
Además de la recolección de pruebas, se realizó una inspección aérea con el fin de corroborar que no haya más animales muertos a los alrededores.
En tanto, el único detenido que tiene la causa hasta el momento, Nibaldo Baigorria Parra, de 62 años, fue beneficiado en las últimas horas con la prisión domiciliaria, luego que el médico del Cuerpo Médico Forense constatara que padecía problemas de salud.
Baigorria Parra está imputado por los delitos de «daño agravado por uso de sustancia venenosa e infracción a ley de fauna por depredación de fauna silvestre mediante medio prohibido en concurso ideal» y por «tenencia ilegal de arma de uso civil».
El hombre cumple el arresto domiciliario en la ciudad de Malargüe, y no en el campo en el que aparecieron los cadáveres de las aves, hasta tanto se produzca la prueba pendiente, ya que podría obstaculizar la investigación.
Ante el fiscal Giaroli, Baigorria Parra declaró este miércoles que no tuvo nada que ver con el hecho y también dijo desconocer lo que pasó en su campo.
El puestero podría ser acusado también de dañar la flora en caso de que se compruebe contaminación del medio ambiente. La Ley de Fauna prevé como máximo una pena de tres años de prisión pero impone multas de altas sumas de dinero.
Los investigadores presumen que para matar a los animales, los puesteros de la zona utilizaron carbofurano, un pesticida sumamente tóxico con el que envenenaron a las ovejas para usarlas como una especie de carnada para matar a los zorros y pumas que las atacan.
Los cóndores al ser animales de carroña, se habrían envenenado con los restos de estos animales muertos. En tanto, un productor rural de apellido Rojas permanecía prófugo este jueves.
Los investigadores sospechan que Rojas es el dueño de los animales que fueron utilizados como cebo, y a los que les colocaron el químico que les habría causado la muerte a los cóndores ya que pudieron identificar las marcas en las orejas de las ovejas muertas.
Si bien Rojas permanece prófugo, su domicilio fue allanado el pasado martes y los efectivos que participaron del operativo secuestraron un veneno que se presume es el que se utilizó para la matanza.
Los investigadores lograron determinar que la oveja que fue hallada muerta junto a los cóndores estaba marcada y pertenecía a Rojas.
Una Asociación se sumó a la querella
La Asociación Reencuentro por la Vida Animal (Asoreva) se sumó como querellante en la causa de los animales envenenados en Malargüe.
Oscar Mellado, abogado y representante de la asociación, calificó lo que pasó en Los Molles como un «biocidio».
«Nosotros hacemos hincapié no sólo en la infracción a la Ley de Fauna. Destacamos el sufrimiento del animal, que es sujeto de derechos. Este método que se usa es una matanza terrible, estamos muy conmovidos», afirmó el letrado en declaraciones al Diario UNO.
Y agregó: «No dejamos de ver que hay una violación flagrante a la Ley de Protección Animal y a la Declaración Universal de Derechos del Animal, a la que adscribimos y que consagra como primer derecho el derecho a la vida».
Este miércoles, crianceros marcharon por la ciudad de Malargüe para solicitar medidas que protejan su ganado del ataque de pumas y zorros. Aparentemente la manifestación se venía organizando hace unos 15 días, pero coincidió con la puesta en marcha de la investigación contra dos puesteros -y la imputación de uno- por la muerte de cóndores que habrían consumido carne de animales envenenados.
Los productores pidieron que se realicen acciones concretas para terminar con «la verdadera plaga de pumas y zorros que afectan la producción ganadera del sur mendocino» y reclamaron por las pérdidas que les producen esos animales.
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