El negocio de los abortos clandestinos mueve cerca 15 mil millones de pesos al año en la Argentina, producto de unas 500.000 mujeres que son atendidas por profesionales de la salud en consultorios ilegales.
Así se desprende de datos aportados por el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB), cuyo titular, Marcelo Peretta, agregó que a ese número deben sumarse más de mil millones de pesos derivados de la industria farmacéutica por la compra de misoprostol, una droga autorizada como antirreumático más antiinflamatorio, pero que es utilizada por uno de sus efectos adversos: la interrupción del embarazo.
«Cada aborto realizado en una clínica clandestina cuesta un promedio de 30.000 pesos, entre insumos, comprimidos de misoprostol y los honorarios de los profesionales de la salud, que pueden ser médicos, enfermeros o farmacéuticos. Ese es el negocio del aborto clandestino», indicó Peretta.
El especialista precisó que por otra parte circula «el negocio para la industria farmacéutica, que vende una caja de 16 comprimidos de misoprostol a más de 2.700 pesos y genera al año unos 1.235 millones con un medicamento aprobado para el dolor, pero que se usa como abortivo».
«En el país se calcula que unas 500.000 mujeres recurren a estas prácticas por año, pero el número viene en aumento y cada vez son más los consultorios ilegales, muchos de los cuales funcionan en departamentos en Capital Federal», puntualizó.
El titular de SAFyB valoró que «si se blanqueara, no sólo sería más barato, sino más seguro» y argumentó:
«El precio en las clínicas bajaría de 30.000 a unos 5.000 pesos, lo mismo pasaría con las pastillas.
El profesional trabajaría sin los nervios de hacer algo clandestino y la paciente se registraría y tendría un control», según publicó Diario Popular.
Sostuvo que las interrupciones del embarazo «se dan con mayor frecuencia en las ciudades más grandes y densamente pobladas», mientras que desciende «en lugares más pequeños, donde las chicas a veces aflojan o lo hacen ellas mismas sin información suficiente y se hacen mal».
«Muchas veces la mujer paga 30.000 pesos, el aborto sale mal y terminan siendo atendidas de urgencia en un hospital por una infección.
Con lo cual, el Estado sigue pagando por la falta de prevención», agregó.