El Gobierno nacional evalúa la contratación directa de una empresa de Venezuela para continuar la búsqueda del ARA San Juan, frente al pedido que hicieron ayer los familiares de los tripulantes del submarino desaparecido en el Atlántico sur el 15 de noviembre último, al exponer ante la Comisión Bicameral del Congreso que investiga el hecho.
En representación del oficialismo, el vicepresidente de la comisión, el diputado nacional de Cambiemos, Guillermo Montenegro, confirmó durante el encuentro que el Ministerio de Defensa «evalúa la contratación directa» de la empresa de servicios SEA (Sistemas Electrónicos Acuáticos) para continuar con la búsqueda del submarino perdido.
En una reunión en el Senado, la Comisión Bicameral, que integran senadores y diputados, escuchó testimonios de una veintena de familiares de tripulantes que reclamaron que «no se abandonde» la búsqueda, y resolvió invitar a más tardar para el 17 de abril al ministro de Defensa, Oscar Aguad, para que brinde un informe sobre el caso.
A pedido de los familiares, el presidente de la comisión, el senador por el PJ José Ojeda, convocó al presidente de la empresa SEA, Hugo Marino, quien brindó detalles de la propuesta que su firma, dijo, formalizó al Estado argentino para hallar al submarino, y garantizó que si la nave «está sumergida» sus equipos «la encontrarán».
Según el empresario de origen venezolano, el operativo de búsqueda del ARA San Juan costaría al Estado 3.800.000 dólares, para lo cual empleará «en un plazo de cien días» un equipo submarino con un sonar que «tiene una capacidad de 1.000 metros de inmersión para respuesta más inmediata, pero está programada para inmersiones de 4.500 metros».
Montenegro confirmó que se concretó una reunión en el Ministerio de Defensa con el empresario, cuya firma tiene sede en Caracas, para analizar la oferta. «Se está llevando adelante la evaluación de la contratación directa», ratificó el legislador de Cambiemos.
Los miembros de la comisión –seis senadores y seis diputados de las principales fuerzas políticas– acordaron librar oficios a los poderes Ejecutivo y Judicial para obtener informes respecto a las condiciones de mantenimiento del submarino, su situación en el momento de la desaparición y eventuales sumarios abiertos por las Fuerzas Armadas.
En el listado de pedidos que se cursarán hay informes a la Cancillería, al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Armadas, la SIGEN, la Auditoría General de la Nación y la Agencia Federal de Inteligencia, así como a los juzgados encargados de las causas por la desaparición.
El diputado mendocino Guillermo Carmona (FPV) pidió que el jefe de Gabinete «ratifique o rectifique información» sobre la localización del submarino debido a que «hay múltiples contradicciones».
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