Esta bien que investiguen, pero…
Entre las facultades del Poder Legislativo está el nombrar en su seno comisiones de investigación con el fin de examinar la gestión de los funcionarios públicos, el estado de la administración y del tesoro provincial.
Estas comisiones deben estar integradas por representantes de todos los bloques, en forma tal que refleje la composición de la Cámara, y ejerzan las atribuciones que les otorga el cuerpo en directa relación con sus fines, respetando los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional.
Las conclusiones de las comisiones investigadoras no son vinculantes para los tribunales, sin perjuicio de que sean comunicadas al Ministerio Fiscal para el ejercicio de la acción, cuando proceda, dice la Ley V N° 67, (Antes Constitución Provincial).
La legisladora Alejandra Marcilla, (PJ-FpV), impulsa un Proyecto tendiente a crear una Comisión Especial de Evaluación de los Organismos de Control de la Provincia, establecidos por la Constitución y las leyes correspondientes.
Considera la Sra. Diputada que los graves hechos de corrupción y malversación de fondos públicos que involucran a funcionarios del Poder Ejecutivo, caso Correa-«embrujo» y otras, demuestran graves fallas de los organismos de control previstos en nuestra Constitución.
Dice en su proyecto Marcilla: «Que resulta necesario generar acciones en el Poder Legislativo a fin de evaluar la actuación de los órganos de contralor establecidos en nuestra Constitución Provincial». Ellos son: Fiscalía de Estado, Contaduría General, Tribunal de Cuentas, y la Oficina Anticorrupción, creada por una ley provincial en el año 2004.
Ante el revuelo originado por el famoso «sobre bomba» y sus derivaciones esta bien que los Diputados investiguen y evalúen a los diferentes organismos de control pero…¿y por casa cómo andamos? ¿Qué tal si los legisladores miran un poquito hacia su propio accionar y eventuales responsabilidades en este presente?
Qué bueno sería que los Diputados del Chubut de una vez por todas se decidan a cumplir con lo establecido en la Ley XXV – 56, que en 2016 dio creación a una Comisión Especial de Control de lo actuado por el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, IPVyDU, desde el 10 de diciembre de 2003 hasta el presente.
La Comisión, para la que fueron designados como investigadores los Diputados Javier M. Cunha, Sergio M. Bruscoli, Viviana Navarro, Alfredo Di Filippo, Manuel Pagliaroni, Alejandro Albaini y Roddy Ingram, el 25 de agosto de 2016, nunca dio inicio a su obligación.
Una de las preguntas sería:¿Si los Diputados en tiempo y forma hubieran dado cumplimiento efectivo a Ley que ellos mismos sancionaron, y hubiesen empezado a investigar lo actuado por el IPV Chubut a partir del 10 de diciembre de 2003 a la fecha, cuánto de todo esto se podría haber evitado?
Es de esperar que los 27 legisladores de nuestra provincia, decidan por unanimidad investigar a los organismos de Control del Estado, pero también que también hagan un «mea culpa» sobre lo que ellos no hicieron, ni están haciendo, y que de una vez por todas se decidan a dar cumplimiento a la Ley XXV – 56, y procedan a investigar al IPV Chubut, donde fueron prestadoras de servicios todas las empresa constructoras que ya fueron allanadas por los Fiscales que actúan en la causa «embrujo» y otras.
