La familia de Santiago Maldonado manifestó sentirse víctima de una «persecución ilegal y perversa» tras notificarse de que los teléfonos del entorno del joven hallado ahogado el 17 de octubre pasado en el río Chubut tras estar 78 días desaparecido, habían sido «pinchados» por orden del juez a cargo de la investigación, Guido Otranto.
«Somos doblemente víctimas: por la falta de respuesta ante la desaparición y muerte de Santiago, y por comprobar que, en lugar de establecer quiénes son los culpables del hecho, fuimos investigados sin estar imputados en la causa», expresa un comunicado emitido anoche tras una resolución del juez Gustavo Lleral.
«Cuando ya pensamos que era imposible agravar la situación de nuestra familia, se produce esta revelación que no hace más que confirmar que fuimos y somos objeto de una persecución, que incluso podría llegar a constituir delitos», expresó en un comunicado la familia del joven artesano desaparecido el 1° de agosto pasado luego de un operativo realizado por Gendarmería Nacional en territorio mapuche.
Al manifestarse anoche «objeto de desviaciones maliciosas, de una persecución ilegal y perversa, que construye un escenario de impunidad para los autores del hecho», la familia Maldonado se refirió a la resolución dictada ayer por el juez de la causa Gustavo Lleral, quien declaró la «nulidad absoluta de todo el material (grabaciones y transcripciones)» ordenado por el anterior magistrado a cargo de la causa (Otranto) y su «destrucción total».
Las escuchas consideradas «ilegales» en la resolución de Lleral, corresponden a septiembre del año pasado cuando era buscado Maldonado, y fueron ordenadas por Otranto a raíz del pedido de la fiscal Silvina Avila sobre los teléfonos de Sergio Maldonado, Ariel Garzi, Claudina Pilquiman y Marcela Anarda Stocovaz.
«No tenemos nada que ocultar y no van a intimidarnos con provocaciones ni persecuciones», continúa el comunicado de la familia Maldonado.
Por último, reiteran su reclamo como «ciudadanos comunes y corrientes exigiendo Verdad y Justicia» y advierten que «el Estado no debería invertir tiempo y recursos en investigarnos sino dar una respuesta eficiente a nuestro pedido, que ya es de tantos miles en nuestro país y el mundo».
En la resolución de 11 páginas, el juez Lleral dejó en claro que «todo accionar de los órganos del Estado tiene como límite infranqueable al hombre y a sus derechos esenciales, que no pueden por ninguna razón verse afectados por medidas desproporcionadas, inconducentes e ilegítimas».
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