El Gobierno nombrará a casi 100 nuevos jueces federales en todo el país el próximo año. Será mediante concursos públicos y orales, que no deberán durar más de seis meses y que serán transmitidos en vivo por Internet, con la declamada intención de reforzar la lucha contra el narcotráfico en las zonas de frontera.
La iniciativa tiene la forma de un proyecto de ley que ingresó el jueves pasado en el Senado con la firma de Federico Pinedo y Luis Schiavoni, de Pro; de los radicales Luis Naidenoff, Ernesto Martínez y Silvia Elías de Pérez, y del peronista Rodolfo Urtubey. El amplio acuerdo político que no existe para los temas económicos se convirtió en un hecho en materia de seguridad.
El proyecto será anunciado pasado mañana en una reunión encabezada por el presidente Mauricio Macri y el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti , que tendrá lugar en el Centro Cultural Kirchner y que contaría con la presencia de más de 15 gobernadores, entre ellos, María Eugenia Vidal, que ya confirmó su presencia.
Con este proyecto se propone cubrir una falencia en el funcionamiento de la Justicia Federal del interior, desbordada de causas y con falta de magistrados. De hecho, el 40% de los cargos de jueces federales del interior del país está vacante y, de ellos, el 60% están en zonas de frontera.
El plan prevé que los juzgados federales del interior, que en su mayoría reúnen en un solo juez múltiples secretarías con diversas especialidades (penal, civil, laboral, previsional, contencioso), alberguen el trabajo de más de un juez. Así, cada secretaría será elevada al rango de juzgado y se le dará al juez la posibilidad de elegir con qué especialidad se queda. En el resto serán convocados concursos para elegir un juez para las otras especialidades.
Esos concursos, según la nueva ley, deberán estar listos en seis meses y tendrán una sola instancia de examen que será oral. Se transmitirán en directo por Internet y se corregirán en vivo para ahuyentar suspicacias.
La consecuencia técnica de esta decisión es la creación de 94 nuevos juzgados que se sumarán a los 116 existentes en todo el país.
Se distribuirán la mayoría en la frontera del noroeste (Salta y Jujuy), por donde ingresa la cocaína; en las provincias del noreste (Corrientes, Misiones y Chaco), por donde ingresa la marihuana, y en la zona central, que abarca Córdoba y fundamentalmente Rosario, epicentro del narcotráfico mafioso.
En el NOA la cantidad de jueces federales se incrementará un 121% con la llegada de 17 nuevos funcionarios. En el NEA el crecimiento será del 100% con el ingreso de 23 nuevos jueces, y en el centro el incremento será del 78%, con 14 nuevos jueces.
En la provincia de Buenos Aires, donde se da el 51% de las causas de drogas del país, habrá 16 nuevos jueces federales, un 67% más que los existentes.
El colapso de la Justicia Federal en el interior alarma: en el NEA hay casi 57.000 causas en trámite y solo 457 sentencias. Allí se sumarán 23 nuevos jueces federales.
En el NOA hay 38.800 causas en trámite y solo 321 sentencias, mientras que en Rosario y Córdoba hay 16.007 causas y solo 211 sentencias.
Los números consideran no solo las causas penales, sino las de todos los fueros. Faltan jueces que tomen decisiones.
Los que se destacan son los casos penales, pero también los previsionales y la reparación histórica. Hay en el interior muchos recursos de amparo por cuestiones de salud, reclamando tratamientos o medicamentos. Estos son los casos en los que hay mayor demanda de justicia.
Este estudio de lo que hay y lo que hace falta lo realizó en los últimos dos años Juan José Benítez, subsecretario de Política Criminal, tras recorrer con su equipo todo el país y relevar las causas. Así se establecieron las prioridades.
«Estamos buscando el fortalecimiento del sistema penal en las provincias y preparándonos para la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que contempla la oralidad. Comenzamos a fin de año en Salta y Jujuy», explicó Benítez.
Desde el punto de vista político, la llegada de nuevos jueces federales en el interior se traducirá en licuar el poder de los únicos jueces federales actuales, pero por otro lado abre una negociación política con los gobernadores y la Casa Rosada. No por nada fueron presentados en el Congreso, desde 2008, 114 proyectos de ley para la creación de juzgados federales en todo el país.
El gasto que demandará la puesta en funciones de casi 100 nuevos jueces federales será de unos 363 millones de pesos; 180 millones de pesos menos de lo que significaba poner en marcha el Código Procesal Penal con los 220 cargos que proponía crear el kirchnerismo.
«Pretendemos ayudar a los jueces del interior, apoyarlos para que puedan trabajar en casos penales, previsionales y contenciosos», dijo Benítez.
El proyecto no incluye ni una letra sobre los jueces federales de Comodoro Py 2002. En el Gobierno creen que ahí no hay necesidades. De hecho, hay una sola vacante: el juzgado que ocupaba Norberto Oyarbide. Los federales de Comodoro Py no verán licuado su poder.
La Nación
