El interbloque Cambiemos se alzó con el dictamen de mayoría para declarar la validez del DNU 756/18 que eliminó el Fondo Federal Solidario, creado en 2009 bajo la gestión kirchnerista y que tenía como fin la transferencia de recursos a las provincias y los municipios para el financiamiento de obras.
Con una asistencia perfecta, el oficialismo logró blindar el decreto al reunir ocho firmas, mientras que por la oposición suscribieron siete legisladores, pues solo faltó el diputado entrerriano Juan José Bahillo, del bloque Justicialista, qiuen está en Estados Unidos, adonde concurrió acompañando la comitiva oficial del gobernador entrerriano Gustavo Bordet.
En primer lugar tomó la palabra el diputado Pablo Tonelli (Pro), quien defendió la medida y sostuvo que “desde el punto de vista de la validez formal” y según la “doctrina del paralelismo de las formas y las competencias” si el FFS “fue creado por un DNU, es perfectamente válido y posible que mediante otro DNU sea modificado o directamente derogado”.
El oficialista recordó que cuando se creó el Fondo -en 2009- “lo que las provincias recibían de manera automática, como porcentaje del total de los impuestos recaudados en el país, ascendía a poco menos del 24 por ciento”.
“Como consecuencia de reformas estructurales resueltas en los últimos años, el porcentaje de la coparticipación automática que hoy reciben las provincias, y a través de las provincias los municipios, ha crecido notoriamente y ha dejado de ser de poco menos del 24 por ciento y hoy alcanza al 35 por ciento”, destacó.
Por lo tanto, el legislador de Cambiemos consideró que las provincias “no ven disminuida la ayuda financiera que recibían de la Nación a través del Fondo, sino que en la práctica están recibiendo más recursos que antes”. “No hay afectación, no hay perjuicio, porque esos recursos se han visto notoriamente incrementados como consecuencia de las reformas impositivas”, insistió Tonelli.
En rechazo del decreto, el senador jujeño Guillermo Snopek (Justicialista) aseguró que la eliminación del FFS “deja de permitir el desarrollo en algunas regiones” y quita “la previsibilidad que han tenido tanto las provincias como los municipios”.
En tanto, el senador Daniel Lovera (PJ La Pampa) expresó que “impacta negativa y cruelmente en las economías regionales”. Y agregó que la decisión fue tomada por el Ejecutivo “de manera inconsulta, unilateral, pero sobre todo de manera dañina; con una mirada nuevamente centralista y unitaria del país”.
Otro oficialista que defendió la medida fue el radical Gustavo Menna, quien se refirió al decreto 206/09, por el cual se creó el Fondo Sojero, y remarcó que fue “una anomalía en lo que tiene que ver con el reparto de competencias tributarias que marca la Constitución Nacional. Los impuestos o tributos de fuente externa son de potestad del Congreso”.
Además, el diputado señaló que en la Ley de Coparticipación Federal están “excluidos los derechos de importación y exportación” para los fondos a distribuir entre las jurisdicciones, y el FFS se integraba con la suma que el Estado percibía en concepto de derechos de exportación de soja en todas sus variedades y derivados.
Al cruce de los argumentos esgrimidos por Tonelli sobre la validez del decreto, la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti resaltó que un DNU “no solo tiene que tener legalidad sino también legitimidad”. “El Gobierno nacional está imponiendo el ajuste a las provincias y los municipios”, enfatizó la senadora.
Para la mendocina, el Gobierno está además “trasladando el costo político que significa el ajuste de la crisis económica a la que nos ha llevado el macrismo; no hay ninguna explicación que esa para borrar de un plumazo el Fondo Solidario”.
La legisladora detalló que en lo que resta de 2018 y durante todo 2019, las provincias perderán 51 mil millones de pesos por la eliminación del Fondo, y realizó una comparación con la “timba financiera”. Mencionó entonces que el pasado 15 de agosto, “para mantener el dólar a 30 pesos”, el Banco Central “rifó 1.600 millones de pesos”, es decir, “todo y más de lo que las provincias tendrían que recibir”.
A su turno, la salteña Cristina Fiore Viñuales se preguntó: ¿Realmente las provincias nos beneficiamos con esos 11 puntos más (de coparticipación automática), con una inflación como la que tenemos hoy día?”.
La senadora del Interbloque Federal subrayó que lo que “está herida” a través de este DNU es “la palabra empeñada”, porque la eliminación del Fondo Sojero no estaba prevista para este año; y criticó al Gobierno nacional por “cambiar las reglas de juego a mitad de camino”.
Habló también la senadora kirchnerista María de los Angeles Sacnun, quien sostuvo que el Fondo Sojero, tal como se lo conoce, “reparaba una deuda histórica con los municipios y comunas” de todo el país, dado que era “una medida federal que garantizaba la realización de obras que en muchos casos no se hubieran podido realizar”.
Hacia el final, Máximo Kirchner afirmó que la medida se da en “un contexto de recortes” e hizo hincapié en cómo afectara a los municipios en su “reasignación de recursos”. “Todos sabemos que la medida es mala, entiendo a los que les toca acompañarla”, dijo el diputado, que además consideró que “esto va a contraer más la economía; le hace mucho daño a los municipios y las provincias”.
Para cerrar, el presidente de la comisión, Luis Naidenoff, justificó que “por la coyuntura, por la emergencia, se toma esta decisión”. No obstante, el senador radical argumentó que “si uno tiene que comparar del 2015 hasta finalizado el año pasado, y comienzos de este año, las provincias han recibido 200 mil millones de pesos más de incremento en la coparticipación”.
El jefe del interbloque Cambiemos en el Senado añadió que el uso del FFS “fue desvirtuado” ya que “hay provincias que lo utilizaron para plazo fijo y gastos corrientes”; y también resaltó que en la actualidad “de las 24 provincias, 20 tienen superávit”.
A la reunión asistieron legisladores que no integran la bicameral -algunos hicieron uso de la palabra-, entre ellos varios diputados del FpV-PJ, quienes estuvieron sentados junto a la intendenta de La Matanza y presidenta de Federación Argentina de Municipios, Verónica Magario.
Al comienzo, Naidenoff precisó que en el oficialismo hubo cuatro reemplazos: por los diputados Luis Petri y Fernando Iglesias ingresaron Gustavo Menna y Alejandro García, respectivamente; mientras que la senadora Marta Varela tomó el lugar de Silvia Giacoppo e Inés Brizuela y Doria reemplazó a Pedro Braillard Poccard.
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