Acorralada por la Justicia, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentó por octava vez en los tribunales de Comodoro Py. Nuevamente, la senadora presentó un escrito en el que cuestionó el avance judicial en su contra y reiteró que se siente víctima de una persecución política y judicial.
Por octava vez voy a prestar declaración indagatoria a Comodoro Py, lugar donde ya no rige ni la Constitución, ni los códigos de fondo ni de forma. Esta vez me encuentro en una situación inédita…
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 18 de septiembre de 2018
«Podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno», señaló Cristina Kirchner en su escrito.
Tuvo que llamarme a indagatoria porque se lo ordenó la Cámara a pedido expreso de la UIF que, por decisión de Mauricio Macri, está a cargo de Mariano Federici, ex asesor del FMI. O sea: es una indagatoria a pedido. Más claro, echale agua.
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 18 de septiembre de 2018
Acá les dejo el escrito que acabo de presentar.https://t.co/PqnuXDJi9S
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 18 de septiembre de 2018
La ex jefa de estado debía presentarse, acusada de ser coautora de lavado de dinero, en el marco de la causa conocida como la Ruta del Dinero K, un expediente por el cual el empresario kirchnerista Lázaro Báez lleva preso dos años y medio por presuntamente haber blanqueado 60 millones de dólares entre 2010 y 2013.
En el escrito que presentó ante el juez Sebastián Casanello volvió a denunciar que sufre «una persecución» política ya que no hay motivos para que sea vinculada en la causa.
Vestida de traje a cuadros blancos y negros, la ex mandataria ingresó al edificio acompañada de sus secretarios privados y rodeada de un importante dispositivo de seguridad.
Cristina se presentó luego de que ayer fuera procesada por sexta vez: el juez Claudio Bonadio la acusa de ser jefa de una asociación ilícita que se dedicó al cobro de coimas y además, requirió su prisión preventiva.
Según la investigación por la corrupción en la obra pública, Cristina favoreció a Báez con 52 contratos viales por $ 46.000 millones. Fueron, según la investigación, licitaciones “plagadas de irregularidades” donde confluyeron otros agravantes: la mitad de las obras no se terminaron, se les aplicó un sobreprecio del 65% y se armaron pliegos a la medida de Austral Construcciones, entre los puntos más relevantes. La Sala II de la Cámara federal porteña fue la que determinó que esos flujos millonarios de fondos que recibió el Grupo Austral son el “delito precedente” del lavado, pues parte de ese dinero se volcó al blanqueo ilegal.
La Gaceta
