Esteban Abel, secretario del Consejo de Administración de Servicoop -la cooperativa eléctrica de Puerto Madryn- criticó hoy la Resolución 3442/2018 emitida por el gobierno nacional por la que obliga a desdoblar la factura de servicios eléctricos con respecto a otros servicios brindados por las cooperativas en todo el país. “Esto hace peligrar la capacidad de pago de sueldos y la estructura de las cooperativas vinculadas al agua, saneamiento y alumbrado”, señaló.
“Cuando se separa en la facturación los servicios, se genera una situación de incertidumbre y hay algunos que no se pueden cortar, como el agua, entonces ahí se genera un desfasaje económico” aseguró Abel, y agregó “va a haber un perjuicio para el financiamiento de servicios que brinda la cooperativa, como el servicio solidario de sepelio y la tarifa social, que van a ser afectados”, argumentó.
Con respecto a la tarifa social, Abel explicó que “implica un descuento del 50% para jubilados, pensionados y personas de bajos recursos. Actualmente está apalancada en el cobro de tarifas diferenciales para aquellos que usan el agua como insumo para la producción, pero con este decreto, si perdemos capacidad de cobro, no va a haber forma de mantenerla”, indicó
Asimismo, Abel, quién también forma parte de la Lista verde oficialista en las elecciones de delegados de la cooperativa de Madryn que se llevarán a cabo este sábado 24, destacó que “hoy tenemos un 98% de cobrabilidad. Creemos que la sección de energía va a seguir con ese nivel, pero no sabemos cómo van a quedar las otras áreas. Lo que produce el decreto es desfinanciamiento, por lo que se puede llegar a complicar el pago de salarios”.
“Antes de la primera resolución del ex ministro de Energía Aranguren, Cammesa le facturaba a las cooperativas 3 millones de pesos por mes y en apenas dos años pasamos a pagar 45 millones mensuales” explicó Abel, y remarcó que “esta realidad está afectando ya hace tiempo toda la operatividad de los servicios en el sur, y ahora se suma un nuevo decreto que complica aún más toda la situación”.
“La realidad es que al gobierno, lo único que le interesa es garantizar la cobrabilidad de Cammesa a las cooperativas, más allá de lo que pueda pasar con los demás servicios. En pueblos como los de la Patagonia, donde hay 120 mil habitantes, desfinanciar la estructura de las cooperativas con una medida arbitraria como esta puede tener graves consecuencias”.
