El 18 de diciembre pasado el financista Ernesto Clarens se presentó en el juzgado de Claudio Bonadio. Llegó a las 11 de la mañana porque había sido citado a esa hora. En la secretaría 21 del juzgado trabajaban en varias declaraciones al mismo tiempo. Clarens aguardó más de una hora sentado en un banco del pasillo del cuarto piso de Comodoro Py. Se lo vio conversar amablemente para matizar la espera.
Pasadas las 12 ingresó al juzgado y brindó ante el juez y el fiscal Carlos Stornelli una explicación detallada de las planillas que había aportado cuando en agosto pasado había declarado como arrepentido en el Caso Cuadernos. En aquellas planillas el financista -a quien le confirmaron su procesamiento como organizador de la asociación ilícita que recaudaba coimas durante el kirchnerismo- había anotado los pagos de las empresas a partir de las obras que cada una había recibido.
Clarens recibía las coimas de las empresas en pesos, compraba dólares, ganaba su comisión y luego entregaba los dólares a Daniel Muñoz, ex secretario de los Kirchner, y a José López, ex secretario de Obras Públicas durante los doce años del gobierno kirchnerista y encargado de manejar la relación con las empresas constructoras que obtuvieron millonarios contratos.
El martes pasado aportó más datos a pedido de los investigadores del caso. Hizo un amplio listado de personas con las que se contactaba para concertar los pagos. Entre ellos nombró a Ángelo Calcaterra como uno de los integrantes de la firma IECSA con los que acordaba los pagos. Los otros dos integrantes de esa compañía eran Javier Sánchez Caballero–procesado por el Caso Cuadernos- y Santiago Altieri, hombres de confianza de los dueños de la empresa.
También señaló que había un grupo de empresas que obtenían millonarios contratos de obra pública que no pasaban por sus oficinas porque tenían línea directa con el kirchnerismo. En esa lista puso a «Electroingeniería, Vialco, CPC, Austral y Sucesión Biancalani». Las primeras dos compañías estaban en manos de Gerardo Ferreyra, CPC pertenecía a Cristóbal López y las dos últimas a Lázaro Báez, empresarios ligados al kirchnerismo.
Clarens explicó cómo era el sistema para aparentar licitaciones cartelización-, cómo se instrumentaba la falsa competencia entre la empresas y cuánto tenía cada contrato en sobreprecio. Además señaló algunos casos en los que al no haber acuerdo, las compañías compitieron «de verdad» por las obras.
En las planillas Clarens también había anotado los montos que debían pagar las empresas que hacían obras en los corredores viales bajo la supervisión recaudatoria de Claudio Uberti, quien encabezó el Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI). Aclaró Clarens que ese dinero no le llegaba a sus manos.
Cuando le preguntaron de dónde habían surgido los listados de las empresas de obra pública y sus pagos, Clarens dijo que «sé que circulaba en la Camarita, nunca supe quién lo confeccionaba, creo recordar que alguna vez, Perales -en referencia a Perales Aguiar- me pudo haber acercado estos listados. De todos modos, todos los integrantes de la Camarita contaban con estos listados y se valían de los mismos para lograr que le fueran otorgadas obras. En cuanto a las firmas o personas que integraban La Camarita, debo indicar que la totalidad de las empresas que figuran en el ránking eran quienes compraban los pliegos de las obras, pero reitero que las primeras 40 empresas eran las que definían, mayoritariamente, las asignaciones». Clarens se refirió a Rodolfo Perales, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Viales, conocida como «La Camarita» para diferenciarla de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).
Clarens había declarado que hizo aportes de campaña de dinero proveniente de coimas pagado por empresas que le entregó a López entre los años 2011 y 2013. En su última declaración agregó que en 2015, cuando se realizó la última campaña presidencial, le entregó dinero negro a López.
La última declaración de Clarens aportó varios nombres que si bien ya fueron indagados y procesados en la primera parte del Caso Cuadernos, pueden llegar a ser llamados nuevamente a declarar por uno de los tantos desprendimientos de la causa original: la cartelización de la obra pública civil. A pesar de la feria judicial se vaticina un verano movido en Comodoro Py.
Infobae