La fórmula del Coeficiente Único de Distribución no es un secreto para nadie y son cada vez más los intendentes que le encuentran la vuelta para escalar posiciones y garantizarse alguna porción “extra” de la torta provincial.
Como cada año, la difusión de los Coeficientes Único de Distribución, que se usan para calcular la porción de recursos provinciales y de Nación que se llevará cada uno de los 135 bonaerenses, generan polémicas. Hay ganadores y perdedores, y algunos señalados por la “competencia desleal” para sumar unos (cuantos) pesos a las arcas propias.
Ese coeficiente no es otra cosa que una fórmula que contempla distintos parámetros, como población, superficie, capacidad contributiva y algunos indicadores de salud, que, combinados, crean el “número mágico”. Esta cuenta se hace año a año y determina la proporción de la coparticipación y los fondos que se descentralizan de Provincia y Nación recibirá cada comuna.
La fórmula no es ningún secreto: de hecho, está reglada por la Ley 10.559, que determina que el 16,14% del total de la recaudación de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario Urbano, Impuesto a los Automotores, Impuesto de Sellos, Tasas Retributivas de Servicios y Coparticipación Federal de Impuestos, vaya a parar a las comunas, bajo el siguiente esquema:
De ese total, el 58 por ciento se distribuye entre todas las comunas con una fórmula específica: el 62% (sesenta y dos por ciento) en proporción directa a la población, con una salvedad: la Costa, Pinamar, Villa Gesell y Monte Hermoso toman como población la resultante de la suma de los residentes permanentes en el lugar, más la doceava parte del caudal turístico; el 23 por ciento, en forma proporcional a la inversa de la capacidad tributaria “per cápita”, ponderada por la población, y el 15 por ciento en proporción directa a la superficie del Partido.
Del 42 por ciento restante, se hace una segunda repartija: el 37 por ciento entre las Municipalidades que posean establecimientos oficiales para la atención de la salud -con o sin internación- y el 5 por ciento entre las que cubrieran servicios o funciones de salud “ambulatorias”.
No son pocos los intendentes que le encontraron la vuelta para ganar recursos a expensas de estos dos ítems ¿Cómo? Inaugurando salas de internación que, muchas veces, consisten en meros pabellones con camas y dotación mínima de médicos y enfermeros. O consultorios externos que, si bien atienden a la población, no tienen ningún control cualitativo.
De hecho, son las propias comunas las que brindan los datos respecto de las plazas de internación y de los servicios de salud que prestan, sin ningún tipo de auditoría por parte de la Provincia. Y, muchas veces, sin tener en cuenta las necesidades y prioridades en la materia de la comuna. ¿Es mejor tener una guardia equipada, alta complejidad, un sistema de emergencias o una maternidad? En este caso no importa, porque no hay dudas respecto de qué “rinde más” en términos económicos.
El debate respecto de estos “trucos” a los que echan mano los intendentes está a la orden del día. La ley vigente data de 1987 y muchos piden actualizarla, de manera que otros factores, como la “capacidad contributiva” de una comuna hacia las arcas provinciales, o la calidad y cantidad de servicios municipales sean tenidos en cuenta.
Por ahora, no ha habido demasiados avances en la materia. Por presión de la UCR, hubo un incipiente debate el año pasado y el Ministerio de Economía se comprometió a analizarlo. Pero, según supo este portal, no habrá novedades en lo inmediato. Por lo pronto, las reglas para el año electoral están fijadas. Y el debate sigue abierto.
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