Según el sitio ADN Río Negro, la Organización Ecologista Piuke expresó su rechazo al avance de proyectos de minería de uranio, a la vez que reclamó la restitución de la Ley Anticianuro, a raíz del anuncio -de hace dos semanas- de la empresa canadiense Blue Sky Uranium Corp de explotar uranio y vanadio en el depósito denominado “Ivana” del proyecto “Amarillo Grande”.
Según los estudios de la minera, el proyecto tendrá una vida útil de 13 años, mientras que hay otros dos proyectos más a desarrollar en la zona.
La minería del uranio genera enormes impactos en el ambiente. Sobrados casos existen en el mundo y específicamente en Argentina, donde todavía no se realizaron las remediaciones correspondientes y las comunidades impactadas aún reclaman. Por otro lado, esta minería se realiza principalmente con el objetivo de alimentar centrales nucleares, que en la provincia están prohibidas por ley.
“Quieren contaminarnos para proveer a un negocio foráneo y peligroso. Insistir en impulsar la minería del uranio es pretender imponer un modelo de saqueo y contaminación que el pueblo rionegrino rechazó en las calles y en las urnas”, señala Piuke.
“Los representantes de este modelo de maldesarrollo quieren desconocer la voluntad popular e impulsar proyectos de megaminería a cielo abierto, uranio, centrales nucleares, megarepresas y concentración de la tierra en mano de corporaciones multinacionales. Para imponerlo recurren, si es necesario, a la represión y lo hacen desde el racismo, la xenofobia y la prepotencia antidemocráticas”, resaltó el comunicado.
También reclaman que “devuelvan al pueblo rionegrino la llamada Ley Anticianuro N° 3981, derogada el 29 de diciembre de 2011, que protegía a las comunidades de la explotación de la megaminería y sus peligrosas consecuencias”.
La norma señalaba: “Prohíbese en el territorio de la Provincia de Río Negro la utilización de cianuro y/o mercurio en el proceso de extracción, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos, en el marco de la ley nacional nº 25.675, tratados y convenciones internacionales y demás leyes nacionales y provinciales vigentes en materia ambiental”.
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