«Somos conscientes que la grave situación institucional está perjudicando no solo a los empleados municipales, sino a toda la comunidad por la falta de servicios que trae aparejado un lucro cesante a diversos sectores de nuestra capital chubutense», informaron desde el Concejo mediante un comunicado de prensa.
«Los resortes para resolver todos los temas que hoy nos aquejan están en el Ejecutivo Municipal», agregaron los ediles.
«Ninguna de las medidas que dicen haber elaborado para tratar de dar una solución, requieren de acuerdo legislativo ni pronunciamiento de este cuerpo legislativo municipal -remarcaron- por el contrario, son todas medidas que debe adoptar el Ejecutivo en el ejercicio de sus atribuciones.
Asimismo, el cuerpo deliberativo dejó en claro que «la política salarial, la política recaudatoria, la enajenación de bienes, el cobro de deudores morosos, el cobro vía judicial, las gestiones ante el gobierno chubutense y el gobierno nacional, son pura y exclusiva responsabilidad de quien lleva adelante la gestión de gobierno.
Y en aquellas cuestiones donde la iniciativa es compartida buscamos el consenso para satisfacer el interés de toda la comunidad».
«Hacerle creer a los trabajadores que una operación inmobiliaria de venta de tierras puede ser la solución a los problemas, es cuanto menos inocente, a la vez que de una temeridad absoluta», expresaron los ediles.
«Sin embargo -añadieron en el texto- no atender las instituciones que dependen del Ejecutivo, perjudicar con su actitud irresponsable la continuidad de las prestaciones de servicios; caso el transporte público, los servicios públicos de luz, agua y cloacas; el otorgamiento de licencias de conducir, no prestar seguridad en la vía pública con el área de tránsito, no prestar los servicios de inspección bromatológica, no garantizar el ejercicio de los derechos de justicia municipal, son razones que obligan a la intervención de este Concejo Deliberante», el cual reclamó que «se normalice la situación en beneficio de toda la comunidad y así lo hemos hecho, recibiendo solo la ausencia en dos ocasiones a las convocatorias realizadas». «Lejos de ofrecer respuestas satisfactorias en este sentido, queda demostrada la incapacidad siquiera para interpretar el problema que la actitud que se adopta desde el Ejecutivo Municipal es la de echarle la culpa a los demás de lo que ocurre», aseguraron los ediles.
En ese marco, ratificaron el Juicio Político contra Rossana Artero, al considerarla como la «única responsable» del «desmanejo y falta de funcionamiento de la capital chubutense». En tanto, se lamentaron que no existiera una vía más expeditiva para aportar solución a la grave crisis institucional que atraviesa la capital provincial.
«Responsabilizamos a partir de este momento a la intendente Rossana Beatriz Artero por los perjuicios económicos y legales que su accionar provoque tanto a los empleados municipales como al resto de la ciudadanía, sean comercios, profesiones e instituciones», sentenciaron los concejales al finalizar el comunicado.