Tras 11 días de un estallido social sin precedentes en los 29 años de democracia, ninguna medida del gobierno de Sebastián Piñera ha logrado bajar la tensión en las calles.
Una nueva convocatoria a través de redes sociales llamó este martes a una gran marcha no autorizada ante la sede de la presidencia de Chile, en el centro de Santiago, para exigir demandas sociales después de que el lunes se registrara otra jornada de violencia.
Tras 11 días de un estallido social sin precedentes en los 29 años de democracia, ninguna medida del gobierno de Sebastián Piñera ha logrado bajar la tensión en las calles, donde conviven un gran movimiento sin líder ni color político que reclama un país menos desigual, y otro numéricamente inferior, con un discurso antisistema, más radical, que ha originado destrozos millonarios en infraestructuras.
En esta vorágine de movilizaciones que se han replicado en el puerto de Valparaíso, donde se encuentra la sede del Congreso, y en Concepción, en el sur del país, entre otras regiones, el gobierno contabiliza hasta ahora 20 muertos y más de 9.000 detenidos desde el comienzo de las protestas el 18 de octubre.
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, dijo este martes que desde el Gobierno perciben «un incremento» de esa ola más radical desde el lunes, tras un cambio de gabinete pedido a gritos en protestas y redes sociales, cuando pasaron de 21 a 89 «los eventos graves distribuidos de lo largo y ancho del país», según dijo en referencia a incendios, saqueos y destrucción de edificios.
Karla Rubilar, la nueva ministra vocera, designada el mismo lunes en que nuevos enfrentamientos violentos dejaron el centro de Santiago entre escombros y cenizas, señaló el contraste entre esos actos y la manifestación del viernes pasado que concentró a 1,2 millones de personas en la céntrica plaza Italia, en un ambiente festivo y familiar.
«Lo que estamos viendo hoy día en el centro de Santiago no es la gente que quiere justicia social, no es la gente que quiere un Chile mejor, es gente que quiere destrucción y caos», dijo Rubilar.
La incertidumbre prima estos días en la cotidianidad del chileno, acostumbrado en casi 30 años a la estabilidad política tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90) y al buen estado de su economía de mercado, con una inflación que fluctúa entre el 2 y el 3% anual, un dólar estable, un bajo desempleo (del 7% en promedio) y altas tasas de crecimiento.
Pero la amplia clase media que emergió en el país coincide en las calles en expresar su frustración con un sistema de flexibilidad laboral, bajas pensiones, salud y educación privadas, y percibe al actual gobierno como un grupo de empresarios desconectados de la realidad.
El presidente Piñera no logra aplacar las protestas y ha hecho algunas concesiones impensables hasta hace algunas pocas semanas.
«Satisfacer las aspiraciones de las nuevas generaciones, creo que eso es lo que tiene que suceder y, si no es este gabinete actual, tendrá que ser otro o sino tendrá que ser otro presidente», opinó este martes Fernando Rencoret, un jubilado de 73 años, de acuerdo con el trasfondo de las manifestaciones.
Estos hechos, que han sorprendido a muchos, «corresponden con lo que está pasando en el mundo y muestra que, bajo la apariencia de normalidad, se acumula la frustración por la desigualdad social y la corrupción e incompetencia de muchos políticos», opinó el sociólogo español Manuel Castells, académico del MIT, entrevistado por el diario La Tercera.
Castells no se sorprende de las escenas de caos en Chile. «Cuando no hay respuestas a los problemas de la gente durante mucho tiempo y la política se convierte en un juego cínico de una casta política para favorecer a los de siempre, hay un momento en que una chispa enciende la pradera reseca de resentimientos», dijo.
Una encuesta de la Universidad Católica de Temuco reveló el martes que el 94% de las personas consultadas sobre esta convulsión en Chile está a favor de las demandas sociales.
En un hecho inédito en un país donde la sociedad se divide marcadamente por clases, el sondeo reveló que dos tercios de los encuestados (68%) salieron a golpear cacerolas la semana pasada, incluso en sectores acomodados de Santiago, y el 80% cree que a mucha gente «le está yendo peor» de lo que se dice.
Con unos datos macroeconómicos sobre todo positivos, el flamante ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que la economía se verá impactada a final de año por estas protestas.
«Lo más preocupante es que las señales que hemos dado hacia afuera (…) van a generar una merma en la inversión», dijo Briones a radio Cooperativa.
«Tenemos una nueva realidad» y habrá que «sincerar» las previsiones oficiales, que esperaban un crecimiento de entorno al 2,5% este año, uno de los más altos de la región.
