Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron este jueves su preocupación por la grave situación que vive Ecuador, donde se desataron masivas protestas contra reformas económicas impulsada por el presidente Lenín Moreno, quien tuvo que declarar el estado de excepción.
El relator para Ecuador del Comité de la ONU de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Mikel Mancisidor, cuestionó que «la situación en Ecuador sea tan extrema como para amenazar la integridad del Estado», rechazando «que los derechos a la libertad de asociación, asamblea y movimiento hayan sido suspendidos».
La CIDH, por su parte, repudió el «uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, como evidencian imágenes de represión a las protestas sociales».
«Seguimos con preocupación la situación de un centenar de detenidos en todo el país, por lo menos 19 heridos y 20 periodistas agredidos», indicó el organismo vía Twitter.
Policías y manifestantes se enfrentaron ayer en Quito, mientras varias ciudades sufrieron paros, manifestaciones, ataques a cajeros automáticos y asaltos a comercios.
«Hasta el momento tenemos 21 policías heridos, hay 277 detenidos que cometieron actos de vandalismo y atentaron contra la propiedad», dijo anoche el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.
La Cruz Roja ecuatoriana también acudió a esa red social para denunciar «agresiones» contra «el personal humanitario que brindaba atención pre hospitalaria en las ambulancias», citó la agencia de noticias Europa Press.
Moreno decretó este miércoles el estado de excepción en todo el país «para garantizar el orden, la tranquilidad y la seguridad frente al caos generado por la ola de protestas».
Las manifestaciones se desataron en contra del último paquete de reformas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que plantea la eliminación de las ayudas al consumo de combustible y la liberalización de precios.
El gobierno enmarca el conocido ya como «paquetazo» dentro de sus esfuerzos para reducir el déficit fiscal, que se estima actualmente en los 3.600 millones de dólares.
El objetivo de Moreno, que en febrero firmó un acuerdo de 4.200 millones de dólares con el FMI, pasa por reducir el déficit hasta los 1.000 millones de dólares en 2020, de esta manera lo reseñó El Clarín.
El Comité de la ONU, que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también atribuyó el «paquetazo» al acuerdo con el FMI, y sostuvo que «lo que el gobierno llama ‘Plan Prosperidad’ es en realidad un plan de ajuste estructural».