El shock de consumo que el futuro presidente Alberto Fernández pretende instalar desde el minuto uno de su gobierno podría incluir un aumento generalizado de salarios a través de una suma fija no remunerativa, que ya se habría empezado a negociar con las principales cámaras empresariales y la CGT.
Algunas fuentes cercanas a economistas del futuro mandatario ubican esa suma entre los $ 7.000 y los $ 8.000, a cuenta de futuros aumentos.
Se complementaría con unos $ 40.000 millones destinados al Plan de Lucha contra el Hambre, y a una suba adicional para jubilados y pensionados, por encima de la que prevé la ley de Movilidad previsional.
La decisión iría de la mano con acuerdos voluntarios entre empresas y gremios para mantener las plantillas de personal por al menos un año, con el fin de frenar el temor a despidos que impera en la actualidad entre los trabajadores.
En paralelo se anunciaría un acuerdo para mantener congelados por 180 días los productos de la canasta básica.
«El paquete económico y social debe atender las necesidades del universo más amplio que se pueda, y si para eso hace falta emitir moneda y dar un rol más protagónico al Estado, no creo que haya problemas», dijo a la agencia NA un economista que comulga con los equipos técnicos que vienen.
