Las modificaciones propuestas a la Ley 7.722 que se votaron este viernes en la Legislatura provincial contaron con el apoyo de la amplia mayoría de ambas cámaras, instancia que se logró tras el acuerdo del oficialismo con el PJ que pidió incorporar algunos cambios.
La ley pasa de ser prohibitiva a ser fiscalizadora y se crea una Policía Ambiental y una Bicameral de Control.
El borrador reflejó las modificaciones planteadas por el Partido Justicialista en cuanto a los controles ambientales y que sean los municipios los que deban brindar su aval para que se desarrollen los proyectos mineros. También se mantienen los controles ambientales con auditorías internacionales.
El peronismo y Cambia Mendoza acordaron el proyecto para modificar la Ley 7.722.
Entre los puntos principales está el artículo 1 que acota la prohibición de sustancias a usarse a solamente el mercurio.
Establece que el control de la actividad minera se realizará a través de las siguientes leyes nacionales: 25.675 (Ley Nacional de Ambiente), 24.585 (Ley de Actividad Minera) y Ley Nacional 26.639 (Preservación de Glaciares). También de las leyes provinciales de Preservación del Medioambiente (5.961), Residuos Peligrosos (5.917), Ordenamiento Territorial (8.999) y Plan de Ordenamiento Territorial (8.051) ley provincial 6.045 (Protección de Áreas Naturales). Y de los artículos constitucionales 124 ( Constitución Nacional) y artículo 1 (Constitución Provincial).
En cuanto a la utilización de sustancias, quedará reducida a la cantidad permitida en la República Argentina.
En su artículo 3 se establece que los proyectos mineros deberán presentar en su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) informes del Departamento General de Irrigación, informes sectoriales municipales, del Ianigla y manifestación específica de Impacto Ambiental sobre los recursos hídricos.
En el cuarto artículo se incorporó uno de los pedidos del PJ: la participación ciudadana en el control ambiental se dará por la Red de Vigilancia Ambiental.
También prevé que el organismo de aplicación sea la Secretaría de Ambiente que deberá implementar la Policía Ambiental. Este fue otro de los pedidos del justicialismo. Se establece también que las audiencias públicas las harán los municipios.
Se obliga a las mineras a contratar un seguro ambiental a favor de la provincia y mano de obra local y se ordena que los proyectos mineros a gran escala deberán contratar auditorías internacionales.
Con información de Diario Uno.
