El premier francés, Édouard Philippe, anunció hoy que adoptará el proyecto de reforma jubilatoria por decreto, sin someterlo a la votación de la Asamblea Nacional, una decisión que provocó la presentación de dos mociones de censura de la oposición y amenaza con relanzar las protestas en las calles, además de castigar al oficialismo en las elecciones municipales de la próxima semana.
«Después de más de 115 horas de debate, la Asamblea Nacional llegó a examinar el artículo 8 (de un total de 65). Creo que nuestra democracia no puede darse el lujo de semejante espectáculo», afirmó ante el hemiciclo Philippe, quien denunció «una estrategia de obstrucción deliberada de una minoría».
El primer ministro, cara visible de la agenda reformista del presidente Emmanuel Macron, argumentó el uso del polémico artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar leyes por decreto, con el objetivo de poner fin al «no debate» de la medida.
De esta forma, el Ejecutivo acabaría con cualquier opción de debate después de las más de 40 mil enmiendas que presentó la oposición, casi todas desde el partido izquierdista Francia Insumisa.
Las palabras del premier fueron aplaudidas por los diputados de la mayoría oficialista, pero abucheadas por los legisladores opositores presentes en el pleno.
Considerada la mayor revisión al sistema jubilatorio francés desde la Segunda Guerra Mundial, la reforma previsional fue fuente de controversia desde su presentación el pasado 11 de diciembre, tanto en las calles con huelgas y protestas, como en la esfera política.
Poco después del anuncio de Philippe, el partido conservador Los Republicanos, por un lado, y tres formaciones de izquierda -los socialistas, los comunistas y los miembros de Francia Insumisa-, por el otro, presentaron mociones de censura contra el gobierno en un intento de frenar la aprobación por decreto, reseñó el diario Le Monde.
«El gobierno decidió autorizar la utilización del 49.3 en un consejo de ministros encargado de contener la epidemia del coronavirus. Este golpe por la fuerza es inaceptable», esgrimió el primer secretario del partido socialista, Olivier Faure.
El jefe del grupo de Los Republicanos en la cámara baja, Damien Abad, también rechazó la estrategia del Ejecutivo, a la que calificó como «una negación de la democracia sin precedentes para una reforma previsional».
«Esto no puede terminarse con un 49.3 sin moción de censura», agregó su correligionario Eric Woerth.
Pese al repudio opositor, las mociones de censura contra el gobierno tienen pocas chances de prosperar, dada la mayoría legislativa con la que cuenta La República En Marcha, el partido del mandatario, para frenar estas iniciativas.
Ante esta situación, el ex candidato presidencial de Francia Insumisa Jean-Luc Mélenchon denunció que los métodos del premir son “violentos”, según consignó la cadena BFTMV.
Si bien Philippe advirtió hace unos días que el Ejecutivo podría prescindir del voto parlamentario, la decisión sorprendió a la oposición, a tan sólo una semana de los comicios municipales.
Sin embargo, la jugada podría ser arriesgada para el gobierno, dado el malestar y la división que este proyecto de ley generó en la sociedad francesa.
La reforma previsional, una de las medidas estrella del programa electoral de Macron, provocó el paro indefinido más prolongado de la historia reciente de Francia.
Los gremios iniciaron en diciembre una pulseada en las calles contra el nuevo sistema jubilatorio, que pretende reemplazar los 42 regímenes especiales existentes por un sistema de jubilación universal por puntos.
Según denuncian los sindicatos, la polémica medida «degradará los derechos de todos», mientras que el Ejecutivo aseguró defender un sistema «más justo y más simple».
Tras el anuncio de la aprobación por decreto de la reforma, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores, Philippe Martinez, deploró «la actitud profundamente escandalosa» del gobierno y anunció una movilización de los sindicatos «a partir de la próxima semana».
La última vez que un gobierno francés recurrió a este controvertido artículo constitucional fue en 2016, cuando el entonces primer ministro Manuel Valls aprobó por decreto una reforma laboral, que también generó malestar en las calles.