El máximo tribunal desestimó un recurso de la defensa del empresario que buscaba extinguir una causa por presunta evasión de unos 600 millones de pesos vinculada a Austral Construcciones. Los jueces consideraron que la presentación no se dirigía contra una sentencia definitiva.
La AFIP y la querella se opusieron al planteo, señalando que los delitos tributarios no admiten reparación integral.
La Corte Suprema rechazó este martes un planteo de la defensa del empresario Lázaro Báez para cerrar una causa por presunta evasión tributaria y aportes de la seguridad social vinculada a Austral Construcciones SA. El máximo tribunal, con votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantzy Ricardo Lorenzetti, desestimó la presentación al considerar que no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.
El reclamo de la defensa y la oposición fiscal
La defensa había recurrido en queja para que se declarara la extinción de la acción penal al sostener que los tributos reclamados habían sido abonados en el expediente de quiebra de Austral Construcciones SA, por unos 600 millones de pesos. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, tanto la fiscalía como la querella se opusieron al planteo al señalar que los delitos tributarios no admiten reparación integral y que no estaba acreditado el pago en las condiciones exigidas.
La postura de la AFIP y los síndicos
La AFIP sostuvo que las transferencias tenían carácter condicional y no podían imputarse como cancelación, mientras que los síndicos indicaron que esos montos no incluían créditos reconocidos al organismo recaudador bajo esa modalidad. También se indicó que no existía avenimiento o allanamiento por parte de la empresa y que las obligaciones tributarias continuaban en debate ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
Un recorrido judicial adverso para Báez
El Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 ya había rechazado el pedido al considerar que se trataba de un proceso complejo por evasión y falta de aportes, y que la propuesta de la defensa era unilateral al basarse en pagos realizados en el marco concursal. Ese tribunal remarcó que, si bien se registró una transferencia cercana a los 600 millones de pesos, se trataba de un monto histórico que no cubría valores actualizados ni la totalidad de los conceptos reclamados. La decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal y, finalmente, la Corte Supremarechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa.