El máximo tribunal desestimó un recurso de la defensa del ex ministro contra su procesamiento en una investigación que lo vincula a un presunto fraude de más de $300 millones en convenios con la Universidad de San Martín.
La Cámara Federal ya había revocado su sobreseimiento al considerar que existían elementos que lo vinculaban con la ampliación del presupuesto y la modificación de contratos.
La Corte Suprema rechazó este martes un planteo de la defensa del ex ministro Julio De Vido en una causa que investiga presunto fraude en la creación del sistema de Televisión Digital por más de 300 millones de pesos y con supuestos sobreprecios. El máximo tribunal desestimó el recurso presentado contra el procesamiento dictado por la Cámara Federal, al considerar que no se dirigía contra una sentencia definitiva.
El origen de la causa: convenios con la Unsam bajo sospecha
La causa se inició en 2016 para investigar presuntas irregularidades en convenios entre el Ministerio de Planificación y la Universidad de San Martín (Unsam) para desarrollar el Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre. En marzo de 2024, el Juzgado Federal 11 dictó procesamientos contra ex funcionarios, autoridades universitarias y empresarios vinculados a las obras, laboratorios y producción audiovisual del proyecto.
La Cámara Federal revocó el sobreseimiento de De Vido
La Cámara Federal confirmó esos procesamientos y además revocó el sobreseimiento de De Vido, al considerar que la maniobra también lo alcanzaba. Los jueces señalaron que existían elementos que permitían vincularlo con la ampliación del presupuesto y la modificación de contratosmediante adendas. La defensa del ex ministro apeló la decisión, que fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal, y luego presentó un recurso extraordinario que llegó en queja a la Corte Suprema, que finalmente lo rechazó.
Un perjuicio millonario al Estado bajo la lupa
La investigación analiza si funcionarios y particulares causaron un perjuicio al Estado mediante la administración de fondos públicos en el marco de esos acuerdos, que totalizaron más de 300 millones de pesos y que, según la acusación, incluyeron sobreprecios y maniobras irregulares en la contratación.