El fiscal Omar Rodríguez, integrante de la Unidad Anticorrupción, advierte que la sociedad aún no entiende el daño que genera la corrupción. Criticó a organismos de control y repasó causas calientes.
Por Rolando Tobarez / @rtobarez
-Un tema que parece perderse de vista son las multas por la causa El Embrujo, ¿cómo es la situación?
-Cuando quede firme la sentencia comienza el trámite de ejecución de la pena, que incluye la multa. La multa total con todos los imputados es de más de $ 33 millones. Habrá que ver qué patrimonio tiene cada condenado y eventualmente ejecutar aquellos bienes que están bajo alguna medida cautelar. Los embargos, por ejemplo.
-¿Pero con la confirmación de la Cámara Penal el fallo ya no está firme?
-Técnicamente no. Tiene el doble conforme. La sentencia de primera instancia la confirmó un tribunal de alzada. Por jurisprudencia, queda firme cuando llega por recurso extraordinario al Superior Tribunal de Justicia, y el STJ lo rechaza. A partir de ahí, la sentencia tiene ejecutoriedad. Hay que esperar el recurso del STJ.
-Ustedes insistieron con que los condenados debían pagar las pericias, ¿cuánto costaron?
-Bastante. Por ejemplo, el área informática trabaja con un sistema muy específico. Las valijas de Criminalística que extraen material y trabaja todos los días recuperando información. No sólo son costosas las licencias que se usan sino la cantidad de horas-hombre, energía y gastos. Es un número considerable. Se cobra todo lo que se gasta en el juicio, incluyendo pasajes de personas que tuvieron que venir a declarar, viáticos de personal de investigación que debe viajar, combustible.
-Pasado El Embrujo, ¿qué evaluación hace del trabajo de los organismos de control, como el Tribunal de Cuenta?
-Los mecanismos de control quizás tengan una limitación formal, propia de la naturaleza del organismo, y que habrá que ver para a futuro mejorar ese control. Si en el mecanismo de control veo un expediente, papeles, es muy fácil que me logren engañar. Si sólo reviso papelitos y no voy a lo fáctico ni verifico los hechos ni si lo que dicen los papeles es cierto, estoy a medio camino. Indudablemente necesitan ajustar esa cuestión para ir un poco más allá de la forma. Pero también es cierto que los mecanismos de control son laxos y no intiman permanentemente. En el caso del enriquecimiento ilícito, a los funcionarios para que traigan la declaración jurada. La DDJJ debe ser una herramienta fundamental para controlar que el funcionario no se llene de plata, no se enriquezca. No hay una energía puesta para pedir y controlar realmente. Dejan pasar. Hay funcionarios que se han ido del Estado y no han presentado DDJJ ni los intimaron.
-¿Es el único defecto?
-La verdad, es muy difícil controlar al propio que te nombró. Así funciona en el subconsciente colectivo: te doy trabajo y no me podés traicionar. Se vuelve cómplice. Es cultural. Es lo que pasa con la corrupción: genera una víctima invisible. Se nos ponen los pelos de punta cuando golpearon a una anciana para sacarle la cartera, cuando violan a una nena, cuando le dan una paliza a alguien. La gente reacciona cuando le roban el plasma de la casa. Lo linchan entre los vecinos. Pero cuando se chorean al Estado, la gente no reacciona. Es más, cuando citás al testigo para que venga al juicio te dice: “¿En serio tengo que ir?, si yo ya declaré en la investigación”. Empieza una cosa de no comprometerse. Porque no se visualiza a la víctima, y la víctima es la sociedad, somos todos. Después se paga y las consecuencias son terribles, no es un plasma. Son hospitales sin insumos, médicos sin sueldos, policía con armas que se traban y no tienen municiones para disparar, patrulleros que se rompen, Poder Judicial y docentes que no cobran. Todo eso genera la corrupción. La sociedad no lo internalizó, como ha internalizado otras cosas u otros movimientos, como la lucha de la mujer por sus derechos. Hay marchas por el aborto pero no hay marchas contra la corrupción. La gente todavía no termina de entender el daño que hace. Es una cuestión cultural. Antiguamente cuando a uno le decían “vos sos un chorro, un delincuente”, lo invitaba a un duelo porque ofendía su honor. Hoy te dicen “te estás afanando todo”, y hasta con una sonrisa cómplice muchos responden “somos los vivos de la película”. Esa viveza la gente no alcanza a internalizarla para combatirla.
-Lo de los testigos pasó en El Embrujo…
-Sí, muchos testigos no querían venir o venían asustados. Les cuesta.
-¿Y sucede que hayan dicho menos de lo que sabían?
-También. Muchos nos contaron una versión fuera pero en el juicio había que sacárselo con tirabuzón. No se acordaban, no querían decirlo, decían que no era así. Incluso debimos suspender algún interrogatorio para decir: “Usted no se acuerda, le vamos a mostrar todo lo que nos contó durante la investigación”. Y de repente les resurgía la memoria y recordaban todo lo que habían dicho.
-Volviendo a los organismos de control, ¿qué le llamó la atención?
-Supongamos que el Estado hace una compra directa de $ 20 mil en alimentos. Veo el expediente, las órdenes de pago, las facturas. ¿Alguien va y revisa si esa mercadería entra y cómo la distribuyen? ¿El proveedor dónde la entregó? ¿Está todos los remitos firmados? ¿Entró esa mercadería? ¿Dónde fue? ¿Hay tecnología que muestre la ruta de esa compra? Esta informatizado? No. Son papeles sueltos, eso nos encontramos en la Emergencia Climática. Nadie tenía control de nada. Ni siquiera había una computadora cargada con esa información. El caos administrativo facilita la corrupción.
-Un organismo de control puede argumentar falta de personal, pero ni siquiera intimar ya es otro plano…
-Te digo más, yo porque no tengo pruebas, pero esta suerte de complicidad existe y existió siempre. Si trabajamos en el Estado y yo ando en un auto usado y viejo y no lo puedo cambiar, y de repente vos empezás a andar con un auto de alta gama. Y tenemos una reunión, se juntan ministros y subsecretarios y te veo venir. Me digo: “Pero si éste cobra un sueldo de $ 50 mil” ¿Nadie lo ve? ¿o el auto lo dejan del otro lado, escondido en un baldío en la esquina y viene caminando para que nadie lo vea?. No. Lo estaciona enfrente. Todos lo ven y nadie dice nada. Es parte de la cultura y de la corrupción.
-El tercer punto es investigar al que me nombró…
-También es difícil. Y es una realidad. ¿Los organismos de control desde cuándo funcionan? El Tribunal de Cuentas, ¿cuántas denuncias penales hizo? Uno quiere repasar estadística. ¿Nunca pasó nada, nunca vieron ninguna irregularidad penal en el Tribunal? ¿cuántas denuncias penales hizo diciendo ´Esto es una barbaridad´? Yo no tengo recuerdo. O quizás hicieron un montón y no lo tengo dentro de la estadística. Fiscalía Anticorrupción sí acercó expedientes que se investigaron, como el caso de Barbato, que es una presentación que remitieron para que nosotros sigamos con la causa penal.
–¿Las compras directas son un problema?
-A partir de la experiencia, en el Estado cuando hay una irregularidad nos tienen que hacer parar las antenas. Cuando hay una compra directa, quizás esté bien hecha en un marco de emergencia y urgencia porque no se puede andar buscando proveedores para comparar precios porque la demanda es ya. Pero el mecanismo normal no es la compra directa, es la excepción. Entonces cuando hay una, todos desde todos los organismos deberían parar las antenas y ver si no se direcciona la compra a un amigo, y si respetó todos los parámetros, si no hay sobreprecios, si todo lo que figura en el contrato de venta se entregó. Es otra modalidad. A simple vista los precios están bárbaro, incluso más barato que el mercado, ¿pero se entregó esa mercadería? Tal vez se entregó la mitad. Esa brecha o esa falta de entrega es la parte que se reparten entre el funcionario corrupto con el particular corrupto.
El caso de Oscar “Chito” Alarcón
-Luego de que se elevara a juicio la Causa Tesla, con el expresidente de SEROS Cristian Eguillor acusado, usted anunció que se iba a revisar lo que pasó en otros directorios de la obra social, donde también pudieron aprobarse aumentos que beneficiaron a los funcionarios…
-Estamos con una investigación preliminar vinculada con eso. Debe haber una reforma o alguien debe intervenir. La ley de contratación pública dice que el funcionario no puede contratar con el Estado. Es claro. Ahora, cuando soy proveedor del Estado, como un médico, contrato porque me obligo a prestar un servicio y el Estado se obliga a pagar. Si soy profesional de la salud y entro a SEROS, firman un un contrato donde el Estado y yo nos comprometemos. La pregunta del millón: ¿la persona que contrata con el Estado puede ser funcionario público y representar al Estado? No puede. Yo fui un paso más allá porque el mismo que estaba dentro de un directorio se aumentaba y terminaba favoreciéndose. Ni siquiera puede pertenecer al Estado salvo que renuncie a Seros y se dedique a facturar a otras obras sociales o cobre de manera particular. Ahí sí puedo ser funcionario porque no estoy vinculado con el Estado. Pero si contrato con el Estado no puedo ser funcionario y menos aún otorgar aumentos al sector que pertenezco. Es incompatible porque me beneficio con una resolución que yo mismo firmo.
-¿Pero están rastreando qué sucedió en otros directorios?
-En algunos casos sí, otros están por fuera del plazo. Hay que ver si no hay un error en la interpretación del funcionario, porque si voy al asesor letrado de mi organismo y le digo: “¿Está bien esto que hago?” y me dice que es correcto, el médico, que no es abogado, pudo incurrir en error en función de lo que le dijeron. Pero es una cuestión técnica. La idea es de acá a futuro: “Muchachos, si contratan con la obra social estatal no pueden ser funcionarios y hay incompatibilidad”. Si querés ser funcionario porque tenés gran vocación de servicio y querés hacer tu aporte a la administración pública, tenés que renunciar a SEROS.
-Si se confirma la condena para Oscar Alarcón por enriquecimiento ilícito, ¿van a pedir que vaya a la cárcel?
-Hasta que no quede firme la sentencia en el STJ no podrá ser ejecutada la pena. Si la Cámara Penal la confirma tal cual está de primera instancia, indudablemente que el futuro y el camino que le esperan es la cárcel, porque debe cumplir una pena mayor de 3 años. Pero como todavía el defensor tiene recursos para interponer, no adquirió firmeza técnicamente.
-¿Necesitan que el STJ también confirme su otra condena por el doble sueldo en Trevelin?
-Alcanzaría sólo con nuestro caso porque tiene una pena mayor de 3 años. Luego hay que unificar pena porque hay dos sentencias condenatorias y hay que hacer una sola.
-¿En qué escenario está la causa por el fraude con los arreglos en las escuelas?
-Bastante avanzada. Nos quedan cositas que no son centrales. El contador trabaja en un cuadro comparativo de los precios que le vendieron al Estado y lo que costaba en el mercado. Lo central es el fraude de base: haber engañado al Estado y aparentado competir cuando se sabía que todo estaba armado previamente en cabeza de Daniel Smith, junto con los funcionarios corruptos, para armar esta apariencia de competencia entre empresas distintas. Había un empleado de Smith y también participaba individualmente en la competencia. Armaron una falsa competencia para engañar y decir esto: que los mecanismos de control miren cómo la forma puede estar bien y me da la posibilidad de engañar al Estado para que en definitiva pague. Ahí falta ajustar la tuerca para ir más allá y lo que dicen los papeles se verifique en los hechos. La causa está casi terminada, faltaría pulir algunas cuestiones, armarla y presentar todas las pruebas. En cabeza de Smith armaron 5 o 6 proveedores independientes que en realidad eran todos de él para aparentar un concurso que no existió.
-¿Cuál fue el papel de la exministro de Educación, Graciela Cigudosa?
-Tiene participación porque estaba al tanto. Surge de la prueba y de todo el armado administrativo. Es la que arma los expedientes y da origen a esta forma de llevar adelante la refacción. Ella misma lo reconoce en los medios y lo vamos a ofrecer como prueba: habla y sabe cuántas empresas había. Tiene la pata del subsecretario Raúl Care, con un empleado administrativo que hicieron el armado de las planillas y juntar las facturas.
-¿Recibieron algún dinero?
-El dinero lo iban a recibir. Lo más paradigmático es que una vez que todos los proveedores cobraron, que en realidad eran todas las empresas que respondían a Smith, las 22 escuelas con los cheques que habían cobrado de anticipo, se lo endosaron a Smith. Toda esa plata que recaudaron con esta maniobra fue a parar a cabeza de Smith. Está bastante claro cómo fue la maniobra. Lo termina confirmando Smith cuando en el allanamiento rompe un documento que lo incriminaba, lo tira por el inodoro, lo recuperamos y lo reconstruimos.
-¿Cuánto recaudan?
-Cerca de un millón. En esa primera etapa no era mucho. Eran reparaciones menores: cambio de focos, cerraduras, tapas de baño, limpieza de caloramas. En algunos casos se hicieron y en otros no o muy mal.
-¿Cómo impacta la cuarentena en la agenda fiscal?
-Nos perjudica porque veníamos a buen ritmo de trabajo, avanzando. Pero no podemos hacer viajes previstos y los organismos estatales no están funcionando al 100% y no obtenemos toda la información que buscamos. Nos traba bastante.
-La causa por la Emergencia Climática tenía fecha de juicio, ¿qué expectativa tiene?
-Seguramente arranca y se traba porque van a plantear suspensión de juicio a prueba. Me lo adelantaron los abogados y eso demorará. Pero queremos ir a juicio y nos vamos a oponer a la probation. Hay una instrucción de la Procuración General de que en casos de corrupción los fiscales deben oponerse. Sin perjuicio de eso ya estábamos convencidos de que tenemos que ir a juicio con todos y buscar la responsabilidad de las personas que cometieron el delito. Sobre todo por algo importante en los particulares: la ley provincial de contratación prohíbe contratar con las personas condenadas de delitos. Si no logramos que lleguen a una condena y terminan con una probation, pueden seguir contratando con el Estado. Así como buscamos que el funcionario público corrupto no esté más en el Estado, también tenemos que buscar que el particular corrupto no pueda contratar nunca más con el Estado. Que se dedique a otra cosa o les venda a los particulares. Nuestro espíritu es hacer el juicio por todas las consecuencias y porque la mejor manera de hacer público este tipo de actos es un juicio y que toda la gente lo vea, señaló Diario Jornada.
