El Fiscal General Omar Rodriguez confirmó que se investiga de manera preliminar a la actual ministra de Desarrollo Humano y Familia, Cecilia Torres Otarola, por la presunta retención de sueldos en su etapa como diputada provincial y por presunto ‘fraude al Estado’ a través de la supuesta contratación de ‘ñoquis’.
En diálogo con ADNSUR, el fiscal jefe de la Unidad de Delitos contra el Estado, precisó que se avanza en la recolección de elementos probatorios en torno a la denuncia que realizó Martín Sandoval (vecino y ex funcionario) de la actual ministra de Familia Cecilia Torres Otarola que también incluyen su etapa anterior como diputada provincial.
“Estamos recogiendo información para verificar si los dichos de Sandoval tienen sustento en elementos probatorios. Fuimos a la Legislatura, a la Dirección de Personal del Ministerio de la Familia y también a otros organismos para buscar la información correspondiente”, añadió el Fiscal.
“A partir de los dichos de Sandoval, surge que había una retención indebida de un porcentaje de los sueldos del Personal de Legislatura que se remitían a una secretaria de la entonces diputada», explicó, y agregó que también se investiga a personas que cobraban elevados sueldos y no eran de la zona. En tal sentido, constituiría un ‘fraude” advirtió Rodriguez.
Por otro lado, agregó que se relevan movimientos bancarios y que se pueden rastrear las rutas del dinero con bastante facilidad. Asimismo, dijo que se busca verificar la contratación de personas que no realizaron ninguna contraprestación y que cobraban sus haberes en un importante monto, y que hay dos casos puntuales que se han detectado en la oficina de legajos de personal del gobierno.
“Hay un asesor que cobró 340.000 durante este año”, dijo el funcionario judicial, y señaló que «detectamos a una persona de nacionalidad peruana, que cumple un cargo de asesor en el Ministerio de la Familia y no tiene domicilio en la zona», y que en realidad se dedicaría a hacer changas como jardinero en Buenos Aires. Indicó que este hombre «tampoco tiene sus registros de antecedentes penales ni chequeos médicos, y no cumple los requisitos formales» para integrar como personal del Estado Provincial, y «está certificado que esa persona cobró más de $340.000» de manera irregular.
Asimismo, agregó Rodriguez que también «se contrató a la madre de un ex funcionario que estuvo vinculado a las investigaciones en causas de corrupción». Se trata de una “cobertura” o “máscara” para abonarle al ex funcionario que es abogado y que «ocupó importantes cargos en los últimos años en el Gabinete provincial”.
La investigación, dijo Rodríguez, abarca a una serie de contrataciones por parte de cargos en el gobierno de un número llamativo de casos vinculados con el mismo grupo familiar, incluso relaciones de amistad, con un apellido que se repite mucho, según reconoció el fiscal.
Si bien aclaró que «todavía estamos en una etapa preliminar de recolección de evidencias información, especificó que se investiga un “fraude al Estado” por el presunto cobro de «dineros del erario público por servicios que nunca se realizaron” concluyó Rodriguez.
