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Este lunes 12 de diciembre a las 9 de la mañana está fijada por la Oficina Judicial de Rawson la audiencia de apertura de investigación en la causa caratulada “Ministerio Público Fiscal s/Investigación Maltrato Animal – Punta Tombo”, en la que se buscará determinar la responsabilidad por la llamada “Masacre de Pingüinos” ocurrida en el área de Punta Clara entre agosto y noviembre de 2021.

El hecho fue una primicia nacional de ADNSUR, que fue contando con imágenes y datos todos los hechos y además todo el contexto familiar que rodeó al caso. Tal como anticipó esta agencia, el único imputado por la fiscal María Florencia Gómez será Ricardo La Regina, propietario del campo y de la retroexcavadora que pasó por encima de los nidos en pleno período de reproducción y cría.

La Regina será imputado como autor de Daños Agravados en concurso ideal con Malos tratos y actos de crueldad a los animales en concurso real –tres hechos-, según lo previsto y reprimido por los arts. 45°, 54°, 55°, 184° inciso 5° del CP y Artículos 1° y 3° Inciso 7° de la Ley 14.346 de Malos Tratos y Actos de crueldad a los animales.

Concretamente, la fiscalía imputará a La Regina los hechos ocurridos entre los días 10 de agosto y 26 de noviembre de 2021, cuando sin autorización previa sobre impacto ambiental y mediante la utilización de maquinaria pesada (retro excavadora) produjo daños sobre fauna y flora silvestre autóctonas del lugar, sito Punta Clara “Estancia La Perla” Lote 20 C de la sección C 3 fracción A y B departamento de Florentino Ameghino, siendo administrador de la mencionada Estancia.

José Manuel Ubeira, el abogado que representa la querella que sigue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa que se investiga el intento de asesinato que padeció, sostuvo este miércoles que la investigación apunta hacia «las terminales de la extrema derecha del PRO» e insistió en que «no hubo voluntad» de actuar por parte de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo del expediente.

«Ahora está claro que no son un grupo de loquitos sueltos o unos muchachos perdidos en la vida. Es un grupo de personas que creemos que responden a determinado tipo de intereses y queremos averiguar la verdad. Esto apunta hacia las terminales de la extrema derecha del PRO», señaló Ubeira en declaraciones a la radio AM 530.

El abogado insistirá este miércoles en una audiencia ante la Sala I de Cámara Federal porteña, en un pedido de recusación para apartar a la jueza Capuchetti de la instrucción del caso

En ese marco, Ubeira señaló que han «presentado muchos escritos» para que se sigan determinadas líneas de investigación, pero aseguró que la jueza «no tomó ningún impulso».

«Si hubiera voluntad investigativa estaríamos intentando encontrar si hubo un esquema de financiamiento en esta causa, pero la división de este proceso en dos causas (una es llevada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien investiga a integrantes del grupo Revolución Federal y la otra es seguida por Capuchetti, quien hace lo propio con el atentado a la exmandataria) fue una división artificial que no tiene ni pies ni cabeza y resultó bancada por la cámara», remarcó.

En tanto, Ubeira señaló que los mensajes que el martes se conocieron y que fueron extraídos del teléfono celular del detenido y procesado Gabriel Carrizo, motivaron una nueva presentación de la querella de la exmandataria.

En ese sentido, la representación legal de Cristina Fernández de Kirchner señaló en un escrito que el ataque del que fue objeto «no estaba destinado exclusivamente a matar a la Vicepresidenta» sino también a «desestabilizar el sistema político y constitucional en general».

«Hace aproximadamente un mes que están en la causa estos mensajes por una labor que realizan los organismos vinculados a las fiscalías. La investigación se durmió 30 días y cuando revisamos la causa de cara a esta recusación, nos encontramos con esta novedad. Claramente no había voluntad de investigarlo por parte de la jueza», apuntó Ubeira.

Tras conocer esta información, el abogado presentó un escrito pidiendo incorporar la figura de asociación ilícita al considerar que se encuentran «reunidos todos los requisitos del tipo».

«Nosotros somos muy renuentes a este tipo de calificaciones porque las reparten en Comodoro Py como caramelos en una Kermés. En este caso si se reúnen las condiciones para hacerlo porque estamos ante una organización fundamentalmente destinada a afectar la tranquilidad publica. Buscaban atentar contra el sistema democrático y cometer todo tipo de delitos indeterminados», aseguró.

En tanto, el abogado indicó que aunque aún no se conoce a «quién le mandaba los mensajes» Carrizo, pero advirtió que saberlo es «solo es cuestión de tiempo.

«Corresponde que los otros dos detenidos (Fernando André Sabag Montiel y Brenda Uliarte» sean indagados junto por Carrizo por asociación ilícita», puntualizó el letrado.

Se anunció una nueva fecha para la apertura de la investigación por el asesinato de Tino John. Será el 16 de noviembre a las 9 hs.

El 27 de mayo 2021 Alejandro «Tino» John murió por un impacto de bala en el marco de un operativo policial en Las Golondrinas. Hoy en día, se cumple un año y cinco meses de ese trágico episodio.

El 20 de septiembre se llevó a cabo la apertura de la investigación por el asesinato de Tino John y, sin embargo, no se pudo concretar.

El móvil económico, el alquiler de un departamento en Recoleta, los celulares de los involucrados, el peligro latente a que alguien pudiese volver a intentar cometer un magnicidio y los posibles autores intelectuales del plan, algunas de la líneas sobre las que trabaja la Justicia y que impulsa la investigación en la causa del atentado contra Cristina.

El posible financiamiento, la planificación previa y el riesgo latente de que alguien vuelva a intentarlo son algunas de las líneas de investigación sobre las que trabaja la justicia y que impulsa la querella en el marco de la causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, del que este sábado se cumple un mes.

Con cuatro personas detenidas y procesadas, entre ellos el agresor Fernando Sabag Montiel y su pareja Brenda Uliarte, la justicia intenta avanzar sobre posibles autores intelectuales del plan magnicida, para lo que fueron concretadas medidas de prueba cuyo objetivo trazar perfiles económicos de los imputados y evaluar su conexiones y contactos.

La búsqueda de un departamento en el barrio de Recoleta, donde se encuentra la vivienda de la expresidenta, y los mensajes de Sabag Montiel en los que se refería a su motivación económica para emprender un plan criminal de tamaña envergadura son algunos de los elementos que abrieron nuevas líneas de investigación, según pudo saber Télam de fuentes del caso.

Otro elemento que en los últimos días generó expectativas en los investigadores fue el avance en el peritaje del teléfono del atacante: fuentes de la investigación aseguraron a esta agencia que se pudo recuperar información que se creía perdida a partir de que el dispositivo Samsung se había reseteado cuando la Policía Federal intentó abrirlo en el comienzo de la pesquisa.

El móvil económico

Un mensaje de Whastapp escrito por Sabag Montiel el 15 de agosto y detectado por la querella que representan los abogados José Maunel Ubeira y Marcos Aldazaba robusteció la idea de que los atacantes pudieron haber recibido una dinero a cambio de intentar asesinar a Fernández de Kirchner, como así también para hacer inteligencia previa.

«Yo quisiera hacerme el vendedor de copos (de nieve azucarada) y meterle un corchazo», había escrito en un grupo en el que luego, al referirse a su pareja Brenda Uliarte, agregó: «Yo a ella la trato de bajar, pero a mi me importa la plata, si nos compran o le dan un laburo, ya está salvada, bienvenido sea».

Esos mensajes fueron volcados en una presentación que hizo la querella esta semana ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo quien, desde el comienzo de la investigación trabajó en la elaboración de perfiles económicos de los imputados, que por ahora no arrojaron mayores novedades.

En ese escrito también se recordaron los mensajes encontrados en el celular del procesado Nicolás Carrizo, jefe del grupo de supuestos vendedores de copos de nieve, donde Joana Colman, a quien tenía agendada como «Joa», decía: «Por otra fuente sé que lo hizo por plata, por acomodo, así que el chabón en cuatro años ponele que sale y sale reacomodado mal, eh».

El departamento

La hipótesis de que los agresores habrían accedido a financiamiento para ejecutar el plan magnicida se vio engrosada además cuando los investigadores encontraron en el teléfono de la detenida y procesada Uliarte información que daba cuenta que habían intentado alquilar un departamento en Recoleta, donde los precios no son accesibles.

Fuentes de la investigación señalaron que se halló un video de un departamento que le habría sido enviado quien intentaba darlo en alquiler por lo que, por estas horas, la fiscalía intenta reconstruir ese contacto con el objetivo de obtener algún testimonio que permita profundizar esa línea de investigación.

El abogado Ubeira, por su parte, reveló el jueves último en una entrevista con el programa Minuto 1, de la señal de noticias C5N, que ese departamento no estaría ubicado frente a la vivienda de la vicepresidenta sino a varias cuadras, más cerca de la Avenida Callao.

Los celulares

La investigación avanzó a lo largo del primer mes sobre información surgida de los teléfonos celulares secuestrados en la causa: los dos principales fueron el de Uliarte y el de Carrizo, el líder de la banda de los «copitos» -como los mencionan en la justicia- que se presentó junto con ella el 2 de septiembre en una entrevista que le dieron a Telefé.

En el teléfono de Uliarte los investigadores se encontraron, por ejemplo, con las conversaciones que mantuvo con la también detenida Agustina Díaz con la quien desde hacía meses comentaba su intención de matar a la vicepresidenta y en los días posteriores al ataque hablaron sobre borrar el contenido de su celular para evitar ser alcanzada por la justicia.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria trabaja por estas horas, por orden de la jueza Capuchetti, sobre el contenido de una decena de teléfonos secuestrados entre los que están los de Uliarte, Carrizo, Díaz y los obtenidos en las últimas horas: el de «Joa» y el de Jonatan Posadas, «Jony White», a quien Carrizo le manifestó del plan de matar «al jefe de la Cámpora».

Así, lo indicaron desde el Instituto de Conservación de Ballenas, al detallar que fueron 7 los animales hallados y que no presentaban lesiones ni encallamiento. La principal hipótesis es el consumo de toxinas.

El Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) emitió un comunicado este jueves respecto a la aparición de ballenas muertes en el Golfo Nuevo, frente a Puerto Pirámides; y dio detalles de los trabajos iniciados para determinar las causas de los decesos.

Hasta la fecha, 29 de septiembre, se han detectado 6 ballenas adultas hembras y un individuo subadulto macho, totalizando 7 ejemplares muertos durante los últimos días en aguas del Golfo Nuevo, en cercanías de Puerto Pirámides. Desde el Instituto de Conservación de Ballenas compartimos el trabajo realizado hasta el momento por el Programa de Monitoreo Sanitario Ballena Franca Austral en conjunto con otras instituciones.
El equipo del ICB, a través del Programa de Monitoreo Sanitario Ballena Franca Austral (PMSBFA), se encuentra trabajando en las necropsias de las ballenas francas australes y colaborando con otras instituciones y especialistas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el CENPAT y el Laboratorio Provincial de Salud Ambiental. El objetivo más urgente es realizar los estudios post-mortem (necropsias) de las ballenas encontradas, recolectar y analizar muestras de agua y bivalvos para determinar la presencia de biotoxinas por floraciones algales nocivas (comúnmente llamadas marea roja), que es una de las hipótesis que están siendo evaluadas en relación a la muerte de las ballenas.

La Dra. Marcela Uhart, Co-Directora del Programa de Monitoreo Sanitario Ballena Franca Austral, explica que: “Los eventos con un número inusualmente alto de ballenas adultas muertas en un corto periodo de tiempo y en una misma área, pueden ser indicadores de variables ambientales locales que contribuyen a la muerte de las ballenas”.

Por su parte, Agustina Donini, Coordinadora de Campo del Programa, detalló: “Ninguna de las ballenas evaluadas hasta el momento presentó evidencia de lesiones traumáticas ni enmallamientos, y todas se encontraron con muy buen estado nutricional, con evidencia de contenido intestinal en algunos ejemplares, indicando su alimentación reciente dentro del golfo”.

Finalmente, el Dr. Mariano Sironi, Director Científico del ICB, resaltó: “Durante 2021, del total de 45 ballenas francas muertas en las costas de Península Valdés registramos 7 juveniles y 13 adultos. En contexto, si bien el número de ballenas adultas muertas de esta temporada aún es menor al de la temporada pasada, es preocupante que las muertes se hayan registrado en un período de tiempo tan corto”.

Continuamos activamente con la investigación para identificar las posibles causas asociadas a estos decesos en estrecha colaboración con otros investigadores y las autoridades provinciales correspondientes.

Mientras tanto, la temporada continúa con muchas ballenas en las bahías de Península Valdés, y esperamos que quienes se acercan a visitarlas puedan disfrutar de la presencia de estos animales magníficos en nuestras costas

Marcelo «Teto» Medina (59) ya está libre. Pasó seis días detenido en la causa por denuncias de explotación laboral y reducción a la servidumbre en la comunidad terapéutica «La Razón de Vivir». Al salir de la DDI de Quilmes, Medina agradeció emocionado y aseguró: «Soy un buen tipo, soy inocente».

«La causa va a seguir su curso. Está todo perfecto. Agradezco la liberación. No voy a abandonar la recuperación de chicos con adicciones», anunció el conductor televisivo, en unas breves declaraciones a la prensa en plena calle.

También cuando lo liberaron -alrededor de las 18.30- les agradeció al juez y a Adrián Tenca, su abogado. Extendió el saludo a sus fans y a los periodistas, al borde de las lágrimas.

«Les agradezco a ustedes, a la televisión, de corazón. Ustedes eran mis amigos, estuve siete días solo. Estoy a derecho. Hubo uno que el 23 de septiembre cumplió años y lo festejó delante de la comisaría. No sé quién es, me salvó la vida», expresó Medina.

Además, el ex comediante afirmó: «Soy un buen tipo, esto nunca lo viví». Y reiteró sobre su tarea con jóvenes que se recuperan de adicciones: «A los chicos y a las madres les digo que voy a seguir dando las charlas motivacionales».

El juez de Garantías N° 8 de Florencio Varela, Adrián Villagra, le otorgó la «excarcelación extraordinaria» junto a otros 10 acusados, que de todas formas seguirán siendo investigados.

El conductor televisivo había sido arrestado el jueves 22 de septiembre en su departamento de Palermo, acusado de ser la cara visible de la organización y reclutar personas con charlas motivacionales en redes sociales y en varios puntos del país.

Antes de la liberación de su cliente, Tenca habló de una «mano negra» para impulsar esta investigación y advirtió que el fiscal Daniel Ichazo, a cargo del expediente, «puede haber sido engañado».

Además, confió que Medina seguirá haciendo su mismo trabajo, pero no prestará servicios en «La Razón de Vivir» porque está imputado en la causa.

«Hace con mucho amor y con mucho esmero. Cada cosa que se le cruza en su camino lo ve como una piedra a superar, calculo que va a volver a hacer lo mismo él», detalló.

Asimismo, aclaró que el ex humorista vive con su esposa y que «contención afectiva tiene de todos lados y la gente lo adora».

La medida benefició también a Rubén Ernesto Durán, Rosana Elizabeth Gómez, Tatiana Lorena Lanza, Martín Ezequiel Arias, Alfredo Martín Córdoba, Fabiana Edith Canal, Valeria Fernanda Miceli, Damián Alberto Fernández Cáceres, Federico Risso Patrón y Sonia Elizabeth Córdoba.

El juez, en tanto, les impuso la obligación de presentarse el primer martes de cada mes al juzgado y les dictó la prohibición de acercamiento y contacto con las víctimas del caso. Tampoco podrán ir a las quintas donde funcionaba la organización.

En tanto, seguirán detenidos Néstor Ezequiel Zelaya, Mariano Jorge Luis Torchia, Jorge Alberto Basílico y Eduardo Humberto Zelaya.

Néstor Zelaya es el director de la comunidad terapéutica «La Razón de Vivir» y está previsto que este jueves declare a las 11 en la fiscalía de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, en Berazategui.

Además, brindarán su testimonio 22 personas que «refieren todo lo contrario a lo que se construyó en esta denuncia», según confirmó el abogado defensor Marcelo Biondi. Y señaló: «Pedí la ampliación de declaratoria de Zelaya porque el viernes lo hice negarse a declarar ya que me dieron acceso al expediente en ese momento y no tuve tiempo de verlo».

Sobre los 22 testigos, dijo que «son gente recuperada de la quinta y familiares que, obviamente, refieren todo lo contrario a lo que se construyó en esta denuncia». Al tiempo que consideró que «no tienen sustento probatorio con estas calificaciones legales graves».

En cuanto al contenido del expediente, Biondi sostuvo que todo lo que se dice sobre tantas horas de escuchas telefónicas, que trascendieron en los medios, «no sostienen bajo ningún punto de vista una asociación ilícita, una reducción a la servidumbre, ni el abandono de persona».

La declaración de «Teto» Medina

Ante el fiscal Ichazo, el ex humorista e integrante de VideoMatch se defendió, dijo que sólo daba charlas y realizaba videos. “Siento que estoy acá por TikTokero”, deslizó.

«Yo hace tres años decido internarme por mi adicción, y termino mi tratamiento y empiezo a hacer un ambulatorio (…). Yo quería hacer algo con esto, mi internación no me gustó y pensé que era un buen tratamiento haciéndome cargo como viví yo mi error», comenzó la declaración del pasado viernes.

«Ahí empecé -siguió contando Medina- y encontré una manera de hacer mi tratamiento dando charlas en comunidades terapéuticas, de hecho trabajo en 15 aproximadamente. En todas estas comunidades hago lo que hago en La Razón de Vivir. Yo publico TikToks de los chicos, de la charlas, con un fin muy concreto: que el chico que está en su casa y tenga vergüenza, pida ayuda y no se drogue».

Ante la consulta del fiscal sobre su rutina en el día a día de la comunidad investigada, dijo: «Iba a La Razón de Vivir solamente los martes de 11 a 5 de la tarde. Mis tareas a cumplir eran charlas motivacionales, almuerzo con los chicos, y programita de Facebook Live donde los chicos contaban sus experiencias a las 3 de la tarde. A las 5 me iba. En todas las comunidades hacía exactamente lo mismo».

Y concluyó: «Empecé cobrando 4 mil, después 8 mil y luego 12 mil, siempre por charla y una vez por semana. Desconozco el funcionamiento de la casa, pero todas estas acusaciones no me constan porque no vi ninguna».

Se conocieron nuevos avances en la investigación que lleva adelante la Unidad Anticorrupción y que tiene en la mira a Federico Massoni por Administración Fraudulenta Agravada durante su paso como Ministro provincial.

La denuncia contra Federico Massoni la realizó Luis Suárez, integrante de la fuerza policial, ante el fiscal de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez. Según la denuncia inicial, Massoni habría realizado “las maniobras administrativas necesarias para privatizar las plantas de verificación técnica vehicular correspondientes a la Policía del Chubut”, causando además un perjuicio económico para el Estado.

Massoni hizo declaraciones públicas manifestando que realizó una vindicación en sede judicial para ser investigado, aunque eso no habría terminado del todo bien, ya que ahora, la situación del ex Ministro se complicaría por el aporte de nuevas pruebas y testimonios que se presentaron a través de una ampliación de denuncia.

Mediante este proceso, Suárez insta a la fiscalía a que se soliciten las investigaciones internas que habría desarrollado la propia fuerza policial en los últimos meses ante la sospecha de irregularidades en la gestión de Federico Massoni como ministro de Seguridad. Estos mismos hechos habrían sido motivo de diversas investigaciones también por parte del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Asimismo, Suárez en su ampliación de denuncia relata irregularidades respecto a la utilización de once vehículos de la fuerza policial para cumplir funciones en las plantas verificadoras, que deberían estar disponibles para el servicio de seguridad ciudadana “función principal de la fuerza policial”, relató.

Por último, el documento brinda detalles sobre los montos estimados de ganancia que tendrían las plantas de verificación en los últimos dos años, cifra que rondaría los $600.000.000 millones de pesos, ganancias que se habrían facilitado por las gestiones de Massoni que ahora están siendo investigadas.

El exintendente está en la ciudad para declarar en la causa que lo acusa por lavado de activos, doblemente agravado por haberlo cometido como miembro de una asociación ilícita y en ejercicio de la función pública.

El exintendente Néstor Di Pierro participa este martes de una audiencia como imputado en la Cámara de Federal de Comodoro Rivadavia, a partir de la apelación planteada por su defensa contra el procesamiento que le había dictado la jueza Eva Parcio, por el delito de lavado de activos doblemente agravado, por haberlo cometido como miembro de una asociación ilícita y en ejercicio de la función pública, según pudo saber ADNSUR en ámbitos judiciales.

Además de Di Pierro, están imputados en la causa los empresarios Ernesto Rey, Héctor Pagano, los hijos y la esposa del ex funcionario municipal, con distintos grados de participación, en una serie de presuntos ilícitos que son investigados desde el año 2014 por la justicia federal de esta ciudad.

El procesamiento se produjo luego de que se tomó la declaración indagatoria a los imputados, cuando debieron responder sobre fondos y propiedades en su poder, sobre las que no pudieron justificar de manera fehaciente el origen de las mismas.

La audiencia que comenzó esta mañana en la Cámara Federal se originó en el planteo de la defensa, que apeló el procesamiento, por lo que en esta instancia se deberá resolver si se confirma o si continúa la investigación, que en caso de ratificarse quedaría en la etapa final, previo a la elevación a juicio oral y público.

La imputación prevé penas de más de 10 años de prisión

El delito por el que fue procesado el ex intendente, junto a empresarios y familiares, aunque con distintos grados de participación, es especialmente grave.

El artículo 303 del Código Penal prevé que prisión “de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí”.

La norma prevé agravamientos en el mínimo y el máximo, para el caso de que el acusado hubiera cometido los hechos durante el ejercicio de la función pública, como sería en este caso en caso de corroborarse los hechos. Y además, porque se imputa la participación en una asociación ilícita, que sumaría, eventualmente, otras penalizaciones.

Dictamen de la PROCELAC

Tal como ha informado ADNSUR, la investigación abarcó distintas etapas, entre ellas la que involucró en 2018 la intervención directa de la PROCELAC (Procuraduría para el Lavado de Activos).

En aquel momento, el organismo consignó que los hechos bajo investigación se vinculaban a la compra venta de terrenos municipales, sobre los que se promovía “la investigación por evasión de tributos y blanqueo de capitales”, vinculado a “un grupo de personas que se dedicarían al cambio de cheques con descuento, actividad por la cual harían circular grandes cantidades de dinero por fuera del sistema bancario, sin respaldo contable y sin pagar los tributos correspondientes.

“Al mismo tiempo –añadía aquel dictamen de la Procuración-, parte de ese dinero sería ‘blanqueado’ a través de la emisión de facturas y otros documentos comerciales que no reflejarían la realidad económica”.

La investigación había motivado años atrás, en 2015, un allanamiento ordenado por la jueza federal Eva Parcio en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, además de empresas de la zona, como también la emisión de exhortos internacionales para determinar la existencia de cuentas en el exterior.

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El Fiscal Carlos Díaz Mayer confirmó que un encubrimiento o entorpecimiento en la investigación de la masiva intoxicación por monóxido de carbono que sufrieron la semana pasada los alumnos y trabajadores de la Escuela N°7719, en la cual más de 55 personas fueron afectadas y 19 estudiantes, de entre 12 y 18 años, debieron ser internados.

Según Díaz Mayer, esto surgió “a partir de las modificaciones que observamos en el transcurso del día que fuimos en dos oportunidades con personal de Criminalística y Camuzzi”.

Y aseguró que tiene “fotos, actas y testigos. Hay que ver si hay un grado de responsabilidad en la confección o en la manipulación de esa situación, o qué pasó, por qué o quién lo ordenó. Hay modificaciones de cemento fresco y pintura fresca, ahora por qué, cómo o quién lo ordenó, esa parte no la tengo”.

El Fiscal señaló que “nunca imaginamos que podía pasar eso, además habíamos empezado una investigación de oficio sin determinación exacta de lo que estaba pasando, teníamos gente en el hospital intoxicada, nunca nos imaginábamos que nos íbamos a encontrar con semejante panorama”.

Al ser consultado por la responsabilidad penal, en el caso que se demuestre que se actuó mal, si es de la empresa que se contrató para la obra o de funcionarios del Ministerio de Educación y el de Infraestructura, Díaz Mayer respondió que “en los términos de la denuncia del Gobernador habría responsabilidades de todos”.

Fuente: Mil Patagonias

A fines de noviembre del año pasado la noticia de una masacre de pingüinos recorrió el mundo en pocos minutos. A medida que fueron pasando los días, se fueron dando a conocer las consecuencias del avance de una topadora en el sector, pero esa información no se condecía con la realidad.

Ahora desde la fiscalía de Rawson se conocieron importantes novedades referidas al avance de la investigación y el informe realizado por científicos del CONICET.

La información fue difundida por el Ministerio Público Fiscal de Chubut, con el objetivo principal de actualizar el estado de avance de la causa en la que se investiga el daño ocasionado por maquinaria pesada sobre una de las colonias de pingüinos de Magallanes en la provincia del Chubut.

La investigación de los hechos está a cargo de la fiscal general de Rawson, Florencia Gómez, quien designó como peritos a los Drs. Mario Rostagno, Ing. agrónomo y especialista en suelos; Tomás Bosco, especialista en restauración vegetal; y García Borboroglu, todos ellos investigadores del Centro Nacional Patagónico (CONICET).

Asimismo, colabora en los peritajes la Brigada de Control Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.

Informe de Nación

El informe de Nación fue realizado por la Brigada de Control Ambiental (BCA) de la dirección de inspección del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del mismo surge que en virtud de las inspecciones efectuadas en la zona afectada, se desprende que el camino en cuestión (movimiento de suelo) se realizó mediante la utilización de máquina vial, sin ningún estudio o evaluación de impacto ambiental, y menos aún su aprobación, todo ello en trasgresión a lo estipulado por el Código Ambiental de la Provincia del Chubut.

Se puede afirmar que mediante la construcción del camino, se produjo afectación al ambiente y se destruyeron sitios de nidificación de pingüinos, incluso se observaron nidos derrumbados al borde del camino.

Ahora bien, el impacto de esta pérdida de sitios de nidificación en la población debe ser evaluado por especialistas en pingüinos de Magallanes.

El caso

El 26 de noviembre de 2021, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, junto con el propietario de un establecimiento rural, convocan al Dr. Pablo García Borboroglu, investigador de Conicet y especialista en aves marinas, a fin de realizar una prospección expeditiva para determinar preliminarmente los daños producidos en una colonia de pingüinos de Magallanes en el establecimiento lindero.

A raíz de las observaciones realizadas por el científico, quien constató daños al área de nidificación provocados por el uso de maquinaria pesada. El subsecretario de Conservación y Áreas Protegidas, Sergio Cassin; el entonces ministro de Ambiente, Eduardo Arzani; y el Director de Flora y Fauna Silvestre, Fernando Bersano, radicaron la correspondiente denuncia penal.

Informe de peritos del CONICET tras los allanamientos

Como resultado de la denuncia, se llevaron a cabo tres allanamientos en la zona afectada, mediciones a campo, análisis de fotografías obtenidas por drones y de imágenes satelitales. Se identificaron cuatro áreas afectadas por los movimientos de suelo y vegetación: camino A, triángulo, desmonte y camino B. El camino A posee 3 m de ancho promedio (supera los 6 m en algunos sectores), se extiende unos 930 m en dirección al mar y finaliza en la costa. En toda la traza se ha desmontado la vegetación nativa y removido la capa superficial del suelo utilizando maquinaria pesada.

Este camino atraviesa un área de nidificación de pingüinos a lo largo de 170 m de recorrido, cercana a la costa, incluyendo zonas de alta y media densidad de nidos, y también atraviesa parte de la colonia a unos 400 metros tierra adentro. Las características y continuidad del ambiente modificado, sumado al conocimiento sobre la selección de hábitat reproductivo del pingüino de Magallanes, sugieren fuertemente que existían nidos en dicho ambiente previo a la construcción del camino. Cabe destacar que los nidos de esta especie pueden encontrarse bajo arbusto o bien en cuevas cavadas, en los espacios entre arbustos o debajo de estos.

A 400 m de la costa, se observa una superficie triangular desmontada y removida de 411 m2, en adelante el triángulo. A unos 30 metros del triángulo, se encuentra una nueva superficie desmontada de 770 m2, denominado desmonte, donde el suelo y la vegetación se han removido y desplazado recientemente.

En un lateral, el desmonte presenta la acumulación del material removido formando una lomada de unos 3 m de alto, por 29 m de largo. Desde dicho desmonte se desprenden dos caminos nuevos sin salida, con suelo removido y vegetación desmontada, uno de 27 m y otro de 13 m de longitud.

Todas estas áreas son parte de la colonia, ya que se observaron nidos bajo arbustos y algunos en oquedades con presencia de pingüinos en las adyacencias inmediatas alrededor de estos desmontes. Esto sugiere fuertemente que existían nidos en el área que ahora está desmontada.

Asimismo, se observa la construcción de un camino que se desprende del camino A en su tramo final (camino B), que atraviesa una zona de arbustos muy altos y tupidos, en su mayoría pertenecientes a la especie duraznillo. Este desmonte posee 4,5 m de ancho y 45 m de largo y es también parte de la colonia de pingüinos, observándose nidos con pingüinos en sectores inmediatos al desmonte que no fueron alterados.

Cabe destacar que las huellas de maquinaria pesada observadas in situ el día 26 de noviembre de 2021 eran muy profundas, bien marcadas y sobre sedimento suelto, lo que daba cuenta de tránsito muy reciente de esta máquina en diferentes áreas, incluyendo sitios de alta densidad de nidificación.

Por otra parte, se registraron dos pichones muertos muy recientemente, de pocos días de vida, dentro en un nido cueva al borde del camino. Estos pichones estaban casi totalmente tapados por el sedimento y fueron descubiertos al remover la tierra. Se observaron huellas recientes de maquinaria pesada que en su trayectoria pasaron sobre el techo a la entrada del nido. Presumiblemente, el peso de la maquinaria colapsó la estructura del nido y el material desprendido tapó a los pichones.

Además, en los allanamientos se observó acumulación de suelo y materia vegetal fresca (con algunas plantas en flor), recientemente removida en inmediaciones a la costa, evidenciando que se transitó con la maquinaria por las áreas de nidificación en plena temporada reproductiva.

Asimismo, en el primer relevamiento expeditivo del 26 de noviembre se observó la presencia de un alambrado de 6 hilos, que además anexaba un boyero electrificado, conectado a una batería con alimentación solar. El boyero electrificado se extendía a lo largo de casi toda la extensión del alambrado y en diferentes sectores estaba a una altura inferior a la de un pingüino, sobre todo en el sector de costa. En estos tramos, los alambres inferiores eran una barrera que impedía el paso de los pingüinos. En algunos puntos, la presencia de pequeños cañadones dejaba el alambrado a una altura que habría permitido el paso de estas aves por debajo, pero se observó que se había atado con alambre la parte baja del alambrado a rocas y maderas para hacerlo descender, lo cual impedía el tránsito de los pingüinos.

Finalmente, el informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación advierte que, ante los desmontes realizados sobre la costa, debería analizarse por profesionales de la agrimensura para cotejar si están realizados sobre bienes pertenecientes al dominio público.

Conclusión final conforme la evidencia obtenida

Como resultado final y las conclusiones principales emanadas de la evidencia obtenida hasta el presente indicaron que: en primer lugar, la construcción de caminos y desmontes provocaron la destrucción de aproximadamente 2000 m2 de hábitat de nidificación del pingüino de Magallanes.

En segundo punto, al menos el 58 % de esta superficie de nidificación, correspondientes a desmonte y triángulo, fue impactada el 26 de noviembre de 2021, tal como lo indican las imágenes satelitales y la evidencia fotográfica y fílmica, en plena temporada reproductiva, cuando los pingüinos estaban en sus nidos incubando huevos o empollando pichones menores a 1 mes de vida. El resto de la destrucción de hábitat comienza a observarse en las imágenes a partir de mediados de agosto y luego va consolidándose (camino A). El camino B comienza a observarse en la segunda mitad de agosto, pero es más observable hacia mediados de septiembre.

En tercer punto, el tránsito de maquinaria pesada sobre el camino hasta el mar también continuó impactando en la colonia cuando los pingüinos ya se encontraban en etapa de pichones chicos, como lo evidencian las huellas frescas de las imágenes del 26 de noviembre.

Cuarto lugar, los pichones hallados habrían muerto presumiblemente por el colapso de la estructura del nido causado por el tránsito de la maquinaria.

Quinto punto, la construcción del alambrado y su boyero electrificado también afectaron a los pingüinos en esta etapa de su ciclo, al obstaculizar su libre desplazamiento hacia y desde el mar. Y por último, el área de interés se encuentra dentro de la reserva de Biosfera de UNESCO llamada Patagonia Azul, precisamente en una de sus zonas núcleo, las que «incluyen sitios de alta diversidad biológica y cultural y con un alto grado de integridad ecológica, capaz de asegurar los objetivos de conservación a largo plazo», (UNESCO Programa MAB).

Esta área también ha sido designada internacionalmente como AICA (Áreas Importantes para la Conservación de las Aves), integrando una red de sitios críticos para las aves del mundo. En particular, el área de interés se enmarca dentro del AICA CU03 Complejo Punta Tombo-Punta Clara.