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La jueza de Rawson, Karina Breckle, abrió la investigación contra siete funcionarios públicos y dos empresarios por presuntos negociados y direccionamientos al momento de realizar obras de reparación en distintas escuelas de Chubut. La causa se originó a partir del escape de monóxido de carbono en una escuela de El Maitén.

De acuerdo con la información brindada por el área de Prensa del Ministerio Público Fiscal de Chubut, los funcionarios públicos imputados son Edgardo Campos, Mónica Martínez Carpio, Maximiliano García, Rocío Silva, Leonardo Chacón y Claudio Márquez, quienes se desempeñan en el Ministerio de Infraestructura y en el Ministerio de Educación. Además, fueron imputados los empresarios Osvaldo Ponce de León y Juan Cottet, ambos de la ciudad de Esquel.

Para los funcionarios provinciales la imputación es la de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público en carácter de coautores. Para los empresarios Ponce de León y Cottet, la imputación es en calidad de cómplices primarios.

El agraviado es el Estado provincial y se estima un perjuicio por una suma superior a los 20 millones de pesos. Se investigan 15 delitos acerca de cómo fue el ardid que apuntaba a direccionar las obras, simulando falsos concursos de precios para ejecutarlas.

La denuncia fue realizada por el gobernador Mariano Arcioni, luego de un escape de monóxido de carbono en la escuela de Buenos Aires Chico, en la localidad de El Maitén, que afectó la salud de 58 alumnos, algunos de los cuales debieron ser hospitalizados.

La denuncia efectuada por los padres de los niños afectados en El Maitén está cargo de la Fiscalía de Lago Puelo. Mientras que las irregularidades detectadas en la reparación de la caldera que produjo el escape y que reveló irregularidades en otros establecimientos educativos del interior provincial, está a cargo del fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, Omar Rodríguez.

La maniobra 

El fiscal describió el modus operandi se realizó a partir de instrumentos legales como la contratación directa en función del monto de la contratación. Se seleccionaba “de manera arbitraria y discrecional quien era el proveedor del trabajo de refacción, esto fruto del acuerdo previo al margen de la ley”.

Rodríguez detalló que dicha maniobra “no responde a la idoneidad del elegido, sino que las razones están dadas por otras causas, como lo son la amistad, la devolución de favores de campaña, el lobby de personas influyentes en los funcionarios con toma de decisión, etcétera.”

El fiscal explicó: “se cursaban invitaciones vía mail, generalmente a tres proveedores para que coticen. La otra forma era el firmado de una planilla que se agrega al expediente administrativo, la cual se encuentra en la repartición donde se hace el llamado, y resulta demostrativa de que el proveedor ha sido invitado a cotizar”.

Agregó: “las invitaciones a cotizar en estos casos, no tienen por fin abrir un terreno propicio para generar competitividad en busca de mejores precios y de mejores productos para el Estado, sino que era utilizado para aparentar el cumplimiento de dicho extremo”.

Ese mecanismo de cursar invitaciones a distintos proveedores “buscó encubrir un direccionamiento en la contratación para beneficio de un tercero, y a su vez, cubrir la responsabilidad funcional. En definitiva, darle apariencia de legalidad”, puntualizó Rodríguez.

Por eso, los funcionarios “invitaban a proveedores que sabían de antemano que no iban a presentar cotizaciones, dejando vía libre al candidato seleccionado a quedarse con la que aparecía como único oferente. Y claro está, su oferta siempre resultaba económicamente la más conveniente”.

Firmas falsas 

Según el planteamiento de la Fiscalía, detectaron que en varias de las obras de refacciones “se iniciaban sin ningún tipo de respaldo documental. Se disponía que el contratista comience la obra y luego se armaba el expediente, acomodando las fechas y los distintos actos administrativos para darle apariencia de legalidad a la documentación obrante en los mismos, para luego la autoridad competente autorizar la contratación directa en función de lo actuado”, analizó el fiscal del caso.

El acusador público graficó que en el modus operandi el proveedor confeccionaba los presupuestos de las obras, es decir, el contratista “hacía el relevamiento, confeccionaba la memoria descriptiva con los trabajos a ejecutar y fijaba el monto que se iba a convertir en el presupuesto oficial, sobre ese monto que había fijado el propio proveedor, hacía la oferta incrementando el porcentaje dinerario”.

Causa compleja 

Los defensores Gladys Olavarría, Miguel Moyano, Romano Cominetti, Hugo Cansino y Nelly García coincidieron en que la descripción de los delitos fue “confusa e imprecisa” y que “no tenemos en claro de que nos tenemos que defender”, afirmó Cominetti. También cuestionaron la cifra de dinero estimada por el fiscal producto de las maniobras ilegales de contratación. Y la defensora Olavarría cuestionó la calificación de los delitos.

Para el fiscal el prejuicio final surgirá de la investigación y que “en las maniobras de direccionamiento no hace falta determinar el monto. Lo que hace falta es probar que sí existió un perjuicio”.

La jueza relativizó las observaciones de los defensores y consideró que la causa sea tratada como compleja. Por ello, los fiscales tienen el plazo de un año para avanzar en la investigación y presentar la acusación.

Los primeros pasos de la investigación penal abierta en relación a la muerte de Rodrigo Fonseca, el operario de 39 años que perdió la vida el lunes último cuando se realizaba una maniobra de prueba hidráulica con una manguera de 500 kilogramos de peso, apuntan a establecer si los procedimientos seguidos en la maniobra se ajustaron a normas de seguridad establecidas para ese tipo de tareas.

La causa es investigada por la fiscal Andrea Rubio, mientras que el análisis se vincula a algún tipo de de figura culposa que pudo haberse configurado si es que había normas o elementos de seguridad que no se cumplieron, o si sólo se trató de una fatalidad.

Aunque el dirigente petrolero Jorge Avila cuestionó que la operación se hubiera realizado en la base de Nova Drill y no en el campo, como una forma de abaratar costos, según planteó el dirigente.

En la fiscalía dijeron que ese tipo de cuestionamiento excede lo que puede verificarse en el ámbito penal.

“Escuchamos lo que dijo Avila, pero ese tipo de temas puede vincularse a otro ámbito de discusión, como puede ser la justicia civil o las aseguradoras de riesgos –dijeron fuentes cercanas a la investigación-. Lo que nosotros estamos analizando es solamente cómo se tiene que realizar este tipo de maniobras, si los elementos utilizados son los necesarios y si se cumplieron con normas de seguridad”.

LA MANGUERA SE DESLIZÓ CON LENTITUD DESDE EL SAMPING

Por lo observado en el video que dejó registrado el doloroso hecho, la manguera metálica, de media tonelada de peso, había sido levantada por un samping autoelevador, que había elevado el pesado instrumento hasta 2 metros de altura para realizar las pruebas.

“En la imagen se ve el samping detenido frente al portón de ingreso al galpón de la empresa y hay unas mangueras o cables en el piso, entonces el trabajador se acerca para levantar esos elementos que estaban en la entrada y se observa la sombra de la manguera que empieza a deslizarse –relataron las fuentes consultadas-. Un minuto antes había pasado otro operario por el mismo lugar”.

Se apunta a determinar si la manguera tenía los elementos de sujeción necesarios para evitar ese deslizamiento, o si la uña del samping debería haber contado con algún grado de inclinación para prevenir la caída, entre otros procedimientos que se busca determinar.

“La otra duda que tenemos es si está bien que esto se opere con un samping o si debería haberse utilizado una grúa”, se indicó, a modo de ejemplo, en torno a los elementos que buscan dilucidarse de cara la investigación penal.

Así lo aseguró el fiscal jefe, Marcelo Crettón, al señalar que se sigue trabajando en la zona donde se encontraron varios elementos que le pertenecían al comodorense desaparecido en Rocas Coloradas. Además, dijo que continúa el trabajo de los buzos en esa zona. “No hubo nuevos hallazgos. Lo último reportado son las zapatillas y el mate”.

Hoy se cumplen 20 días de aquel 18 de febrero, cuando Diego Barría, un trabajador petrolero de 32 años y padre de dos niños, salió a pasear en su cuatriciclo por Rocas Coloradas.

Siete días después y en medio de su intensa búsqueda, parte de sus restos fueron encontrados en el interior de un cazón atrapado por pescadores.

Marcelo Crettón, fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, confirmó este jueves que la búsqueda sigue activa en la zona de Rocas Coloradas ante la posibilidad encontrar nuevas pruebas que permitan establecer qué sucedió con Diego Barría.

“No hubo nuevos hallazgos. Lo último reportado son las zapatillas y el mate”, precisó y señaló que de acuerdo a estos hallazgos, “presumimos que el cuerpo obviamente está en esas inmediaciones. Pero dependemos de la situación de las mareas y del factor climatológico, sobre todo el viento que es lo que más nos ha complicado la búsqueda con los buzos”.

El funcionario aclaró que “la participacion de terceros esta sujeto a pericias» y que se está cotejando el cuatriciclo, el casco, el caño de escapa, y el asiento que fue hallado a 13 km del lugar «para que nos acerquen si ha habido la intervención de un vehículo de mayor porte».

“Las hipótesis pueden ser variables y no se puede apresurar nada”, afirmó Crettón.

El exministro de Seguridad manejaba una camioneta oficial cuando atropelló a un ciclista en la Ruta 7, a la salida de Trelew. Fue imputado por “lesiones culposas graves”.

El Ministerio Público Fiscal, representado en la oportunidad por el fiscal general Fabián Moyano y la funcionaria de fiscalía Florencia Pallucchini imputaron al ex ministro de seguridad de la provincia Leonardo Das Neves por lesiones culposas graves y solicitaron la apertura de investigación en una audiencia que tuvo lugar esta mañana en sala de oficina judicial situada en tercer piso de los tribunales en Trelew.

De acuerdo a la imputación enunciada, el día 24 de marzo de 2022 a las 14,50 aproximadamente, Leonardo Fausto Das Neves conducía la SUV marca Ford modelo Territory, por la ruta provincial nro. 7 desde Trelew hacia Rawson a una velocidad que no se pudo determinar, cuando a unos 73,5 metros del mojón 11/7 transitó por la banquina, conduciendo así de manera desatenta, antirreglamentaria, negligente e imprudente, violando el deber de cuidado en el manejo del automotor. Ello motivó que no percibiera con la suficiente antelación y embistiera con la parte central del rodado la parte trasera de una bicicleta rodado 26 color gris conducida por Hugo César Gallardo, quien circulaba por la banquina en el mismo sentido de circulación, no percibiendo de ningún modo la presencia del ciclista.

A raíz de ello la bicicleta fue arrastrada por el vehículo luego de ser arrollada, cayendo asimismo Gallardo sobre el capot e impactando su nuca con el parabrisas, siendo desplazado unos 22 metros, lugar donde se desprendió la bicicleta de la carrocería tras ser arrollada, mientras Gallardo proseguía sobre el capot y parabrisas por 45 metros más, cayendo finalmente a la banquina, y luego se detiene el rodado a unos 9 metros de ese punto. A raíz de ello, Leonardo Das Neves le causó a Gallardo lesiones de politraumatismo, TEC grave con hematoma subdoral, fractura de base de cráneo y calota craneana, y neumoencéfalo, que pusieron en peligro su vida con inhabilitación laboral mayor a un mes y en principio de carácter graves, dejando constancia que del curso de la investigación se podrá acreditar que las mismas pudieran resultar ser en definitiva de carácter gravísimas, lo que depende de la evolución de las mismas y las secuelas que pudiera presentar la víctima.

La fiscalía informó que los hechos mencionados resultan provisoriamente calificados como constitutivos del delito de lesiones culposas graves, artículo 94 bis, primer párrafo del código penal. En función de las medidas de prueba que deberán realizarse se pidió el plazo de investigación legal de seis meses, en el que se estima prima facie podrían llevarse a cabo las diligencias probatorias restantes.

Tras esta presentación fiscal, el Juez Gustavo Castro dispuso la apertura de investigación correspondiente sin objeciones por parte de la defensa de Das Neves, ejercida por Andrés Meizner, y ante la presencia en la sala de familiares de la víctima.

A raíz de los incendios forestales ocurridos en El Bolsón, Río Negro, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que conduce Juan Cabandié, presentó una denuncia ante la UFIMA, con el fin que se investigue a los responsables de iniciar los focos ígneos en esa zona.

La medida considera como un delito de acción pública prender fuego en zonas forestales y se basa en la Ley de Régimen de Representación del Estado en Juicio n.° 17516 que establece que el Estado podrá asumir el carácter de parte o de querellante en todos los casos en que esté comprometido el orden público o el interés público. Además, incluye la presentación de pruebas documentales y solicita que las mismas sean tenidas en consideración al momento que se inicie la investigación.

El pasado domingo, quedó detenido el presunto autor de las llamas que originaron el foco ígneo en un camping ubicado en Cascada Escondida, a diez kilómetros al noroeste de El Bolsón, quien quedó a disposición de la Justicia Federal por la causa caratulada como “daños por incendio agravado”. Se trata de un hombre de 30 años que inició el incendio presuntamente de manera intencional. Su domicilio en el barrio de San José, ubicado en la misma localidad, fue allanado el lunes por la Gendarmería Nacional. Además, el Gobierno provincial de Río Negro informó que la Justicia trabaja en la imputación de otras dos personas sospechosas de participar en el hecho.

Cabe destacar que, desde de la aparición de los primeros focos ígneos en la zona mencionada, el pasado 5 de marzo, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), que pertenece al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, brinda asistencia en territorio. Allí operaron en el combate de los incendios seis medios aéreos —tres aviones hidrantes AT-802, un avión anfibio AT-802 y dos helicópteros con helibalde—; 130 combatientes, 41 pertenecientes al SNMF y la Administración de Parques Nacionales, organismo descentralizado que actúa bajo la órbita de la cartera ambiental nacional; personal de apoyo técnico y logístico afectado al combate de incendios del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de Río Negro, bomberos voluntarios, Protección Civil, Parques Nacionales y la Brigada Nacional Sur.

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, en declaraciones en la tarde de ayer con FM EL CHUBUT expresó que «cada vez que existe un incendio de magnitud que afecta nuestros bosques nativos, se nombra gente o aparece el nombre de alguien que podría estar involucrado con el origen, especialmente cuando se trata del Parque Los Alerces».

Ongarato recordó que este fue el quinto incendio registrado en el año en la reserva natural. «Los cuatro anteriores habían sido apagados rápidamente y este foco tuvo más desarrollo y terminó en un desastre ya que consumió entre 1.200 y 1.400 hectáreas por un lado y por otro hubo ocho viviendas destruidas por el fuego. Además dos lodge de pesca no pueden funcionar porque el paisaje que tienen es desolador, el fuego les pasó por al lado de sus instalaciones» comentó.
Ante este daño, Ongarato afirmó que «es de esperar que quienes tienen que hacer todas las investigaciones actúen para dar con los responsables y también para evitar que se repitan incendios de este tipo».

Mencionó el intendente de Esquel que el Parque Los Alerces tiene una extensión considerable «y todo el año, no solo en verano, ingresan miles de personas. Algunos hacen fuego para hacer un asado, otros para calentarse de noche en los campamentos. Toman las precauciones con los fogones y no surge ningún problema. Pero en el sector del último incendio, en la zona de Laguna larga hay incendios reiterados todos los años y se habla de los mismos protagonistas, pero uno no tiene pruebas para acusar. Eso debe surgir de la investigación de la justicia por eso esperemos que ese trabajo avance, que la investigación arroje resultados y que terminemos con esta cadena de incendios de todos los años en este mismo lugar con la pérdida que genera un incendio, de masa boscosa y el daño ambiental y ahora se perdieron viviendas de pobladores de la zona, además de los miles de dólares por hora que se gastan para combatir estos incendios» terminó diciendo.

El 31 de enero se reactivará la causa en la que se investiga el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre del año pasado. Será a raíz de una nueva citación a indagatoria de Nicolás Carrizo, el denominado jefe de “la banda de los copitos”, para que declare en base a los mensajes que se encontraron en su celular luego del peritaje.

La ampliación de su indagatoria ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo pudo haber tenido lugar a mediados de mes, luego de ser ordenada por la Cámara Federal el pasado 29 de diciembre, voto dividido mediante. Sin embargo, a raíz de las vacaciones del abogado defensor de Carrizo, se aceptó una prórroga.

Fueron los letrados defensores de la Vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Manuel Aldazábal, quienes realizaron el pedido formal a la Cámara Federal para que se vuelva a interrogar a Carrizo a partir del hallazgo de más mensajes en su celular que lo incriminarían.

“Esto estaba planificado para dentro de una semana. Hizo todo mal. Es un pelotudo”, fue uno de los primeros textos que encontró la Justicia cuando entregó su celular y se determinó su detención en referencia a Fernando Sabag Montiel, el que gatilló el arma en la cabeza de Cristina Kirchner. En aquella oportunidad, Carrizo se defendió: “Soy de hacer jodas pesadas, no tuve nada que ver”.

No obstante, aparecieron otros mensajes comprometedores con fecha el 1 de septiembre. Recién intentamos matar a Cristina”, “Recordá esta fecha”, “Esta hdp ya está muerta”, “No sabés qué hicimos con esto” y “Para que el Gobierno sepa con quienes se están metiendo” fueron algunos de ellos.

Incluso, el día después del atentado, por la mañana, volvió a escribir: “Es un golpe que le dimos al Gobierno” y “esto se va a poner peor”.

A raíz de ello, Carrizo está preso desde el 13 de septiembre al igual que Sabag Montiel y su pareja, Brenda Uliarte, quienes fueron procesados por el delito como coautores de intento de homicidio agravado.

El próximo martes trasladarán a Carrizo desde el penal de Marcos Paz a los tribunales de Retiro para que, nuevamente, preste declaración.

CFK insiste con apartar a la jueza Capuchetti de la causa por el atentado en Recoleta

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a recusar a la jueza federal, María Eugenia Capuchetti, en la causa por el atentado que sufrió frente a su departamento en Recoleta, con duras críticas a la magistrada a comienzos de mes.

La titular del Senado publicó aquella jornada en Twitter: “En épocas de derechas violentas, anoche se presentó recusación contra la Jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado”.

Los abogados de Cristina Kirchner, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, habían recusado a la magistrada el 14 de noviembre del año pasado, y semanas atrás plantearon: “El día viernes se conoció públicamente que la jueza Capuchetti tiene un ‘trabajo’ rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Los letrados manifestaron en la recusación a la jueza: “Capuchetti, según comunicó el ISSP el 6 de enero, cobra un sueldo del organismo desde 2014. Esto consta, además, en documentos que salieron a la luz durante el viernes y el fin de semana”.

Este lunes 12 de diciembre a las 9 de la mañana está fijada por la Oficina Judicial de Rawson la audiencia de apertura de investigación en la causa caratulada “Ministerio Público Fiscal s/Investigación Maltrato Animal – Punta Tombo”, en la que se buscará determinar la responsabilidad por la llamada “Masacre de Pingüinos” ocurrida en el área de Punta Clara entre agosto y noviembre de 2021.

El hecho fue una primicia nacional de ADNSUR, que fue contando con imágenes y datos todos los hechos y además todo el contexto familiar que rodeó al caso. Tal como anticipó esta agencia, el único imputado por la fiscal María Florencia Gómez será Ricardo La Regina, propietario del campo y de la retroexcavadora que pasó por encima de los nidos en pleno período de reproducción y cría.

La Regina será imputado como autor de Daños Agravados en concurso ideal con Malos tratos y actos de crueldad a los animales en concurso real –tres hechos-, según lo previsto y reprimido por los arts. 45°, 54°, 55°, 184° inciso 5° del CP y Artículos 1° y 3° Inciso 7° de la Ley 14.346 de Malos Tratos y Actos de crueldad a los animales.

Concretamente, la fiscalía imputará a La Regina los hechos ocurridos entre los días 10 de agosto y 26 de noviembre de 2021, cuando sin autorización previa sobre impacto ambiental y mediante la utilización de maquinaria pesada (retro excavadora) produjo daños sobre fauna y flora silvestre autóctonas del lugar, sito Punta Clara “Estancia La Perla” Lote 20 C de la sección C 3 fracción A y B departamento de Florentino Ameghino, siendo administrador de la mencionada Estancia.

José Manuel Ubeira, el abogado que representa la querella que sigue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa que se investiga el intento de asesinato que padeció, sostuvo este miércoles que la investigación apunta hacia «las terminales de la extrema derecha del PRO» e insistió en que «no hubo voluntad» de actuar por parte de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo del expediente.

«Ahora está claro que no son un grupo de loquitos sueltos o unos muchachos perdidos en la vida. Es un grupo de personas que creemos que responden a determinado tipo de intereses y queremos averiguar la verdad. Esto apunta hacia las terminales de la extrema derecha del PRO», señaló Ubeira en declaraciones a la radio AM 530.

El abogado insistirá este miércoles en una audiencia ante la Sala I de Cámara Federal porteña, en un pedido de recusación para apartar a la jueza Capuchetti de la instrucción del caso

En ese marco, Ubeira señaló que han «presentado muchos escritos» para que se sigan determinadas líneas de investigación, pero aseguró que la jueza «no tomó ningún impulso».

«Si hubiera voluntad investigativa estaríamos intentando encontrar si hubo un esquema de financiamiento en esta causa, pero la división de este proceso en dos causas (una es llevada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien investiga a integrantes del grupo Revolución Federal y la otra es seguida por Capuchetti, quien hace lo propio con el atentado a la exmandataria) fue una división artificial que no tiene ni pies ni cabeza y resultó bancada por la cámara», remarcó.

En tanto, Ubeira señaló que los mensajes que el martes se conocieron y que fueron extraídos del teléfono celular del detenido y procesado Gabriel Carrizo, motivaron una nueva presentación de la querella de la exmandataria.

En ese sentido, la representación legal de Cristina Fernández de Kirchner señaló en un escrito que el ataque del que fue objeto «no estaba destinado exclusivamente a matar a la Vicepresidenta» sino también a «desestabilizar el sistema político y constitucional en general».

«Hace aproximadamente un mes que están en la causa estos mensajes por una labor que realizan los organismos vinculados a las fiscalías. La investigación se durmió 30 días y cuando revisamos la causa de cara a esta recusación, nos encontramos con esta novedad. Claramente no había voluntad de investigarlo por parte de la jueza», apuntó Ubeira.

Tras conocer esta información, el abogado presentó un escrito pidiendo incorporar la figura de asociación ilícita al considerar que se encuentran «reunidos todos los requisitos del tipo».

«Nosotros somos muy renuentes a este tipo de calificaciones porque las reparten en Comodoro Py como caramelos en una Kermés. En este caso si se reúnen las condiciones para hacerlo porque estamos ante una organización fundamentalmente destinada a afectar la tranquilidad publica. Buscaban atentar contra el sistema democrático y cometer todo tipo de delitos indeterminados», aseguró.

En tanto, el abogado indicó que aunque aún no se conoce a «quién le mandaba los mensajes» Carrizo, pero advirtió que saberlo es «solo es cuestión de tiempo.

«Corresponde que los otros dos detenidos (Fernando André Sabag Montiel y Brenda Uliarte» sean indagados junto por Carrizo por asociación ilícita», puntualizó el letrado.

Se anunció una nueva fecha para la apertura de la investigación por el asesinato de Tino John. Será el 16 de noviembre a las 9 hs.

El 27 de mayo 2021 Alejandro «Tino» John murió por un impacto de bala en el marco de un operativo policial en Las Golondrinas. Hoy en día, se cumple un año y cinco meses de ese trágico episodio.

El 20 de septiembre se llevó a cabo la apertura de la investigación por el asesinato de Tino John y, sin embargo, no se pudo concretar.