El jefe comunal de Trelew, Gerardo Merino, afirmó que “sin conocimiento, sin investigación ni tecnología, no es posible que haya desarrollo en la región”, al participar este miércoles en la sede local de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” (UNPSJB) del lanzamiento del Centro Regional de Investigaciones Aplicadas y la 2º Edición de las Jornadas de Ciencia y Técnica.
Merino remarcó la “apertura al diálogo y el trabajo en conjunto desde la consulta permanente» con la casa de altos estudios, al encabezar la presentación formal junto al ministro de Economía de Chubut, Facundo Ball.
Además, estuvieron presentes el delegado Zonal Trelew de la UNPSJB, Marcos Kupczewski; el decano de la FCE-UNPSJB, Julio Ibáñez; entre otras autoridades municipales y universitarias.
En el encuentro, el intendente rubricó un convenio con la UNSPSJB y el Ministerio de Economía para avanzar en la “Identificación de fuentes de financiamiento internacional” para la construcción del Centro Regional de Investigaciones Aplicadas”.
Al hacer uso de la palabra, el intendente de la ciudad señaló que “desde el inicio de la gestión planteábamos esta posibilidad para que los investigadores tengan el espacio para desarrollar sus trabajos, y así avanzar en el conocimiento y la tecnología”.
Merino agradeció el aporte de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano, a cargo del arquitecto Federico Ercoli, ya que “asumimos ese compromiso, y en menos de cuatro meses, avanzamos”.
En la sede Trelew de la UNPSJB, Merino remarcó que “valoro y celebro que podamos tomar decisiones y políticas de Estado para que vengan inversiones y tecnología”, y añadió que “sino está el recurso humano capacitado, es imposible que la ciudad crezca y se desarrolle”.
Día del Investigador
La actividad se concretó en conmemoración del 10 de abril, Día del Investigador, en homenaje al nacimiento del Dr. Bernardo Houssay, galardonado en 1947 con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, convirtiéndose así en el primer latinoamericano en recibir la distinción en ciencias.
Martín Alejandro “Tino” John, murió a raíz de un disparo en la cabeza, mientras estaba en su vivienda, el 27 de mayo de 2021. Ocurrió durante un operativo del GEOP. El autor del disparo fue investigado por la Fiscalía y en base a lo elementos recabados, el fiscal del caso pidió su sobreseimiento, aunque continúa vinculado al proceso en la investigación autónoma de la querella.
Por disposición del Procurador General, Jorge Luis Miquelarena, se designó a un fiscal de Esquel para que investigue la conducta del entonces Jefe de la Comisaría de El Hoyo y del Jefe del Grupo Especial de Operaciones de la Policía del Chubut.
En ese marco, Martin Robertson solicitó la apertura formal de la investigación. El lunes se realizó la audiencia que pudo concretarse solo respecto de uno de ellos. El segundo asistió de manera remota y por problemas de conexión debió reprogramarse, informó el Ministerio Público Fiscal.
Revisión de la causa
Omar Eduardo Martínez, a cargo entonces de la Comisaría de El Hoyo y Cristian Alejandro Soto, Jefe del GEOP, habían quedado fuera de la investigación principal iniciada en la Fiscalía de Lago Puelo.
Su responsabilidad había sido desestimada. Sin embargo, esa desestimación fue a revisión de la juez Silvana Vélez y la magistrada hizo lugar a la revisión requerida por las querellas y remitió las actuaciones al Procurador General de la Provincia para que decida al respecto.
Miquelarena, a través de la Resolución 017/24 PG, revocó la desestimación para que se investigue si los dos funcionarios policiales incurrieron en alguna conducta delictiva.
“Siendo que el Dr. Díaz Mayer es el único fiscal de la Comarca Andina, la investigación a tales fines será continuada por el equipo de funcionarios de la Comarca bajo la dirección de un Fiscal de Esquel que designará la Sra. Fiscal Jefe Dra. María Bottini”.
La designación recayó en el fiscal Martin Robertson.
El hecho
El 27 de mayo de 2021, el juez penal autorizó el allanamiento de la vivienda del Sr. John, avalando un plazo de cuarenta y ocho (48) horas para su ejecución. La orden se ejecutó dos horas después, decidiéndose el ingreso a la vivienda donde se encontraba el Sr. John.
El escrito de Fiscalía indica que en el contexto reseñado por las partes, los funcionarios policiales a cargo del operativo tenían en el abanico de las posibilidades razonables, varias alternativas previas razonables, destinadas a evitar la pérdida del bien jurídico vida, que en definitiva se perdió.
Esa mañana, el Comisario Martínez conversó con el hijo del Sr. John. Este le dijo que intentarían convencer a la víctima para que deje de disparar a otras viviendas, a vecinos y a policías, y desarmarlo. Esta era una posibilidad clara y concreta que podría haberse intentado para dejar como último recurso la irrupción violenta con el riesgo de vida para la víctima, para los funcionarios policiales y para terceros. Tampoco se esperó la llegada del personal de Salud Mental, tal como exigía el pedido de allanamiento de la Fiscalía y autorizado por el juez. La resolución de Vélez indica que el personal de salud mental, conocedor de los padecimientos mentales, de sus características y de las formas de abordaje, pudo haber resultado una alternativa previa a la irrupción, en caso de fracasar el intento de los familiares.
También se indica que, de fracasar estas instancias, podría haberse optado por apostarse en las inmediaciones de la casa, sin irrumpir, logrando ventaja táctica ante un eventual intento de egreso de Jhon. Vélez indica que “si el Sr. John decidía salir de su inmueble (situación que sí podría implicar un riesgo para la vida de terceros) entonces los funcionarios policiales podrían haber advertido al Sr. John de desistir de su salida con advertencias claras y sonoras. Luego, acudir a un tiro de aviso y con posterioridad a disparos a zonas bajas del cuerpo. Todo esto hubiera evitado el tener que haber acudido a un disparo en zona letal”.
Estas alternativas, previas a la irrupción, se ven como razonables, proporcionadas y respetuosas de la progresividad de la utilización de la fuerza. La magistrada valoró como irrazonable y apresurada, contraria a los principios básicos de la actuación policial, normas nacionales y supranacionales, la decisión de irrumpir en la vivienda en ese contexto. “En este sentido, el haber estado en desventaja táctica al momento de disparar el Sargento Primero Moggiano, fue una situación provocada por la irrazonable decisión de irrumpir adentro del domicilio”, indicó.
Por esto es que se investiga la decisión tomada por los Comisarios Martínez y Soto (la investigación podrá delimitar si los dos o cuál de ellos fue el principal responsable de dicha decisión) contrarió normas jurídicas internacionales (con rango constitucional) nacionales y provinciales.
El jefe de la comisaría de El Hoyo estaba a cargo del allanamiento, era quien podía decidir cuándo y cómo llevarlo a cabo, conocía los padecimientos mentales de John, “y no evitó la irrupción del GEOP, sabiendo que no estaba presente el personal de salud mental por lo cual incumplió la orden judicial”.
En tanto que el jefe del GEOP, decidió la irrupción de este cuerpo de elite, sin esperar la orden, sino que cuando ingresó a la vivienda la pareja de John, decidió unilateralmente irrumpir. Entonces, la omisión por parte de Martínez de impedir la irrupción y la de Soto, de irrumpir sin que se le haya ordenado, serían las causantes de que se desencadene en el resultado muerte.
Las conductas fueron calificadas provisoriamente como constitutivas de homicidio culposo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia judicial.
Este viernes se realizó en la oficina judicial de Lago Puelo la audiencia de apertura de investigación por el homicidio de Martín Alejandro “Tino” John, quien falleció el 27 de mayo del 2021 de un disparo en la cabeza. En este caso, se imputó a uno de los dos comisarios que estuvieron a cargo del allanamiento en el que la víctima perdió la vida. El otro acusado tendrá su audiencia en los próximos días.
De acuerdo a lo detallado, el caso de Tino John llegó a esta instancia judicial luego de que el Fiscal Carlos Díaz Mayer, de la oficina fiscal de El Hoyo, desestimara la imputación de los comisarios, Omar Martínez, en su momento jefe de comisaría de El Hoyo, y Cristian Soto (jefe del GEOP). En ese contexto, las querellas presentaron una apelación ante el Dr. Jorge Luis Miquelarena, procurador general de la provincia, quien dio lugar y ordenó la realización de la audiencia desarrollada este jueves. En ese marco el MPF Esquel, resolvió designar como fiscal de audiencia acusatoria al Dr. Martin Robertson.
Como se mencionó previamente, en la ocasión solo se concretó la apertura de investigación contra uno de los acusados, el comisario Martínez, quien estuvo presente en la audiencia. Su compañero, el comisario Soto, participó de manera remota pero los problemas de conexión llevaron a que se suspendiera hasta poder concretarse de forma presencial en los próximos días, por orden de la jueza de Lago Puelo, Silvana Vélez.
Previo a la audiencia, el Dr. Marco Ponce, abogado defensor público oficial que representa a Donato John, hijo de la víctima, explicó a la prensa que se los imputó a ambos comisarios “como responsables del operativo, que tuvieron la posibilidad de decidir sobre el desenlace del hecho fatal”.
En esa línea, agregó: “Sin duda el oficial sargento primero, Luis Moggiano, tiene responsabilidad porque es el que apretó el gatillo, pero Martínez y Soto tenían la responsabilidad jerárquica en ese momento. Martínez es el que pide el allanamiento y quien ejecuta la orden es Soto, sobre todo cuando la orden del juez especificaba que debía haber personal de salud mental en el lugar y momento de la realización del operativo. Esto concluye que, a una persona con enfermedad mental, como era Tino, situación conocida por los dos comisarios, el funcionario de la fiscalía y el juez, se lo trato como un enemigo al que había que eliminar cuando era una persona que había que proteger”.
Asimismo, Marco Ponce recordó que sobre el sargento primero Moggiano, la fiscalía también solicito su sobreseimiento, por lo tanto la querella particular presentará en los próximos días la acusación pública de “homicidio agravado”, solicitando con ello la aplicación de juicio.
Transcurrido los plazos de la etapa de investigación, los abogados querellantes que representan a los hijos de “Tino” John (Donato, Dana y Martin), a su pareja (Claudia) y a la Asociación por los Derechos Humanos (APDH), pedirán la unificación de la elevación a juicio por jurado por homicidio agravado para los tres imputados. “La idea es que sea la comunidad de Lago Puelo la que pueda juzgar este caso”, subrayó la defensa.
“Para nosotros como defensa publica tenemos una obligación por ley de siempre que es acompañar e investigar los casos de violencia institucional. En este caso realmente ha habido una inoperancia del Estado, y llegar a esta instancia después de mucho trabajo es una satisfacción enorme; es entender que este mismo Estado involucrado, que tanto se critica y se vapulea, también tiene una rama muy fuerte que estamos procurando que las cosas se hagan como se deben hacer. No le vamos a devolver a los familiares de Tino nada, solamente un reconocimiento enorme que se nos está pidiendo”, dijo la querella oficial a cargo del abogado Ponce.
Formaron parte del tribunal y audiencia de apertura de investigación la jueza de Lago Puelo, la Dra. Silvana Vélez; el fiscal Dr. Robertson; el abogado querellante junto a Donato John, el Dr. Marcos Ponce; la defensora oficial del comisario Omar Martínez, la Dra Betina Betina Feld; los querellantes representantes de la pareja de la víctima, el Dr. Alfredo Galimberti y el Dr. Gómez Lozano de la APDH; y bajo la figura amigos del tribuna, Noelia Ward, representante de la secretaria de Derechos Humanos de la Nación .
«Fernando Cerimedo divulgó noticias fraudulentas sobre (el resultado de) las elecciones, en una estrategia ilícita y antidemocrática», destaca el documento de la Policía Federal brasileña al que accedió LPO, que investigó las «milicias digitales» que buscaron impedir la asunción de Lula.
Fernando Cerimedo, el estratega digital del presidente Milei es uno de los blancos de la Policía Federal brasileña, en la investigación por el intento de golpe contra Lula que tiene contra las cuerdas a Bolsonaro.
Cerimedo participó de la campaña de Bolsonaro y según la justicia brasileña fue una pieza clave en la construcción de las «milicias digitales» que impulsaron el ataque al Presidencia y el Congreso en Brasilia, para impedir la asunción de Lula, en una copia de la estrategia trumpista de deslegitimar el resultado electoral, luego de la derrota.
Este consultor fue y es el cerebro digital de Milei y es señalado como el creador del ejército de trolls que el libertario tiene en las redes para atacar a sus adversarios políticos, periodistas, artistas y cualquiera que exprese alguna crítica o algún comentario que le moleste.
LPO accedió en exclusiva al dictamen del juez de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, Alexander de Moraes, que tiene a su cargo la investigación por el intento de subvertir el orden constitucional de Brasil para impedir que Lula asuma el cargo de presidente.
Según ese documento d ela justicia brasileña, el fundador de La Derecha Diario integró uno de los seis grupos que trabajaron de forma coordinada en una operación llamada «Tempos Veriatis».
Cerimedo es señalado como una pieza clave del grupo de «Desinformación y ataques al sistema electoral», liderado por el ex ministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres.
Los grupos detectados por la justicia para concretar el golpe cívico-militar estaban liderados por la primera línea del gobierno de Bolsonaro. Entre ellos se puede mencionar al grupo «Incitación a militares» comandado por el ex candidato a vice Walter Souza Braga Netto; «Legales» por el detenido Filipe Martins; «Inteligencia paralela» por el poderoso general Augusto Heleno, también detenido y «Oficiales de Alto Rango» liderado por el almirante Almir Garnier Santos.
Cerimedo es señalado por la justicia brasileña como una pieza clave del grupo de «Desinformación y ataques al sistema electoral», liderado por el ex ministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres.
La Suprema Corte de Brasil investiga la actuación de una organización criminal que participó en el «intento de golpe de Estado y abolición del Estado Democrático de Derecho» por el que ya hay cuatro detenidos y decenas de investigados. Se trata de una causa gravísima, por la que el ex presidente Bolsonaro ya tuvo que entregar el pasaporte y no puede salir del país. En la Justicia hablan de codenas de hasta 30 años, si se confirman las acusaciones.
En el tramo del documento que analiza la conducta de Cerimedo, se afirma que «el grupo investigado incluso actuó a través de milicias digitales para repercutir y amplificar a través de multicanales la idea de que las elecciones presidenciales fueron fraudulentas, animando a sus seguidores a «resistir» en frente a cuarteles e instalaciones de las Fuerzas Armadas y crear el entorno adecuado para la intervención federal comandados por fuerzas militares».
«Los ataques al proceso de votación electrónica no comenzaron después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022. El grupo ahora investigado, desde 2019, utilizó el modus operandi desarrollados por la autodenominada GDO («Oficina del odio») para propagar la idea de vulnerabilidad y fraude en sistema de votación electrónica del país», agrega el documento.
En efecto, replicando la estrategia de Donald Trump ante la posibilidad de una derrota ante Joe Biden, los estrategas en estas guerras de desinformación que asesoraron a Bolsonaro, empezaron a tratar de socavar la credibilidad del sistema electoral de Brasil, para eventualmente desconocer un triunfo de Lula que impidiera la reelección de Bolsonaro.
La Oficina del Odio era un gabinete paralelo que funcionaba al lado del despacho presidencial en Brasilia y estaba comandado por Carlos Bolsonaro, el hijo de Jair que manejaba una maquinaria comunicacional de noticias falsas en las redes sociales y WhatsApp, que instaló la idea de fraude ante el triunfo de Lula. Cerimedo es investigado como una pieza clave de esas milicias digitales.
La Oficina del Odio era un gabinete paralelo que funcionaba al lado del despacho presidencial en Brasilia y estaba comandado por Carlos Bolsonaro. El hijo de Bolsonaro en los papeles es concejal de Río de Janeiro pero en los hechos manejaba esa maquinaria que distribuía noticias falsas en las redes sociales y WhatsApp, que instaló la idea del fraude ante el triunfo de Lula. Cerimedo es investigado como una pieza clave de esas milicias digitales.
En el reparto de tareas familiares, los hijo de Bolsonaro tienen roles bien claros: Carlos en el jefe de la manipulación de la información, Flavio se ocupa de la estructura económica y la relación con las milicias de Río de Janeiro y Eduardo maneja la agenda internacional con la ultraderecha global.
De hecho, Eduardo Bolsonaro visitó la Argentina duranta la pasada campaña electoral para apoyar a Milei. El vínculo es tan cercano, que en la ceremonia de asunción, Milei le dio al ex presidente de brasil un lugar destacado entre los presidentes en ejercicio, en el palco que armó en las escalinatas del Congreso.
Por la «Oficina del Odio», la Corte abrió una investigación en 2019 que todavía está en curso y también involucra a Cerimedo. Además, como jefe de esa estructura, Carlos Bolsonaro tenía nexos con agentes de una inteligencia paralela armada para espiar opositores y utilizar información para campañas de desprestigio. Por esta denuncia, la familia Bolsonaro fue blanco de allanamientos hace dos semanas, como reveló LPO.
Ante las mentiras difundidas por esta estructura y la logística garantizada por sectores militares y aliados económicos que proporcionaron camiones para el corte de rutas que buscó impedir la asunción de Lula, el actual presidente dispuso la intervención de Brasilia y la suspensión del gobernador bolosanrista y su secretario de Seguridad, Anderson Torres, jefe del grupo en el que operaba Cerimedo y que se fugó a Estados Unidos. En la Casa de Torres se encontró la «minuta del golpe» que detallaba todos los pasos del plan golpista.
Según la Policía Federal, «la presentación solicitada por el Partido Liberal ante el Tribunal Superior Electoral constituiría el último acto del grupo para protestar formalmente contra el resultado de las elecciones presidenciales, en la búsqueda de anticipar motivos para la ejecución de un golpe de Estado».
Revelado el intento de golpe, Lula dispuso la intervención de Brasilia y la suspensión del gobernador bolosanrista y su secretario de Seguridad, Anderson Torres, jefe del grupo en el que operaba Cerimedo y que se fugó a Estados Unidos. En la Casa de Torres se encontró la «minuta del golpe» que detallaba todos los pasos del plan golpista.
«Paralelamente al intento de revertir el resultado de las elecciones presidenciales, la autoridad policial señala que una segunda línea de acción fue adoptada por el grupo investigado, con la planificación y ejecución de actos encaminados a subvertir el Estado Democrático de Derecho, a través del ejército con un golpe para impedir la toma de posesión del Presidente legítimamente elegido, asegurando que el entonces Presidente Jair Bolsonaro permanezca en el poder», continúa el documento de 135 páginas.
La Policía Federal destaca en el documento que «Cerimedo utilizó los mismos argumentos falsos creados por los hackers, citados en una conversación sostenida entre Mauro Cid (el arrepentido que aportó toda la información para la investigación) y Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros y acusa al ex jefe de campaña de Milei de haber armado un Google Drive desde accedían a los archivos que contienen la grabación de la transmisión en vivo y la versión editada del video, para facilitar la difusión de noticias fraudulentas y amplificar la desinformación ilícita».
«Los expedientes estarían relacionados con la difusión de información falsa sobre máquinas de votación electrónica, destacando el vínculo entre el contenido abordado en la transmisión en vivo realizada por el argentino y el grupo ahora investigado», añade el texto, en referencia a Cerimedo a quien acusa concretamente de instrumentar un live de Facebook para difundir noticias falsas sobre fraude que socaven la credibilidad del triunfo de Lula.
Para la Justicia de Brasil hubo una «acción coordinada de miembros del grupo criminal para amplificar las falsas narrativas que construyeron y replicaron sobre el sistema electoral brasileño, mediante la acción mantenida entre Fernando Cerimedo y el resto de los miembros de la banda».
El texto de la Suprema Corte agrega que «la cronología de los hechos presentados demuestra que los investigados utilizaron, de manera coordinada, diversos medios para difundir información falsa sobre el proceso electoral brasileño. Como se explicó anteriormente, el material que presenta falsas vulnerabilidades en las máquinas de votación electrónica producidas antes de 2020, elaboradas por el grupo, incluso con la ayuda de lo que Mauro Cid llamó «nuestra gente», refiriéndose a expertos en el campo de TI (incluidos los piratas informáticos)».
Siguiendo la estrategia de difusión multicanal, los investigados reenviaron el contenido al argentino Fernando Cerimedo quien difundió el material falso en una transmisión en vivo realizada el 04/11/2022. El contenido en vivo fue resumido y difundido por varios miembros de la organización, incluido personal militar con el objetivo de eludir las órdenes judiciales de bloqueo, los investigados pusieron el contenido a disposición en servidores ubicados fuera del país.
«Siguiendo la estrategia de difusión multicanal, los investigados reenviaron el contenido al argentino Fernando Cerimedo quien difundió el material falso en una transmisión en vivo realizada el 04/11/2022. El contenido en vivo fue resumido y difundido por varios miembros de la organización, incluido personal militar con el objetivo de eludir las órdenes judiciales de bloqueo, los investigados pusieron el contenido a disposición en servidores ubicados fuera del país. También se identificó que el mismo contenido también figuraba en el documento denominado «bolsonaro min defensa 11.06- semifinal.docx», dirigido al general Paulo Sérgio Nogueira, entonces Ministro de Defensa y remitido por Mauro Cid al General Braga Netto, vía WhatsApp». concluye el texto.
Braga Netto fue ministro de Defensa y jefe de Gabinete de Bolsonaro y durante la crisis de la pandemia se convirtió en una suerte de presidente de hecho de Brasil, como representante del grupo de militares que sostenían a Bolsonaro.
Cerimedo es amigo de Eduardo Bolsonaro desde 2010, lo conoció en un curso de Durán Barba en Estados Unidos y organizó la visita a la Argentina del menor de los Bolsonaro. Cerimedo trabajó codo a codo en la campaña de Milei con otro ex pupilo de Duran Barba, el consultor Santiago Caputo, ahora principal asesor político del presidente Milei.
La investigación en Brasil por el intento de golpe a Lula no es menor. Por primera vez en la historia hay militares de alto rango detenido por conspirar contra la democracia, algo que no ocurrió ni siquiera al finalizar la dictadura.
Por eso, como publicó en exclusivo LPO, las Fuerzas Armadas buscan abrir un canal de negociación con Lula para evitar más detenciones que pongan en riesgo la reputación de la institución militar. Ante eso, habrá monedas de cambio que podrían terminar tras las rejas si esto avanza, entre ellos Jair Bolsonaro y dos militares muy importantes como Braga Netto y Augusto Heleno.
La Subsecretaría de Relaciones Institucionales del Chubut, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales e Internacionales, informa que se encuentra abierta la convocatoria a becas de investigación Fulbright, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), las cuales se hallan destinadas a investigadores e investigadoras de universidades y otras instituciones académicas, científicas y profesionales de Argentina.
La presente convocatoria rige desde el 5 de enero hasta el 4 de febrero del corriente año, y se enmarca en el plan de trabajo que desde el 2020 viene llevando adelante el Consejo Federal de Inversiones en las provincias argentinas, para la formación de recursos humanos en temas estratégicos vinculados con el desarrollo.
En tal sentido, el Consejo Federal de Inversiones es una institución con más de 60 años de historia en nuestro país, en el año 2022 firmó un convenio con la Embajada de Estados Unidos para promover un programa de Becas que permita solventar estudios de postgrado e investigación para profesionales argentinos, quienes en caso de ser seleccionados tendrán la posibilidad de viajar y residir en Estados Unidos desde septiembre del 2024 hasta septiembre del 2025.
Al respecto, desde el Consejo Federal de Inversiones señalaron que la beca tiene como objetivo la formación y cooperación académica entre investigadores de ambos países, siendo que a la fecha ya han sido becados 56 profesionales de 18 provincias argentinas.
Por su parte, la Subsecretaría de Relaciones Institucionales del Chubut destacó que los temas de investigación que mayor interés suelen suscitar a la hora de aprobar una beca son aquellos que se focalizan en la innovación tecnológica aplicada a los principales sectores productivos; los sistemas de transporte y logística de cargas; las energías renovables; la protección del ambiente y el desarrollo sustentable; la gestión de recursos hídricos; la gestión de gobierno; el comercio exterior; y, finalmente, las relaciones internacionales, por mencionar algunos.
Además, el organismo provincial recordó también que resulta fundamental que los becados asuman el compromiso de que los estudios y las investigaciones realizadas sean posteriormente aplicados a sus respectivas provincias de origen.
Finalmente, las autoridades provinciales señalaron que desde el Gobierno siempre se va a apoyar e incentivar este tipo de políticas que implican un desarrollo profesional para investigadores argentinos, en la búsqueda de la revalorización de los recursos profesionales aplicados al desarrollo productivo y al crecimiento económico de todos los habitantes del país, y en particular de la provincia del Chubut.
Más información
Quienes se encuentren interesados en acceder a la convocatoria pueden consultar toda la información necesaria en la pestaña «Becas» de la página web www.fulbright.edu.ar
Una investigación científica desarrollada entre un total de 41 frutas y verduras determinó cuál es el alimento más saludable del mundo por su alto contenido de vitaminas y minerales.
Llevado adelante por científicos de la Universidad William Paterson de Estados Unidos, el estudio -llamado Defining Powerhouse Fruits and Vegetables: A Nutrient Density Approach- dio un puntaje de 100 sobre 100 al berro: el alimento más saludable del mundo por su aporte de vitaminas y minerales.
¿Qué nutrientes midió la investigación científica sobre el berro?
El estudio analizó 41 frutas y verduras basado en la densidad de nutrientes que aportaban para una dieta de 2.000 calorías diarias. En total, se detuvieron en 17 nutrientes esenciales: potasio, fibra, proteínas, calcio, hierro, tiamina, riboflavina, niacina, ácido fólico, zinc y vitaminas A, B6, B12, C, D, E y K.
El berro, un vegetal noble de hojas pequeñas y tallos delgados crece de forma silvestre en aguas estancadas o con poca corriente, en manantiales, arroyos y orillas de los ríos. A pesar de sus atributos, no es incluido usualmente en la dieta de los argentinos.
Berro: las propiedades del alimento más saludable
En nuestro país, el berro se cultiva mayormente en el cordón verde de Mendoza. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España enumera sus propiedades.
Alto aporte de hierro: sólo 100 gramos de berro aporta 3 mg de hierro, un poco más de lo que aportan 100 gr de carne.
Elevado aporte de vitamina C: 100 g de berro cubren el 38% de las ingestas diarias recomendadas de esta vitamina para hombres y mujeres de 20 a 39 años con actividad física moderada.
Antioxidante: ayuda a prevenir el estrés oxidativo que sufren las células del cuerpo con el paso del tiempo.
Fuente de calcio, vitamina A, folatos, tiamina, vitamina E.
Bajo en calorías.
Por estas características, el berro se incluye en el grupo de los conocidos «super alimentos». La Organización Mundial de la Salud define a los super alimentos como aquellos que nunca deberían faltar en la dieta por ser ricos en vitaminas, antioxidantes o grasas saludables.
La jueza de Rawson, Karina Breckle, abrió la investigación contra siete funcionarios públicos y dos empresarios por presuntos negociados y direccionamientos al momento de realizar obras de reparación en distintas escuelas de Chubut. La causa se originó a partir del escape de monóxido de carbono en una escuela de El Maitén.
De acuerdo con la información brindada por el área de Prensa del Ministerio Público Fiscal de Chubut, los funcionarios públicos imputados son Edgardo Campos, Mónica Martínez Carpio, Maximiliano García, Rocío Silva, Leonardo Chacón y Claudio Márquez, quienes se desempeñan en el Ministerio de Infraestructura y en el Ministerio de Educación. Además, fueron imputados los empresarios Osvaldo Ponce de León y Juan Cottet, ambos de la ciudad de Esquel.
Para los funcionarios provinciales la imputación es la de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público en carácter de coautores. Para los empresarios Ponce de León y Cottet, la imputación es en calidad de cómplices primarios.
El agraviado es el Estado provincial y se estima un perjuicio por una suma superior a los 20 millones de pesos. Se investigan 15 delitos acerca de cómo fue el ardid que apuntaba a direccionar las obras, simulando falsos concursos de precios para ejecutarlas.
La denuncia fue realizada por el gobernador Mariano Arcioni, luego de un escape de monóxido de carbono en la escuela de Buenos Aires Chico, en la localidad de El Maitén, que afectó la salud de 58 alumnos, algunos de los cuales debieron ser hospitalizados.
La denuncia efectuada por los padres de los niños afectados en El Maitén está cargo de la Fiscalía de Lago Puelo. Mientras que las irregularidades detectadas en la reparación de la caldera que produjo el escape y que reveló irregularidades en otros establecimientos educativos del interior provincial, está a cargo del fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública, Omar Rodríguez.
La maniobra
El fiscal describió el modus operandi se realizó a partir de instrumentos legales como la contratación directa en función del monto de la contratación. Se seleccionaba “de manera arbitraria y discrecional quien era el proveedor del trabajo de refacción, esto fruto del acuerdo previo al margen de la ley”.
Rodríguez detalló que dicha maniobra “no responde a la idoneidad del elegido, sino que las razones están dadas por otras causas, como lo son la amistad, la devolución de favores de campaña, el lobby de personas influyentes en los funcionarios con toma de decisión, etcétera.”
El fiscal explicó: “se cursaban invitaciones vía mail, generalmente a tres proveedores para que coticen. La otra forma era el firmado de una planilla que se agrega al expediente administrativo, la cual se encuentra en la repartición donde se hace el llamado, y resulta demostrativa de que el proveedor ha sido invitado a cotizar”.
Agregó: “las invitaciones a cotizar en estos casos, no tienen por fin abrir un terreno propicio para generar competitividad en busca de mejores precios y de mejores productos para el Estado, sino que era utilizado para aparentar el cumplimiento de dicho extremo”.
Ese mecanismo de cursar invitaciones a distintos proveedores “buscó encubrir un direccionamiento en la contratación para beneficio de un tercero, y a su vez, cubrir la responsabilidad funcional. En definitiva, darle apariencia de legalidad”, puntualizó Rodríguez.
Por eso, los funcionarios “invitaban a proveedores que sabían de antemano que no iban a presentar cotizaciones, dejando vía libre al candidato seleccionado a quedarse con la que aparecía como único oferente. Y claro está, su oferta siempre resultaba económicamente la más conveniente”.
Firmas falsas
Según el planteamiento de la Fiscalía, detectaron que en varias de las obras de refacciones “se iniciaban sin ningún tipo de respaldo documental. Se disponía que el contratista comience la obra y luego se armaba el expediente, acomodando las fechas y los distintos actos administrativos para darle apariencia de legalidad a la documentación obrante en los mismos, para luego la autoridad competente autorizar la contratación directa en función de lo actuado”, analizó el fiscal del caso.
El acusador público graficó que en el modus operandi el proveedor confeccionaba los presupuestos de las obras, es decir, el contratista “hacía el relevamiento, confeccionaba la memoria descriptiva con los trabajos a ejecutar y fijaba el monto que se iba a convertir en el presupuesto oficial, sobre ese monto que había fijado el propio proveedor, hacía la oferta incrementando el porcentaje dinerario”.
Causa compleja
Los defensores Gladys Olavarría, Miguel Moyano, Romano Cominetti, Hugo Cansino y Nelly García coincidieron en que la descripción de los delitos fue “confusa e imprecisa” y que “no tenemos en claro de que nos tenemos que defender”, afirmó Cominetti. También cuestionaron la cifra de dinero estimada por el fiscal producto de las maniobras ilegales de contratación. Y la defensora Olavarría cuestionó la calificación de los delitos.
Para el fiscal el prejuicio final surgirá de la investigación y que “en las maniobras de direccionamiento no hace falta determinar el monto. Lo que hace falta es probar que sí existió un perjuicio”.
La jueza relativizó las observaciones de los defensores y consideró que la causa sea tratada como compleja. Por ello, los fiscales tienen el plazo de un año para avanzar en la investigación y presentar la acusación.
Los primeros pasos de la investigación penal abierta en relación a la muerte de RodrigoFonseca, el operario de 39 años que perdió la vida el lunes último cuando se realizaba una maniobra de prueba hidráulica con una manguera de 500 kilogramos de peso, apuntan a establecer si los procedimientos seguidos en la maniobra se ajustaron a normas de seguridad establecidas para ese tipo de tareas.
La causa es investigada por la fiscal AndreaRubio, mientras que el análisis se vincula a algún tipo de de figura culposa que pudo haberse configurado si es que había normas o elementos de seguridad que no se cumplieron, o si sólo se trató de una fatalidad.
Aunque el dirigente petrolero Jorge Avila cuestionó que la operación se hubiera realizado en la base de NovaDrill y no en el campo, como una forma de abaratar costos, según planteó el dirigente.
En la fiscalía dijeron que ese tipo de cuestionamiento excede lo que puede verificarse en el ámbito penal.
“Escuchamos lo que dijo Avila, pero ese tipo de temas puede vincularse a otro ámbito de discusión, como puede ser la justicia civil o las aseguradoras de riesgos –dijeron fuentes cercanas a la investigación-. Lo que nosotros estamos analizando es solamente cómo se tiene que realizar este tipo de maniobras, si los elementos utilizados son los necesarios y si se cumplieron con normas de seguridad”.
LA MANGUERA SE DESLIZÓ CON LENTITUD DESDE EL SAMPING
Por lo observado en el video que dejó registrado el doloroso hecho, la manguera metálica, de media tonelada de peso, había sido levantada por un samping autoelevador, que había elevado el pesado instrumento hasta 2 metros de altura para realizar las pruebas.
“En la imagen se ve el samping detenido frente al portón de ingreso al galpón de la empresa y hay unas mangueras o cables en el piso, entonces el trabajador se acerca para levantar esos elementos que estaban en la entrada y se observa la sombra de la manguera que empieza a deslizarse –relataron las fuentes consultadas-. Un minuto antes había pasado otro operario por el mismo lugar”.
Se apunta a determinar si la manguera tenía los elementos de sujeción necesarios para evitar ese deslizamiento, o si la uña del samping debería haber contado con algún grado de inclinación para prevenir la caída, entre otros procedimientos que se busca determinar.
“La otra duda que tenemos es si está bien que esto se opere con un samping o si debería haberse utilizado una grúa”, se indicó, a modo de ejemplo, en torno a los elementos que buscan dilucidarse de cara la investigación penal.
Así lo aseguró el fiscal jefe, Marcelo Crettón, al señalar que se sigue trabajando en la zona donde se encontraron varios elementos que le pertenecían al comodorense desaparecido en Rocas Coloradas. Además, dijo que continúa el trabajo de los buzos en esa zona. “No hubo nuevos hallazgos. Lo último reportado son las zapatillas y el mate”.
Hoy se cumplen 20 días de aquel 18 de febrero, cuando Diego Barría, un trabajador petrolero de 32 años y padre de dos niños, salió a pasear en su cuatriciclo por Rocas Coloradas.
Siete días después y en medio de su intensa búsqueda, parte de sus restos fueron encontrados en el interior de un cazón atrapado por pescadores.
Marcelo Crettón, fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, confirmó este jueves que la búsqueda sigue activa en la zona de Rocas Coloradas ante la posibilidad encontrar nuevas pruebas que permitan establecer qué sucedió con Diego Barría.
“No hubo nuevos hallazgos. Lo último reportado son las zapatillas y el mate”, precisó y señaló que de acuerdo a estos hallazgos, “presumimos que el cuerpo obviamente está en esas inmediaciones. Pero dependemos de la situación de las mareas y del factor climatológico, sobre todo el viento que es lo que más nos ha complicado la búsqueda con los buzos”.
El funcionario aclaró que “la participacion de terceros esta sujeto a pericias» y que se está cotejando el cuatriciclo, el casco, el caño de escapa, y el asiento que fue hallado a 13 km del lugar «para que nos acerquen si ha habido la intervención de un vehículo de mayor porte».
“Las hipótesis pueden ser variables y no se puede apresurar nada”, afirmó Crettón.
El exministro de Seguridad manejaba una camioneta oficial cuando atropelló a un ciclista en la Ruta 7, a la salida de Trelew. Fue imputado por “lesiones culposas graves”.
El Ministerio Público Fiscal, representado en la oportunidad por el fiscal general Fabián Moyano y la funcionaria de fiscalía Florencia Pallucchini imputaron al ex ministro de seguridad de la provincia Leonardo Das Neves por lesiones culposas graves y solicitaron la apertura de investigación en una audiencia que tuvo lugar esta mañana en sala de oficina judicial situada en tercer piso de los tribunales en Trelew.
De acuerdo a la imputación enunciada, el día 24 de marzo de 2022 a las 14,50 aproximadamente, Leonardo Fausto Das Neves conducía la SUV marca Ford modelo Territory, por la ruta provincial nro. 7 desde Trelew hacia Rawson a una velocidad que no se pudo determinar, cuando a unos 73,5 metros del mojón 11/7 transitó por la banquina, conduciendo así de manera desatenta, antirreglamentaria, negligente e imprudente, violando el deber de cuidado en el manejo del automotor. Ello motivó que no percibiera con la suficiente antelación y embistiera con la parte central del rodado la parte trasera de una bicicleta rodado 26 color gris conducida por Hugo César Gallardo, quien circulaba por la banquina en el mismo sentido de circulación, no percibiendo de ningún modo la presencia del ciclista.
A raíz de ello la bicicleta fue arrastrada por el vehículo luego de ser arrollada, cayendo asimismo Gallardo sobre el capot e impactando su nuca con el parabrisas, siendo desplazado unos 22 metros, lugar donde se desprendió la bicicleta de la carrocería tras ser arrollada, mientras Gallardo proseguía sobre el capot y parabrisas por 45 metros más, cayendo finalmente a la banquina, y luego se detiene el rodado a unos 9 metros de ese punto. A raíz de ello, Leonardo Das Neves le causó a Gallardo lesiones de politraumatismo, TEC grave con hematoma subdoral, fractura de base de cráneo y calota craneana, y neumoencéfalo, que pusieron en peligro su vida con inhabilitación laboral mayor a un mes y en principio de carácter graves, dejando constancia que del curso de la investigación se podrá acreditar que las mismas pudieran resultar ser en definitiva de carácter gravísimas, lo que depende de la evolución de las mismas y las secuelas que pudiera presentar la víctima.
La fiscalía informó que los hechos mencionados resultan provisoriamente calificados como constitutivos del delito de lesiones culposas graves, artículo 94 bis, primer párrafo del código penal. En función de las medidas de prueba que deberán realizarse se pidió el plazo de investigación legal de seis meses, en el que se estima prima facie podrían llevarse a cabo las diligencias probatorias restantes.
Tras esta presentación fiscal, el Juez Gustavo Castro dispuso la apertura de investigación correspondiente sin objeciones por parte de la defensa de Das Neves, ejercida por Andrés Meizner, y ante la presencia en la sala de familiares de la víctima.
