Una de las 26 propiedades que integran el Condominio de Máximo y Florencia Kirchner fue colocada a disposición del hijo de la vicepresidenta, después de un pedido específico de su defensa, en abril de este año. Pero el inmueble, que se encuentra bajo intervención judicial en una causa por lavado de dinero, se convirtió en objeto de una inesperada disputa con la interventora Raquel Moyano. ¿Cuál es la polémica? La casa había sido usurpada, luego fue robada y el jefe del bloque de diputados K pide que la Justicia se haga cargo de ese deterioro.
En lo formal, el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) no le entregó el manejo de la casa a los Kirchner, sino sólo el permiso para su uso con algunas exigencias. A raíz del marcado deterioro que dejó el último inquilino, el TOF 5 había ordenado a la interventora que se realicen las reparaciones necesarias. La pandemia impidió los trabajos y en las últimas semanas, “se registró un ingreso forzoso a la propiedad”. La defensa de Máximo denunció a la interventora por no haber cuidado la casa.
La propiedad se encuentra en Río Gallegos, capital santacruceña, sobre la calle 25 de mayo. Y se encuentra dentro de las 26 propiedades que conformaron en su momento la sucesión del ex presidente. Cuando ese proceso concluyó, se creó el Condominio Máximo y Florencia Kirchner. Para entonces, la actual vicepresidenta de la Nación había cedido en partes iguales todos sus bienes a sus hijos.
En el marco de las causas judiciales, en junio de 2017 se designó como interventora a Raquel Moyano. Su manejo de las propiedades de los Kirchner derivó en sendos reclamos por parte de la defensa de la familia. Algunos inmuebles nunca más lograron alquilarse -como el departamento que usaba Cristóbal López en Puerto Madero y unidades en Río Gallegos-, y hay hoteles que aún se mantienen cerrados. Incluso la Casa Patagónica Los Sauces sufrió un marcado deterioro y la Justicia autorizó a la familia a realizar las reparacionescorrespondientes para que su valor no decrezca.
Previo al inicio de la cuarentena por la pandemia del COVID19, el abogado Carlos Beraldi presentó un escrito en nombre del diputado nacional, donde pedía recuperar el manejo de una de las propiedades para su ex pareja e hijos. Se trata de un inmueble que se encontraba en alquiler, pero al recuperar su posesión también detectaron que estaba muy deteriorado.
La interventora informó que la casa muestra un “estado deplorable, producto de las actitudes propias de incivilidad del ex locatario, rayanas con lo delictual”. Un total de 31 fotos expusieron el daño que el inquilino realizó sobre aquella propiedad.
Sucedió que esa propiedad en lo formal contaba con un inquilino, pero en la realidad había quedado prácticamente “usurpada”. No se pagaba el alquiler y después de un reclamo judicial se consiguió la orden de desalojo.
Luego, la intervención ordenó realizar las reparaciones necesaria, “con el objeto de poner el aludido inmueble en condiciones”, pero informó que la situación que vive Santa Cruz con la cuarentena complicó todas las tareas de refacción.
En Río Gallegos nuevamente se encuentran en la Fase 1 del aislamiento obligatorio, con fuertes restricciones debido al último rebrote. En un escrito, la interventora informó que contrató una nueva empresa, que ya había hecho tareas en algunos inmuebles de los Kirchner en El Calafate, pero la cuarentena generó nuevas dificultades: “Nos informaron que al arribar a Río Gallegos, debían cumplir un período de aislamiento obligatorio de 14 días; razón por la cual, de momento la suscripta resolvió suspender dichos trabajos”.
Se sumó otro problema: pese a estar tapiada la vivienda, hubo un ingreso forzoso que se denunció en la comisaría de la capital santacruceña y devino en otra causa judicial. Esto produjo aún más daños en la casa.
Así, la defensa de Máximo se opuso a aceptar el inmueble sin las refacciones correspondientes. En el escrito presentado se indicó, que “no resulta posible aceptar la devolución del inmueble sito en la calle 25 de mayo en el estado ruinoso en que se encuentra”.
Al fundamentar esta medida, Beraldi cargó contra la interventora y dijo que hace ya más de tres años, “Máximo y Florencia Kirchner fueron despojados de todas las propiedades de las que resultan titulares” -entre ellas, el inmueble aludido- y que “el inmueble mencionado fue intrusado, no se cobraron alquileres por su uso y fue destrozado por su/s ocupante/s“.
Finalmente, se requirió en el mismo escrito que a la mayor brevedad se “refaccione el inmueble para luego ser restituido a sus legítimos propietarios en el estado que corresponde”, y Beraldi indicó que ante “los graves perjuicios irrogados, desde ya hacemos expresa reserva de iniciar las acciones legales pertinentes”. No será la primera vez que denuncien a Moyano, quien ya fue intimada por el tribunal para que “proceda -con carácter de muy urgente- a acondicionar la vivienda sita en la calle 25 de mayo de la ciudad de Río Gallegos, a efectos de proceder a su pronta restitución”, señaló El Comodorense.
