Este tipo de supuestas irregularidades quizás sea uno de los motivos por el que los patrulleros policiales en su mayoría, por increíble que parezca, no tendrían realizados los controles de la VTV (Verificación Técnica Vehicular), que consiste básicamente en un relevamiento íntegro que dictamina que un automotor se encuentra en plenas condiciones para andar circulando.
Pero cómo se van a atrever las autoridades a someter a las patrullas a esos controles si éstas estarían casi ensambladas de partes de otros vehículos, lo que constituiría gravísimos delitos donde se los podría involucrar a la plana mayor policial y hasta al ministro Federico Massoni en una supuesta mafia de intercambio y comercialización ilegal de autopartes.
La aparición de Massoni en este asunto no es casual, puesto a que este tipo de cuestiones guardaría estrecha vinculación con la operatoria desplegada por el PRONACOM (Programa Nacional de Compactación) en el 2019, en cuya delegación provincial se encontraba como titular Lucrecia Sotz, una mujer de alta confianza de Federico Massoni, que actualmente se encuentra al frente de la Dirección de Logística del Ministerio de Seguridad.
La tarea del PRONACOM era la disposición final de vehículos que integraban los coloquialmente denominados “cementerios de autos” en la provincia, en donde se encontraban rodados abandonados, desechados y también aquellos que fueron secuestrados por las fuerzas federales.
El programa tenía como objetivo tanto evitar la contaminación ferrosa de las carrocerías de rodados inservibles como además recuperar predios completamente abarrotados. Los vehículos iban a parar a máquinas de compactación para convertirse en chatarra. Esas máquinas empezaron a funcionar en 2019 y se ubicaron las primeras en Rada Tilly y sectores cercanos a Comodoro Rivadavia.
El problema es que el organismo fue señalado intensamente en esos años por fuentes de Fontana 50, como un verdadero paraíso de la corrupción policial donde se habría producido: intercambio de partes de vehículos para utilizarlos en otros, la comercialización ilegal de las piezas y hasta la desaparición de rodados vinculados al crimen organizado para eliminar indicios de investigaciones judiciales. Se cuenta de la posible existencia de una pornográfica relación entre policías y delincuentes que habrían integrado una verdadera empresa de “compra-venta y servicios” en este oscuro mundo. Es por eso que se sospecha que muchos móviles policiales andarían circulando con partes de otros vehículos posiblemente negociadas en el entorno del PRONACOM. Por este motivo es que las autoridades policiales se negarían a someter a los patrulleros a los controles de la VTV.