El sacerdote Héctor Coñuel fue condenado este lunes pasado por el delito de abuso sexual agravado de una menor de edad entre los años 2011 y 2012 cuando profesaba como cura en la parroquia “Nuestra Señora de la Paz”, ubicada en la ciudad de Trelew.
No fue el único caso, ya que había sido condenado anteriormente por el mismo delito cometido en repetidas ocasiones contra un niño en el interior de una parroquia ubicada en Victorica, provincia de la Pampa.
Coñuel también abusó sexualmente de un menor de edad dentro de una combi de la congregación salesiana que circulaba por varias localidades del norte de nuestro país, pero pese a tener todos estos antecedentes cargando en sus espaldas continuó ejerciendo como ministro de culto de ciudad en ciudad.
En el año 2019 finalmente fue detenido por las autoridades en Neuquén, pues avanzó una acusación en su contra por delitos sexuales perpetrados en Trelew, Chubut. Así que fue trasladado a los estrados judiciales de nuestra provincia para ser juzgado.
¿Quiénes eligieron defenderlo? los abogados Martín Sebastián Castro y Rodrigo Miquelarena. El primero, abogado personal de Massoni y, empleado de Massoni (Es director General de Prevención del Delito del Ministerio de Seguridad). El segundo es el sobrino del procurador general Jorge Miquelarena, jefe de fiscales señalado como protector de los amigos del poder.
La condena judicial del sacerdote y el caso detallado fueron difundidos por varios medios de comunicación del país, llegando incluso hasta la provincia de Chaco, donde aparecen los nombres de Castro y Miquelarena en el contenido de los artículos periodísticos.
Así que después de los ridículos videos de Massoni y la corrupción en la administración pública, volvemos a ser vergüenza nacional al resultar que empleados y amigos del gobierno provincial defienden a un cura violador.
Conforman la pata judicial de la mesa chica del poder, del que no nos podemos olvidar de otro peón indispensable, el fiscal general Fernando Rivarola, aquel autor intelectual de la frase “desahogo sexual” para explicar la conducta de los jóvenes miembros de “la manada” al presuntamente violar a una chica durante una fiesta, que tuvo lugar en Playa Unión en el año 2012.
Fiscal Fernando Rivarola
Esa frase la expresó para fundamentar un rebaje de acusación, porque debemos acordarnos que en un principio, a los jóvenes involucrados se los había imputado por “abuso carnal gravemente ultrajante”, una figura que iba a significar penas muy duras para los implicados; pero el fiscal Rivarola decidió que no era tan grave lo que habría pasado, así que decidió llevar la imputación a “abuso simple”, lo que iba a corresponder una pena más leve, explicando que se trató tan solo de un “desahogo sexual” la supuesta violación en banda que tuvo que padecer la joven víctima de 16 años.
Por supuesto que fue algo que cayó muy mal al nivel nacional, en lo que respecta a que no existió medio de comunicación en el país que no haya dedicado articulo criticando duramente la expresión del funcionario. Aunque nos quedamos cortos con hablar de “repercusión nacional”, ya que medios internacionales también se hicieron eco de la información, ejemplo de ello fue el diario español “El País”.
Luego, se tejió una hipótesis para nada descabellada: Rivarola estaba intentando beneficiar a “La Manada”; lejos de investigarlos como cualquier fiscal, estaba oficiando de abogado defensor de ellos. Pero ¿Por qué? Aparentemente porque los acusados integran un sector de la alta sociedad chubutense respetado por el poder público debido a la influencia de sus apellidos.
En su momento hasta el ministro de Seguridad Federico Massoni salió a criticarlo duramente y advirtiendo que iban a tomar medidas desde gobierno. Pero Rivarola terminó siendo empleado del mismo Massoni al tiempo, ya que formó parte, el año pasado, del grupo de capacitadores del Ministerio de Seguridad.
El caso del cura violador fue un manjar mediático al nivel nacional por diferentes portales periodísticos del país. Y la verdad que a un “plato gourmet” de corrupción como el que representaría el gobierno de nuestra provincia en todos los confines de la administración pública, para los medios de comunicación nacionales creemos que es un ingrediente que combina perfecto el hecho de que los abogados defensores del cura violador son justamente o empleados del gobierno o amigos del gobierno.
Los defensores del cura violador
Rodrigo Miquelarena, sobrino del procurador y jefe de fiscales Jorge Miquelarena (derecha), señalado por proteger a “amigotes” poderosos del gobierno.
Martín Sebastián Castro, conocido por ser abogado personal de Massoni, pero además… también empleado de éste, puesto a que se desempeña como director general de Prevención del Delito y también trabaja en la Policía del Chubut. Descartando el dinero que recibe de Massoni en la faz privada, está cobrando $197.472 del estado.
¿Hasta dónde estarían dispuestos a investigar los fiscales a un sujeto que es defendido por el sobrino del jefe de los fiscales? No lo sabemos a ciencia cierta, pero que es algo que nos hace bastante ruido también.
De todas maneras, afortunadamente la influencia del procurador general Miquelarena no habría sido suficiente en este caso, el cura abusador al fin y al cabo fue declarado culpable, y eso se puede deber a que entendieron en la causa los jueces, quizás, más imparciales de la provincia y que no estarían contaminados por el poder ejecutivo: Marcelo Nieto Di Biase, Mirta del Valle Moreno y María Tolomei.
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