La Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial del Chubut pidió públicamente, apenas juraron los nuevos cuatro ministros del Superior Tribunal de Justicia, que «tengan el gesto ético» de supeditar su asunción «hasta tanto se compruebe la existencia o inexistencia de delitos en la actuación legislativa del 15 de diciembre», atento a declaraciones vertidas por el procurador general del Chubut, Jorge Miquelarena, que sugiere la comisión de delitos «de uno y otro lado» al momento de sancionarse además la ley de zonificación, que fue derogada con posterioridad por el gobernador Mariano Arcioni. La institución entiende que no se respetó la Ley V N.º 152 que establece criterios para el nombramiento de los jueces.
Daniel Báez, Ricardo Napolitani, Camila Banfi Saavedra y Silvia Bustos juraron como jueces del Superior Tribunal de Justicia, dos días antes de la Nochebuena, con posterioridad a sortear el cuestionario de los diputados provinciales en la sesión del 15 de diciembre. Cumplida ese encuentro legislativo de carácter especial, los legisladores avanzaron con la zonificación en una sesión ordinaria diagramada inmediatamente, previa conformación de comisión.
Con posterioridad a ese acto parlamentario se suscitaron continuas manifestaciones violentas en rechazo a la zonificación, lo que motivó el avance de una investigación por parte de una unidad fiscal especial, instrumentada por Miquelarena.
A partir de esos sucesos, y considerando las obligaciones establecidas en el Código Iberoamericano de Etica Judicial, desde la asociación judicial esperaban que las personas seleccionadas para acceder a la máxima magistratura provincial tengan el «gesto ético de supeditar la asunción en el cargo hasta tanto se compruebe la existencia o inexistencia de delitos en la actuación legislativa del 15/12/21, teniendo en cuenta -además-, que el proceso de selección no respetó la Ley V Nro. 152 y que se ignoraron numerosos cuestionamientos de organizaciones no gubernamentales respecto de las postulaciones», señalaron en el comunicado.
Lo expuesto responde a «preservar la legitimidad del Poder Judicial, por cierto muy cuestionada por toda la ciudadanía, y de velar para que el Superior Tribunal de Justicia no se vea impregnado de sospechas que, lamentablemente, subsistirán mientras no se dilucide qué fue lo que realmente ocurrió y las motivaciones por las que se tomaron determinadas decisiones».
«Contrariamente a ello, se decidió adelantar el acto de asunción de las/os designadas/os, acto cuya proyección es objetivamente histórica por ser la primera vez en sesenta años que asumirán dos mujeres, sin dimensionar el alto valor simbólico que tal circunstancia tiene para la lucha por la igualdad de la mujer, tal como señaláramos en cada pronunciamiento de esta Asociación a favor de la paridad de género en el Alto Tribunal», esgrimieron.
Y concluyeron: «Con la asunción de estas personas, seleccionadas en virtud de un acuerdo político confirmado en la cuestionada jornada legislativa, se configurará un cuadro de grave afectación a la independencia interna y externa del Poder Judicial con relación a tales investigaciones, situación cuya denuncia constituye un deber inexcusable de esta asociación en la defensa del sistema republicano de gobierno».
