El nuevo año arranca con ajustes en el gasto público. Sin los ingresos extraordinarios que percibió a lo largo de 2021 –entre ellos, lo recaudado por el impuesto a la riqueza-, el gobierno de Alberto Fernández se vio obligado a disponer fuertes recortes en distintas partidas presupuestarias, incluso las más sensibles como las del gasto social.
La magnitud del ajuste totaliza casi $225.000 millones según detalla el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). En dicho informe se analiza la Decisión Administrativa 4 que dictó el Poder Ejecutivo la semana pasada, por la cual distribuyó los recursos y los créditos correspondiente a la prórroga del presupuesto 2021, luego que el Congreso rechazara en diciembre pasado el proyecto de presupuesto que enviara el Poder Ejecutivo para este año.
En aquella decisión administrativa, el Ministerio de Economía admitió que en 2022 caerán los ingresos totales en poco más de $627.000 millones. Esto obedece, en primer lugar, a que ya no contará con los ingresos extraordinarios que percibió el año pasado, entre ellos los Derechos Especiales de Giro (DEG) por $422.174 millones que recibió la Argentina de acuerdo a su cuota de participación en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Dicho monto fue eliminado del rubro transferencias corrientes de organismos internacionales, como así también de las aplicaciones financieras.
Además, el ministerio que conduce Martín Guzmán también eliminó del rubro ingresos otros $204.640 millones provenientes del llamado “aporte extraordinario y solidario” -conocido como el impuesto a la riqueza-, un gravamen de emergencia que impulsó el kirchnerismo en el Congreso por única vez en virtud de la pandemia. Dicho aporte fue afrontado por aquellos contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones.