Pasadas las 20.30 de ayer martes se concretó en el juzgado penal del barrio Roca la audiencia de control y apertura de la investigación en relación al hecho acontecido en Supervisión de Escuelas, en km. 3, que tiene como coimputados a Evangelina Arbe, Verónica Rosales, Lorena Rosales, José Parra y Eduardo Echeveste. El fiscal solicitó se declare legal su detención y se les formalice el hecho en su contra bajo la calificación provisoria de «atentado contra la autoridad doblemente agravado y lesiones». Por su parte la defensa se opuso a la formalización y objetó la calificación legal imputada.
El hecho investigado
En un primer momento el fiscal Ariel Corredera se refirió brevemente al hecho a investigar: el 2 de junio del presente año, siendo aproximadamente las 10.00 horas, un grupo compuesto por unas 70 personas, integrantes del gremio ATE, liderados por Verónica Rosales, secretaria general del mismo, y Eduardo Echeveste, e integrado por Evangelina Arbe, Lorena Rosales y José Parra, se hicieron presentes en sede de Supervisión de Escuelas de km. 3, efectuando una manifestación en la parte exterior del edificio vinculada a reclamos salariales y paritarias.
Según la acusación fiscal, siendo aproximadamente las 11.15 horas las personas denunciadas, arengadas por Verónica Rosales y Eduardo Echeveste, comenzaron a intentar ingresar forzosamente al edificio, desplazando las vallas de seguridad allí colocadas, siendo ello impedido por personal de custodia del lugar. No obstante, los antes nombrados comenzaron a patear la puerta de ingreso provocando su destrucción total y a romper vidrios con palos y piedras que arrojaban desde afuera, empujando a personal policial y arrojando golpes de puño y objetos contra los actuantes, logrando acceder finalmente a la planta baja del edificio donde provocaron también la rotura de una puerta que conecta con la escalera. Finalmente, personal policial actuante provocó la aprehensión de las personas antes mencionadas. Como consecuencia de los hechos, cuatro efectivos policiales presentaron, prima facie, lesiones leves.
La fiscalía calificó provisoriamente el hecho como «atentado contra la autoridad doblemente agravado por ser cometido por más de tres personas y por haber puesto manos en la autoridad, en concurso ideal con lesiones leves», en calidad de coautores para los 5 imputados. El fiscal Corredera solicitó además medidas sustitutivas para los coimputados, de prohibición de acercarse al edificio de Supervisión en km. 3, por el tiempo que dure la investigación.
La postura de la defensa
La defensa particular de los detenidos, ejercida por Alicia Dramesino, sostuvo que «el plexo probatorio no alcanza para sostener la calificación solicitada» y que la fiscalía «no fue clara respecto de qué acción se atribuye a cada uno de los imputados». «No es la primera vez que ante un reclamo de un gremio resulte gente lesionada, se rompen cosas, no fue un acto configurativo de un delito, sino que fue una consecuencia de una manifestación, que ante la presencia policial generalmente en estos casos tiende a reprimir a los manifestantes», agregó la defensa, objetando la calificación y los hechos y solicitando no se haga lugar a la formalización.
La decisión del juez
Para concluir, el juez penal Alejandro Soñis resolvió autorizar la apertura de la investigación preparatoria del caso, dando por anoticiados a los 5 imputados del hecho y la calificación legal que se investiga en su contra y por asegurada su defensa técnica. El magistrado coincidió en que «el derecho a manifestarse es constitucional y legítimo, pero lo que no se puede naturalizar es que haya violencia o daños en este tipo de reclamos, ni por parte de los que piden, ni por parte de los que deben cuidar».
El juez otorgó a la fiscalía el plazo de 6 meses para culminar con la investigación, declaró legal la detención de los 5 imputados y dispuso su libertad. Finalmente dictó la prohibición de acercamiento al edificio de Supervisión para todos los imputados.
Cabe recordar que el pasado 2 de junio, los incidentes en la Supervisión de Escuelas de km. 3 generaron conmoción en la ciudad, con detenciones que fueron liberadas posteriormente y una fuerte repercusión política y gremial. El Ministerio de Educación también anunció acciones legales contra los manifestantes.