La causa tiene a la exministra y diputada provincial como principal imputada. Habló durante dos horas y media. Otros seis imputados fueron sobreseídos.
En la audiencia preliminar al juicio por la causa “Ñoquis Calientes” iniciada este miércoles en la Oficina Judicial de Rawson, se escuchó durante dos horas y media a Cecilia Torres Otarola, ex diputada provincial y Ministra de Familia de la provincia.
También ejercieron ese derecho otros dos imputados, Marcelo Neira y Carlos Cundari. En este marco, seis imputados fueron sobreseídos a pedido del fiscal Omar Rodriguez.
El fiscal general Omar Rodriguez ahora evaluará los dichos de los tres imputados, especialmente de Torres Otarola, considerada por la jueza Ivana González como “la principal imputada, ya que de ella se desprenden las demás imputaciones”.
La causa tiene a la exministra y diputada provincial Torres Otarola como imputada, junto a otras ocho personas allegadas a ella de manera directa o indirecta. Se cree que todos tuvieron que ver con los ilícitos investigados.
Como conclusión de esta audiencia preliminar que aún no ha concluido, la jueza de garantías González será quien deberá resolver si la investigación cumple con todos los requisitos legales para los imputados sean sometidos a juicio oral.
El caso que fue considerado “complejo” y es en la etapa de la audiencia preliminar, “el filtro para considerar las pruebas, las imputaciones y el listado de imputados”.
Seis sobreseimientos
La causa está caratulada como “Cecilia Torres Otarola y otros, presunto fraude a la administración pública”. Además de Otarola, fueron procesados oportunamente Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Carlos Antonio Cundari, Miguel Angel Reto Trelles, Silvana Adriana Cañumil, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino.
Los dichos de Torres Otarola
Torres Otarola destacó la confianza y fidelidad de su equipo de trabajo en alusión al resto de los imputados “a los cuales volvería a elegir”, negando los hechos ilegales que se le endilgan.
También se refirió a aspectos vinculados con su patrimonio, los gastos de personales que significa su militancia en política, su profesión de terapista ocupacional que desempeñaba en la salud pública, en la localidad de Trevelin, la legalidad de la designación de sus asesores, y el rol de la totalidad del resto de los diputados que oportunamente dieron el visto bueno.
Al referirse al origen de la denuncia en su contra, no dudó en contar cuestiones relacionadas con su vida íntima y privada, a la vez que cuestionó a la fiscalía “por realizar una acusación solo basada en lo moral, cuando solo debió tener en cuenta si se está o no dentro o fuera de la Ley”.
Destacó que todas las designaciones que realizó tenían la firma del Gobernador y fueron avaladas por las respectivas asesorías legales.
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