La justicia concedió el aval a una medida cautelar promovida por el Ministerio de Salud, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, estableciendo que las empresas de medicina prepaga deben ajustar sus incrementos tarifarios a la tasa de inflación. El Juzgado Civil y Comercial Federal N°3, bajo la dirección del juez Juan Rafael Stinco, ratificó esta disposición, anulando cualquier aumento de tarifas desde el 1 de diciembre en adelante.
Las prepagas están obligadas a revertir sus tarifas a los valores del 1 de diciembre de 2023, ajustando cualquier incremento futuro al índice de inflación que publica el INDEC.
Adicionalmente, el juez Stinco decretó que cualquier cantidad pagada de más por los usuarios debe convertirse en un crédito a su favor. Para esto, se les ha dado un plazo de cinco días a las empresas de medicina prepaga para que presenten un plan detallando el procedimiento para la devolución de estos excesos.
Esta decisión afecta directamente a 23 compañías incluidas en la medida cautelar de la Superintendencia, las cuales representan el 95% del mercado de usuarios de servicios de medicina prepaga.
